Jorge Javier Romero Vadillo
La Fiscalía no puede ser una moneda de cambio en el mercado político y el nuevo Fiscal no puede ser alguien con compromisos partidarios evidentes.
La debacle electoral de 2012 y la pérdida de una identidad coherente ha llevado al PAN a la crisis en la que ahora se encuentra.
A diez años de su puesta en marcha, primero con los estatutos de autonomía de las comunidades históricas, con un fundamento constitucional específico que se extendió a Andalucía, y después con el surgimiento de las demás comunidades con base en otro artículo de la misma Constitución, el estado de las autonomías parecía todo un éxito, ensombrecido sin embargo por el radicalismo criminal de ETA, que asesinaba a mansalva en nombre de la independencia de Euskadi. A pesar del terrorismo fanático, en 1988 el futuro se miraba con optimismo y España parecía florecer como una democracia moderna que se reconocía cultural y lingüísticamente plural y precisamente gracias a esa diversidad se pensaba fuerte y rica.
La conmoción provocada por los grandes temblores de septiembre ha desatado la santa indignación popular contra los malvados políticos que medran gracias a los impuestos que los buenos ciudadanos pagan sin chistar. El anti estatismo imperante en la ideología empresarial –lo mismo que, paradójicamente, en buena parte de los propios políticos que se compraron el […]
Un par de horas antes del terremoto del martes, Miguel Mancera se llenaba la boca al decir que la Ciudad de México era ahora mucho más “resiliente” –terminajo de moda– que cuando los sismos de 1985. Sin embargo, apenas minutos después la ciudad se hundía en el caos, sin que se viera a la policía resolviendo los atascos ni a las brigadas de protección civil llegando las primeras a los edificios colapsados donde, como entonces, fue la respuesta espontánea de voluntarios la que comenzó a hacerse sentir para poner manos a la obra en el rescate.
Otro tema central del diseño institucional necesario para el nuevo órgano es el diseño de las reglas de funcionamiento del cuerpo de investigación de los delitos asociado a la fiscalía, en sustitución de la periclitada policía judicial, trasmutada en Agencia Federal de Investigación y después en Policía Federal Ministerial.
El PRI ve aumentar día a día su desprestigio y busca a la desesperada protegerse las espaldas. El PAN se parte en la lucha intestina por seguir siendo medianamente relevante, después de sus fracasos gubernamentales.
Las procuradurías, además, han tenido bajo sus órdenes a las policías judiciales, cuerpos de estructura cerrada, refractarios al escrutinio, disciplinados para obedecer las consignas políticas, pero extraordinariamente corruptos y poco capacitados técnicamente para la investigación seria de los delitos. Durante años, las policías judiciales ejercieron su tarea gracias a su entrelazamiento con las redes delincuenciales, con las que mantenían una relación de tolerancia respecto a los delitos menos violentos, a cambio de su colaboración para contener a aquellos de mayor impacto social. Se ha tratado de cuerpos especialistas en fabricar culpables, obtener confesiones bajo tortura, hacer detenciones arbitrarias, sembrar pruebas, extorsionar a los presuntos delincuentes y vender impunidad.
El financiamiento de los partidos es mayúsculo, no cabe duda, y se ha convertido en un elemento deformador de las organizaciones políticas.
Resulta que la historia de éxito no se basaba en la innovación empresarial estratégica, sino en el muy viejo y transitado camino de compra de favores y protecciones particulares.
Más que un esfuerzo por presentar un proyecto amplio de cambio político, parece un intento desesperado de evitar el triunfo de AMLO y escapar de la irrelevancia.
La cantidad de recursos invertidos en las campañas son evidencia de la pertinacia de la moral patrimonial en el mapa mental de los políticos mexicanos. La obtención de un cargo es concebida como la captura de una parcela personal de rentas y de poder con la cual medrar. La política es generalmente concebida como una vía de ascenso económico y social y no como una vocación profesional de servicio. La apropiación privada de lo público es percibida como algo natural.
El primer IFE fue producto de un pacto entre el PRI y el PAN, pero no contaba con el consenso de la tercera fuerza en disputa por el poder, el recién nacido PRD, lo que impidió que las elecciones de 1991, a pesar de la contundencia de sus resultados, contaran con la aceptación de uno de los actores políticos relevantes del momento. La irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, en 1994, propició un acuerdo de emergencia, que buscaba la aquiescencia del PRD y su lealtad a las instituciones formales frente al estallido de violencia política. Entonces se renovó el consejo general, hasta entonces formado por “consejeros magistrados” y por única vez se nombraron unos “consejeros ciudadanos” producto del consenso entre los partidos pactantes.
Las sucesivas ampliaciones de la coalición de poder se dieron con base en la expansión del reparto de rentas. El pacto de 1946 se rompió cuando el Estado abusó de su capacidad de manipular los derechos de propiedad y expropió a algunos de sus antes protegidos, debido a la quiebra que enfrentaba por financiar el reparto clientelista con deuda externa. Cuando se cerró la llave del financiamiento auspiciado por la bonanza petrolera, se restringió sustancialmente la capacidad de comprar aquiescencia con parcelas burocráticas de control de rentas. Entonces se desgajó el monopolio y comenzó una conflictiva competencia electoral por el poder local entre los gajos desprendidos del antaño sólido tronco del PRI.
La estratificación social mexicana ha estado tradicionalmente vinculada al color de la piel: entre menos moreno, más alto el nivel socioeconómico. Los indios en la base de la pirámide.
La reforma del presidencialismo debería ser integral: segunda vuelta para elegir al Jefe del Estado, con facultades relevantes en política exterior, defensa y en el nombramiento de los integrantes de los órganos autónomos, pero con un Jefe de Gobierno responsable ante el Congreso de la Unión y con reelección sin cortapisas.