Jorge Javier Romero Vadillo
Por fin, una vez pasado el tercer debate entre los candidatos presidenciales, la campaña electoral ha entrado en su último tramo. Solo faltan los cierres y a estas alturas ya todo parece estar definido: la incertidumbre se concentra en algunas de las elecciones para gobernador, mientras que, de acuerdo con la totalidad de las encuestas, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es inminente e irreversible.
Berlín. La crisis económica desatada hace una década condujo a la Unión Europea a la mayor crisis política desde su nacimiento, con el tratado de Maastricht de 1992. La caída de los niveles de vida, la percepción de carencia de futuro por parte de los jóvenes, buena parte de ellos sin empleo, y la presión migratoria de los expulsados por la guerra o la pobreza de los países del otro lado del Mediterráneo, ha provocado el surgimiento de nuevas expresiones políticas que, con base en discursos demagógicos, tratan de captar el descontento social y el desencanto respecto a los partidos tradicionales, de corte programático y con definiciones ideológicas ubicadas en en el eje izquierda–derecha tal como se le entendió durante más de un siglo.
El corporativismo –producto del pacto político del gobierno de Lázaro Cárdenas con las organizaciones sindicales, concretado formalmente con la transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana–, fue una de las columnas estructurales del régimen de la época clásica del PRI. El pacto original entre el movimiento obrero y el general radical suponía que el Estado asumía la protección de los trabajadores frente al capital, de manera que estos tuvieran una mayor fortaleza para negociar sus condiciones salariales y laborales. Es razonable suponer que sus artífices: el propio general Cárdenas y el dirigente sindical de formación intelectual, Vicente Lombardo Toledano, concibieron aquel acuerdo con el objetivo de beneficiar a los obreros frente a unos empresarios abusivos. Sin embargo, en su devenir, el acuerdo resultó más bien lo opuesto: un mecanismo de control de las demandas de los trabajadores al servicio de los empresarios desarrollistas a partir del pacto de 1946, con el que se dejó atrás la retórica socialista del PRM para dar paso al pragmático Partido Revolucionario Institucional.
López Obrador es un candidato que no vende un programa coherente, ni una agenda acabada, sino un nuevo arbitraje personal de la cosa pública basado en su honradez y su austeridad. Sus defensores dicen que se trata de plantear un nuevo acuerdo social, antioligárquico, con base en el discurso redentorista del caudillo, pero la coalición que ha formado tiene demasiados conservadores dentro como para pensar que está ya dicho que el hombre providencial va a jugar con los intelectuales a los que ha atraído y va a gobernar de acuerdo con sus preceptos. Por supuesto que él no fue al debate a buscar el voto de los analistas, sino de la gente con la que conecta y su forma de hacerlo fue la de la parodia cómica en la que es especialista.
Finalmente, el tema educativo ha ocupado un lugar en la discusión de la campaña electoral, pero no lo ha hecho de la mejor manera. En los últimos días se han mostrado las limitaciones y las contradicciones en la materia de las diferentes candidaturas, en buena medida gracias a las comparecencias –presenciales o escritas– de los candidatos en la pasarela de Diez por la educación, pero también debido a la investigación publicada en Reforma sobre los gastos publicitarios del anterior secretario de Educación Pública, hoy coordinador de campaña del candidato del PRI, y a la reiterada cantaleta de López Obrador sobre su intención de cancelar “la mal llamada reforma educativa” en un mitin el domingo pasado en Oaxaca.
Lo dicho: ninguno de los candidatos sabe de lo que está hablando cuando habla de seguridad y justicia. Si en el primer debate se mostraron improvisados y titubeantes cuando ese era uno de los temas que centraría la discusión, resulta mucho más preocupante que en un foro como el Diálogo por la Paz y la Justicia, convocado por diversas organizaciones especializadas en temas de derechos humanos, seguridad y justicia, los candidatos asistentes se hayan mostrado tan limitados y poco informados, pero sobre todo tan carentes de ideas y propuestas.
