Jorge Javier Romero Vadillo
Hace unos días, el 24 de noviembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se dirigió a las fuerzas armadas en una ceremonia diseñada a propósito para su presentación como próximo jefe supremo. Ahí desplegó una más de sus frecuentes lecciones de historia patria, esta vez dedicada específicamente a la trayectoria del ejército, para convocar a los marinos y soldados, en tanto que pueblo uniformado, a que lo sigan en su misión redentora contra el neoliberalismo, causante de todos los males de la nación, sobre todo de la violencia que atenaza a la sociedad mexicana, pues desde su llegada depredadora millones de mexicanos se han quedado sin otra opción que dedicarse a delinquir.
La próxima secretaria de Gobernación acaba de hacer un papelón, en el episodio "La Guardia Nacional" de la serie La cuarta transformación, escrita, dirigida y protagonizada por Andrés Manuel López Obrador, con doña Olga y Alfonso Durazo como secundarios de esta entrega de la primera temporada de las seis que sin interrupción nos esperan a los mexicanos, sin posibilidad de cambiar de canal y sin la virtud de la ficción, que suele no tener consecuencias fuera de nuestra mente en la vida cotidiana.
La mayoría de la gente sensata presumirá que el ex Presidente es inocente de esa gravísima acusación, en tanto que no surjan pruebas contundentes.
El próximo lunes comenzará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Se trata de resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el partido Movimiento Ciudadano contra un ordenamiento que institucionaliza, a pesar de lo establecido en los artículos 21 y 129 de la Constitución, la militarización de la seguridad pública, por más que se le trate de disfrazar con otro nombre.
Ayer fue un día que será efeméride. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró jurisprudencia con cinco sentencias de amparo donde su primera sala sostiene que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección y que, aunque ese derecho no es absoluto, por lo que el Estado puede regular el consumo de ciertas sustancias, las afectaciones que provoca la mariguana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.
En México pocas veces ha habido censura directa de los medios de comunicación. Durante los tiempos clásicos del régimen del PRI no hubo ni en las mesas de redacción ni en las cabinas de transmisión de radio o en los platós de televisión un censor oficial, como lo hubo, por ejemplo, durante el régimen de Franco en España. Aquí no era necesario: cada reportero, cada jefe de redacción, cada director de periódico o locutor sabía perfectamente qué podía decir y qué no. La ley protegía la libertad de prensa, pero los límites de esa libertad estaban claramente interiorizados por prácticamente todos los que ejercían alguna tarea de comunicación. Sin duda había marginales y recalcitrantes, lo mismo que sesudos críticos en publicaciones de nicho, pero el régimen tampoco los perseguía con asiduidad: sabía perfectamente el corto alcance de sus mensajes.
La incertidumbre que ha abierto la nueva coalición de poder en torno al tema educativo prueba no solo su falta de comprensión de la reforma constitucional de 2013 –las razones de política pública con las que se le justificó y respecto a las cuales habría que evaluarla– sino, sobre todo exhibe la falta de un proyecto propio que se haga cargo sin condescendencia del calamitoso estado en el que se encuentra la educación en México. El nuevo grupo hegemónico tiene toda la legitimidad para cuestionar los presupuestos mismos sobre los que se construyó "la mal llamada reforma educativa", pero a cambio tiene la obligación de exponer con claridad cual es su diagnóstico del problema, o convencernos de las razones por las cuales creen que no existe problema alguno. Y, por supuesto, es su obligación informarnos de qué es lo que pretenden hacer a cambio. Ser mayoría no exime de rendir cuentas ante los ciudadanos de las decisiones que toman.
