Jorge Javier Romero Vadillo
El desprecio por los derechos fundamentales y el debido proceso entre buena parte de la sociedad mexicana.
No sin cierta ingenuidad, hubo quienes pensamos que la proclamada ciudadanización de la alianza política podía llevar a un proceso de debate abierto, que incluso llegara a procesar la selección las principales candidaturas de manera abierta a personas no militantes en la política partidista, al tiempo que elaboraba una agenda viable de propuestas legislativas y de política para avanzar en la construcción de una democracia constitucional sólida y un Estado de derechos y de bienestar. La cantinela de la fórmula "cambio de régimen" hacía esperar que al menos se abrieran a una discusión pública sobre los que debería contener una propuesta de tal envergadura.
La tarea formal de la vieja contaduría de revisar la cuenta pública se realizaba rutinariamente y sin sobresaltos, pues era obvio que nunca iban unos legisladores cuya carrera dependía de la lealtad y la disciplina mostradas al presidente de la República a reprobar la manera en la que era ejercido el presupuesto que la cámara baja aprobaba, pero era gastado de manera discrecional por las dependencias del ejecutivo, con desvíos de todo tipo, ya fuera para satisfacer necesidades políticas de coyuntura, o para acabar con las miserias de los funcionarios públicos a cargo de los dineros, siempre y cuando lo hicieran sin romper la disciplina debida al señor del gran poder en cuyo nombre gastaban.
El gobierno federal tampoco ha hecho su tarea. Durante este sexenio, a punto de periclitar, se dejó de fortalecer a la Policía Federal, la cual ni creció lo necesario ni continuó con los procesos de profesionalización que, bien o mal, si impulsó el gobierno de Calderón. El proyecto de fortalecer a la PF con una gendarmería especializada en el control territorial se quedó en una división de apenas cuatro mil elementos. El gobierno de Peña Nieto decidió también trasladar sus responsabilidades y ha echado mano en exceso del ejército y la marina, al grado de sobrecargarlos de tareas para la cuales no están capacitados, por lo que las hacen con el entrenamiento que tienen y de ahí que sean conspicuas sus actuaciones claramente violatorias de los derechos humanos.
Con el buen fin llegó la oferta de las malas plataformas electorales, típicos saldos ilegibles que presentan los partidos para salir al paso y cumplir una obligación legal. Casi siempre se trata de pegotes hechos a varias manos, pero sin concierto alguno, sin hilo conductor y, sobre todo, sin proyecto coherente que articule sus listados de propuestas no pocas veces contradictorias entre sí. Por lo demás, se trata de documentos irrelevantes a la hora de definir el voto ciudadano, en buena medida porque con excepción de algunos académicos, unos pocos periodistas y uno que otro elector obsesivo nadie las lee.
Bully comente un Estado que por omisión o por acción ha llevado al país a una tasa de homicidios de alrededor de 24 por cada cien mil habitantes.
El catálogo de productos de la temporada electoral recién abierta ofrece reciclaje de viejas fórmulas y un nuevo producto: la confluencia de tres de los partidos del régimen del 96 en un Frente Ciudadano con intenciones de registrarse como coalición electoral dentro de unas cuantas semanas.
Con las reglas vigentes se privilegia a los grupos de intermediarios con clientelas, por lo que los únicos partidos que pueden cumplir con los requisitos son aquellos organizados a imagen y semejanza del PRI.
La Fiscalía no puede ser una moneda de cambio en el mercado político y el nuevo Fiscal no puede ser alguien con compromisos partidarios evidentes.
La debacle electoral de 2012 y la pérdida de una identidad coherente ha llevado al PAN a la crisis en la que ahora se encuentra.
A diez años de su puesta en marcha, primero con los estatutos de autonomía de las comunidades históricas, con un fundamento constitucional específico que se extendió a Andalucía, y después con el surgimiento de las demás comunidades con base en otro artículo de la misma Constitución, el estado de las autonomías parecía todo un éxito, ensombrecido sin embargo por el radicalismo criminal de ETA, que asesinaba a mansalva en nombre de la independencia de Euskadi. A pesar del terrorismo fanático, en 1988 el futuro se miraba con optimismo y España parecía florecer como una democracia moderna que se reconocía cultural y lingüísticamente plural y precisamente gracias a esa diversidad se pensaba fuerte y rica.
La conmoción provocada por los grandes temblores de septiembre ha desatado la santa indignación popular contra los malvados políticos que medran gracias a los impuestos que los buenos ciudadanos pagan sin chistar. El anti estatismo imperante en la ideología empresarial –lo mismo que, paradójicamente, en buena parte de los propios políticos que se compraron el […]
Un par de horas antes del terremoto del martes, Miguel Mancera se llenaba la boca al decir que la Ciudad de México era ahora mucho más "resiliente" –terminajo de moda– que cuando los sismos de 1985. Sin embargo, apenas minutos después la ciudad se hundía en el caos, sin que se viera a la policía resolviendo los atascos ni a las brigadas de protección civil llegando las primeras a los edificios colapsados donde, como entonces, fue la respuesta espontánea de voluntarios la que comenzó a hacerse sentir para poner manos a la obra en el rescate.
Otro tema central del diseño institucional necesario para el nuevo órgano es el diseño de las reglas de funcionamiento del cuerpo de investigación de los delitos asociado a la fiscalía, en sustitución de la periclitada policía judicial, trasmutada en Agencia Federal de Investigación y después en Policía Federal Ministerial.
El PRI ve aumentar día a día su desprestigio y busca a la desesperada protegerse las espaldas. El PAN se parte en la lucha intestina por seguir siendo medianamente relevante, después de sus fracasos gubernamentales.
Las procuradurías, además, han tenido bajo sus órdenes a las policías judiciales, cuerpos de estructura cerrada, refractarios al escrutinio, disciplinados para obedecer las consignas políticas, pero extraordinariamente corruptos y poco capacitados técnicamente para la investigación seria de los delitos. Durante años, las policías judiciales ejercieron su tarea gracias a su entrelazamiento con las redes delincuenciales, con las que mantenían una relación de tolerancia respecto a los delitos menos violentos, a cambio de su colaboración para contener a aquellos de mayor impacto social. Se ha tratado de cuerpos especialistas en fabricar culpables, obtener confesiones bajo tortura, hacer detenciones arbitrarias, sembrar pruebas, extorsionar a los presuntos delincuentes y vender impunidad.