Estamos ya casi a la mitad de la campaña presidencial y el tema educativo apenas si se ha asomado al debate. A diferencia de hace seis años, cuando un vigoroso movimiento social, diverso en lo ideológico y en sus propuestas, construyó una confluencia notable para poner en el centro de la discusión de entonces el […]
Ninguno de los cinco mostró una seria comprensión de lo que significa una política de prevención del delito y la violencia. Anaya cree que prevenir es hacer parques. Solo López Obrador apuntó a la desigualdad y la pobreza como fuente de inseguridad, lo que provocó el clamor airado de Zavala, que lo acusó de criminalizar a la pobreza.
En esta campaña, como suele ocurrir en México, ha habido mucho ruido y pocas nueces en lo que se refiere a propuestas creíbles y viables respecto a los grandes problemas nacionales. Pero me ha sorprendido la manera en la que todos los candidatos presidenciales han eludido el tema que ha dominado la vida del país durante más de una década: la brutal violencia que aflige a amplios grupos de la sociedad mexicana, en magnitudes similares a las de una guerra civil. Tampoco los pretendientes parecen hacerse cargo del desastre de la procuración y la impartición de justicia que ha caracterizado a México a lo largo de su historia y que es hoy uno de los principales obstáculos para enfrentar la desigualdad y para impulsar la inversión y el crecimiento.
Mujeres, buena parte de ellas niñas o adolescentes, que migran del campo para huir de la miseria de sus lugares de origen y se trasladan a las ciudades para dedicarse a las labores domésticas por sueldos bajísimos en condiciones que no pueden causar otra cosa que repulsión. Alojadas en cuartuchos oscuros, segregadas de la vida de la familia que las emplea, con horarios de sol a sol o más, sin prestación alguna, pues carecen de acceso a la salud, al sistema de pensiones o a cualquier otro beneficio de la seguridad social, como guarderías o ahorro para la vivienda, sin acceso a los servicios financieros, muchas veces alimentadas de las sobras de lo que comen sus patrones, estas legiones de mujeres trabajadoras conviven como sombras en las casas de las familias “acomodadas” y son tratadas con desprecio y racismo.
La participación religiosa en la política de toda Latinoamérica ha sido constante y ha evitado el avance de los derechos de las mujeres y de las comunidades de la diversidad sexual, al tiempo que ha ayudado a sostener políticas públicas tan evidentemente fallidas como la prohibición de las drogas y ha impactado negativamente en la educación. En El Salvador, por ejemplo, ha impedido que incluso los gobiernos de izquierda puedan atemperar la prohibición absoluta del aborto, que ha llevado a muchas mujeres a la cárcel.
El empeño de López Obrador fue uno de los temas de su encuentro con un grupo de periodistas organizado por Milenio. Jesús Silva–Herzog Márquez lo cuestionó duramente sobre el asunto y le preguntó si pretendía acabar con la autonomía de las universidades públicas al imponerles desde el gobierno un mecanismo de aceptación de estudiantes. Esto provocó un intercambio posterior de tuits entre el profesor de la escuela de gobierno del Tec de Monterrey y Andrés Lajous, candidato a doctor en sociología por la Universidad de Princeton y que ha manifestado claras simpatías por el proyecto de Andrés Manuel.
Un mejor resultado sería un triunfo apretado, sin mayorías en el congreso, que forzara a las negociaciones y los pactos.
El tópico se repite: los partidos son unos abusivos que medran con los recursos públicos; es injusto que con el dinero de todos se financien las actividades de grupos de interés particular y cada partido debería fondearse con lo recaudado entre sus integrantes y simpatizantes. Sobran los opinadores que claman por dejar de darles dinero a unas organizaciones parasitarias y sus clamores hacen mella en la sociedad, que mayoritariamente ve mal que a los partidos se les asignen partidas presupuestales para su funcionamiento cotidiano y para hacer campaña.
El Partido Encuentro Social, con el que ha hecho alianza Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales de julio, obtuvo su registro apenas hace cuatro años. Había cumplido los intrincados requisitos de ley, que incluyen la movilización de una cantidad ingente de personas en asambleas constitutivas distritales o estatales, con relativa facilidad, gracias […]
El mecanismo funcionaba porque las instancias encargadas de procurar justicia, lo mismo que la judicatura, estaban subordinadas al poder. Los procuradores no eran otra cosa que ejecutores de la voluntad de los gobernadores o del presidente de la República, mientras que los jueces eran clientes de los tribunales superiores o de la Suprema Corte, cuyos integrantes también le debían el puesto y estaban subordinados al ejecutivo.