Como se ven venir las cosas, en el tema educativo pueden acabar cumpliéndose los peores vaticinios. Si durante las últimas semanas al radical mensaje del presidente electo –que desde antes de la campaña electoral no se ha movido de su intención de cancelar la "mal llamada reforma educativa"– se le contrapusieron las posiciones más moderadas de Esteban Moctezuma, nominado para encabezar la SEP, quien además anunció el promisorio nombramiento de Gilberto Guevara Niebla como subsecretario, en el Congreso los representantes de MORENA se pintaron de guerra apenas tomaron posesión: el líder de los diputados del partido mayoritario, Mario Delgado, quien en otra de sus vidas políticas fue un entusiasta de la reforma constitucional e incluso votó a favor de la contrahecha Ley del Servicio Profesional Docente, en una muestra de total incongruencia anunció que de la reforma de 2013 no quedaría ni una coma, al tiempo que el presidente del Senado presentaba una iniciativa para borrar de un plumazo de la Constitución toda referencia al servicio profesional docente, a los concursos de ingreso y de promoción y a la evaluación, y otra senadora de MORENA incluso se iba contra el inciso d) de la fracción segunda del artículo tercero, donde se establece que la educación que imparta el Estado deberá ser de calidad.
Cincuenta años después de la tragedia de Tlaltelolco es imprescindible hacer una reflexión seria sobre el papel que el ejército mexicano ha jugado en la historia durante el último siglo, el de su existencia como entidad constitucional.
Esta semana se presentó en México el informe 2018 de la Comisión Global de Política de Drogas, grupo internacional de reflexión e incidencia en el que participan varios expresidentes o ex primeros ministros de diversos países de todos los continentes, junto con otros intelectuales relevantes, entre ellos dos premios Nobel, y que desde hace años ha trabajado para impulsar un cambio de paradigma en la manera en la que el mundo ha enfrentado el problema de las drogas durante los últimos cien años. Se trata del grupo más relevante entre los que proponen acabar con el prohibicionismo, por los múltiples males que les ha acarreado a los consumidores de sustancias, a las sociedades y a los Estados, para pasar a un modelo de regulación sensata que proteja la salud, reduzca los daños de los consumos más peligrosos y, sobre todo, deje atrás la terrible violencia homicida que provocan los mercados clandestinos cuando son perseguidos con fuerza estatal excesiva.
A un año del segundo terremoto más devastador de la historia de la ciudad de México, de manera más que oportuna, Ricardo Becerra y Carlos Flores han publicado un libro necesario para entender la manera en la que el gobierno y el legislativo de la Ciudad de México abordaron la emergencia y la reconstrucción.
Estoy leyendo Una novela Criminal, de Jorge Volpi. Novela sin ficción, documentada exhaustivamente, narra una historia que no por conocida deja de ser aterradora en sus detalles.
Reglas y prácticas que persisten porque forman parte del comportamiento aprendido y asumido como apropiado. Maneras de hacer las cosas arraigadas y que responden a trayectorias de largo plazo poco susceptibles de ser cambiadas a golpe de timón.
Desde antes de comenzar su campaña formal por la presidencia, López Obrador ha afirmado una y otra vez que cancelará la "mal llamada" reforma educativa.
El martes en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo la consulta temática sobre política de drogas de los Foros de Pacificación del País y la Reconciliación que ha organizado el próximo gobierno. Si bien el reparto de ponentes fue limitado y no se trató de una consulta, sino de una serie de exposiciones a invitación expresa, el sentido general de la jornada es halagüeño, pues por primera vez han imperado las posiciones liberalizadoras, sobre todo respecto a la mariguana, no solo entre los habituales promotores de la reforma de la política de drogas –que estuvieron representados por Amaya Ordorika, del colectivo Reverdeser, por Juan Machín y por Javier Mancera de Arrigunaga, de México Unido Contra la Delincuencia– sino también por los voceros de la próxima administración, tanto el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como también el próximo embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.
Desde la campaña electoral, el tema de la Fiscalía General de la República y su autonomía constitucional, decretada desde la reforma constitucional de enero de 2016, ha sido objeto de polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el ahora Presidente electo.