Jorge Javier Romero Vadillo
El lunes en Reforma Roberto Zamarripa lo decía bien: el PRI sobrevivirá a su debacle renaciendo en el resto de los partidos. La abrumadora mayoría del material memético de la política mexicana proviene del big bang priísta. Incluso el núcleo duro del PAN histórico desarrolló sus prácticas en el marco institucional del antiguo régimen y solo un puñado de históricos de la izquierda proviene de grupos excluidos del arreglo autoritario.
La fuerza política del SNTE, siempre fiel al PRI, se autonomizó cuando su dirigente rompió con el antiguo partido oficial, entonces en desgracia
Uno de los grandes problemas de la educación en México es que la catástrofe afecta incluso a las elites. No es necesario revisar los resultados de la prueba PISA –donde el diez por ciento más rico de la población mexicana obtiene resultados por debajo del promedio de la OCDE– para constatarlo.
Entonces el policía bajó a la fuerza el cristal de la ventana del auto, abrió la puerta, me esposó y me arrastró a la patrulla donde comenzó a pegarme con el tolete debajo de la oreja izquierda con violencia iracunda. Antes de perder el sentido llegué a preguntarle que por que me pegaba. Cuando recuperé el conocimiento estaba en un calabozo de la delegación Benito Juárez sin zapatos y ensangrentado. Pedí que me dejaran hacer una llamada y el personaje que recorría las celdas me dijo que eso sería cuando a él le diera la gana. Finalmente, a las diez de la mañana pude hacer la llamada a la que supuestamente tenía derecho.
El caso que ha presentado públicamente el gobernador de Chihuahua, en el que destapa una compleja trama para trasladar recursos del erario federal a las campañas electorales del PRI con la complicidad de su antecesor en el cargo, pero también de otros gobernadores, resulta a simple vista verosímil.
Meade se muestra aturullado: no sabe qué decir o cómo decirlo; es evidente su falta de oficio político, formado como está en los entretelones de la burocracia, donde lo que domina, en todo caso, es la politiquería. No ha sido capaz de esbozar un proyecto propio y no ha hecho otra cosa que lastrar su campaña con el apoyo de los sectores más retrógradas del partido que lo ha hecho suyo, como él mismo le pidió en el momento inicial de su postulación.
La única vez que López Obrador ha ocupado un cargo de gobierno, actuó con pragmatismo y usó los mecanismos del régimen patrimonial y el sistema de botín de la administración como cualquier otro político mexicano de los de siempre, aunque dicen que él personalmente no se enriqueció. Pero bien que usó el cargo para allegarle recursos a su primer intento de asalto a la presidencia. Lo más probable es que si en este tercer asalto logra ganar, su presidencia no sea nada excepcional, más allá de su retórica indigesta de predicador de pueblo.
La relación con la prensa se consolidó con base en incentivos institucionales e intercambios mutuamente provechosos, aunque no escritos.
El desprecio por los derechos fundamentales y el debido proceso entre buena parte de la sociedad mexicana.
No sin cierta ingenuidad, hubo quienes pensamos que la proclamada ciudadanización de la alianza política podía llevar a un proceso de debate abierto, que incluso llegara a procesar la selección las principales candidaturas de manera abierta a personas no militantes en la política partidista, al tiempo que elaboraba una agenda viable de propuestas legislativas y de política para avanzar en la construcción de una democracia constitucional sólida y un Estado de derechos y de bienestar. La cantinela de la fórmula “cambio de régimen” hacía esperar que al menos se abrieran a una discusión pública sobre los que debería contener una propuesta de tal envergadura.
La tarea formal de la vieja contaduría de revisar la cuenta pública se realizaba rutinariamente y sin sobresaltos, pues era obvio que nunca iban unos legisladores cuya carrera dependía de la lealtad y la disciplina mostradas al presidente de la República a reprobar la manera en la que era ejercido el presupuesto que la cámara baja aprobaba, pero era gastado de manera discrecional por las dependencias del ejecutivo, con desvíos de todo tipo, ya fuera para satisfacer necesidades políticas de coyuntura, o para acabar con las miserias de los funcionarios públicos a cargo de los dineros, siempre y cuando lo hicieran sin romper la disciplina debida al señor del gran poder en cuyo nombre gastaban.
El gobierno federal tampoco ha hecho su tarea. Durante este sexenio, a punto de periclitar, se dejó de fortalecer a la Policía Federal, la cual ni creció lo necesario ni continuó con los procesos de profesionalización que, bien o mal, si impulsó el gobierno de Calderón. El proyecto de fortalecer a la PF con una gendarmería especializada en el control territorial se quedó en una división de apenas cuatro mil elementos. El gobierno de Peña Nieto decidió también trasladar sus responsabilidades y ha echado mano en exceso del ejército y la marina, al grado de sobrecargarlos de tareas para la cuales no están capacitados, por lo que las hacen con el entrenamiento que tienen y de ahí que sean conspicuas sus actuaciones claramente violatorias de los derechos humanos.
Con el buen fin llegó la oferta de las malas plataformas electorales, típicos saldos ilegibles que presentan los partidos para salir al paso y cumplir una obligación legal. Casi siempre se trata de pegotes hechos a varias manos, pero sin concierto alguno, sin hilo conductor y, sobre todo, sin proyecto coherente que articule sus listados de propuestas no pocas veces contradictorias entre sí. Por lo demás, se trata de documentos irrelevantes a la hora de definir el voto ciudadano, en buena medida porque con excepción de algunos académicos, unos pocos periodistas y uno que otro elector obsesivo nadie las lee.
Bully comente un Estado que por omisión o por acción ha llevado al país a una tasa de homicidios de alrededor de 24 por cada cien mil habitantes.
El catálogo de productos de la temporada electoral recién abierta ofrece reciclaje de viejas fórmulas y un nuevo producto: la confluencia de tres de los partidos del régimen del 96 en un Frente Ciudadano con intenciones de registrarse como coalición electoral dentro de unas cuantas semanas.
Con las reglas vigentes se privilegia a los grupos de intermediarios con clientelas, por lo que los únicos partidos que pueden cumplir con los requisitos son aquellos organizados a imagen y semejanza del PRI.