Jorge Javier Romero Vadillo
Cincuenta años después de la tragedia de Tlaltelolco es imprescindible hacer una reflexión seria sobre el papel que el ejército mexicano ha jugado en la historia durante el último siglo, el de su existencia como entidad constitucional.
Esta semana se presentó en México el informe 2018 de la Comisión Global de Política de Drogas, grupo internacional de reflexión e incidencia en el que participan varios expresidentes o ex primeros ministros de diversos países de todos los continentes, junto con otros intelectuales relevantes, entre ellos dos premios Nobel, y que desde hace años ha trabajado para impulsar un cambio de paradigma en la manera en la que el mundo ha enfrentado el problema de las drogas durante los últimos cien años. Se trata del grupo más relevante entre los que proponen acabar con el prohibicionismo, por los múltiples males que les ha acarreado a los consumidores de sustancias, a las sociedades y a los Estados, para pasar a un modelo de regulación sensata que proteja la salud, reduzca los daños de los consumos más peligrosos y, sobre todo, deje atrás la terrible violencia homicida que provocan los mercados clandestinos cuando son perseguidos con fuerza estatal excesiva.
A un año del segundo terremoto más devastador de la historia de la ciudad de México, de manera más que oportuna, Ricardo Becerra y Carlos Flores han publicado un libro necesario para entender la manera en la que el gobierno y el legislativo de la Ciudad de México abordaron la emergencia y la reconstrucción.
Estoy leyendo Una novela Criminal, de Jorge Volpi. Novela sin ficción, documentada exhaustivamente, narra una historia que no por conocida deja de ser aterradora en sus detalles.
Reglas y prácticas que persisten porque forman parte del comportamiento aprendido y asumido como apropiado. Maneras de hacer las cosas arraigadas y que responden a trayectorias de largo plazo poco susceptibles de ser cambiadas a golpe de timón.
Desde antes de comenzar su campaña formal por la presidencia, López Obrador ha afirmado una y otra vez que cancelará la “mal llamada” reforma educativa.
El martes en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo la consulta temática sobre política de drogas de los Foros de Pacificación del País y la Reconciliación que ha organizado el próximo gobierno. Si bien el reparto de ponentes fue limitado y no se trató de una consulta, sino de una serie de exposiciones a invitación expresa, el sentido general de la jornada es halagüeño, pues por primera vez han imperado las posiciones liberalizadoras, sobre todo respecto a la mariguana, no solo entre los habituales promotores de la reforma de la política de drogas –que estuvieron representados por Amaya Ordorika, del colectivo Reverdeser, por Juan Machín y por Javier Mancera de Arrigunaga, de México Unido Contra la Delincuencia– sino también por los voceros de la próxima administración, tanto el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como también el próximo embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.
Desde la campaña electoral, el tema de la Fiscalía General de la República y su autonomía constitucional, decretada desde la reforma constitucional de enero de 2016, ha sido objeto de polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el ahora Presidente electo.
El futuro gobierno, en actividad frenética casi desde el día siguiente a las elecciones, ha organizado una serie de foros sobre la pacificación y la reconciliación nacional para, según dicen, diseñar una política de seguridad de abajo hacia arriba y de la mano de la gente. De primera impresión, se trata de un trasunto de la vieja práctica de los tiempos del IEPES, el antiguo instituto de estudios políticos del PRI, que organizaba pasarelas para que todo mundo hablara sin que nadie en realidad escuchara nada y después se elaboraran documentos que decían lo que de antemano iban a decir, pero que nadie leía ni seguía. Ejercicios catárticos que suelen ser meras simulaciones para pretender la inclusión de voces diversas en la elaboración de políticas cuando no simplemente servían de escenario para justificar las decisiones tomadas.
El tema de la regulación de la mariguana ha sido de nuevo puesto en el centro de la discusión pública por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como parte del paquete de temas que se deben analizar para alcanzar la pacificación del país, atenazado por la violencia homicida desatada en torno a la guerra contra el crimen organizado. También el próximo embajador ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, ha reiterado recientemente su posición favorable a un cambio en la política de drogas que comience por eliminar la prohibición del cannabis, como una condición necesaria, si bien no suficiente, para reducir la violencia. Se trata de dos voces muy influyentes del entorno del futuro presidente y aunque es evidente que en el próximo gobierno no existe un consenso en torno al tema, sus dichos son una señal positiva en la dirección correcta.
El candidato triunfante en la elección presidencial y su equipo de trabajo han dedicado las últimas semanas a exponer un mosaico abigarrado de proyectos y propuestas para el próximo gobierno. Ha habido de todo: listados de intenciones, ocurrencias, disparates y, sí, propuestas sensatas que apuntan en la dirección correcta para enfrentar algunos de los agudos problemas que vive el país.
La paráfrasis del tópico con el que encabezo este texto se la debo a un tuit del poeta Aurelio Asiain. La reformulación de la frase manida con el sentido opuesto me parece precisa cuando de lo que se trata es de observar y cuestionar a los políticos en un régimen democrático: la duda permanente, el cuestionamiento sin condescendencia de las intenciones, los fundamentos y las concreciones de sus políticas. El ejercicio permanente de la crítica es una de las virtudes de la democracia, aunque a veces a los gobernantes y a los representantes ello les parezca un maleficio.
El diferendo entre el candidato triunfante en la elección presidencial (aún no es presidente electo, pues solo lo será cuando el Tribunal Electoral califique el proceso) y un grupo de activistas y organizaciones de la sociedad civil integrantes del colectivo #Fiscalíaquesirva, respecto al tema de la autonomía de la propia fiscalía y el nombramiento del fiscal, ha estado plagado de malos entendidos y ha derivado en descalificaciones genéricas del propósito, los intereses y los fines de la sociedad civil organizada de manera no partidista.
¿Qué quedará del sistema de partidos surgido a partir del pacto de 1996, momento de nacimiento del régimen periclitado? ¿Habrán sido estas unas elecciones cataclísmicas –de esas que, según José María Maravall, sacuden al sistema de partidos, pero cuya fuerza es insuficiente para modificar la estructura o las prácticas de un régimen– o estamos realmente ante unas elecciones críticas, que trastocarán permanentemente el mapa partidista y sentarán las bases de un nuevo arreglo político?
Nunca, desde la primera vez que ejercí mi derecho al voto, he votado por un candidato ganador en una elección de mayoría. Ni presidencial, ni de gobierno local ni legislativa; mis votos han contribuido únicamente a llevar a las cámaras a legisladores por el principio de representación proporcional y me temo que en esta ocasión ocurrirá lo mismo. En algunas ocasiones he votado con entusiasmo por candidatos de partidos a los que apoyaba con mi militancia activa; en otras, en cambio, mi voto ha sido resignado. En esta ocasión votaré con desazón, en claro contraste con el gran entusiasmo que mueve a muchos amigos con los que suelo coincidir en temas políticos, económicos y sociales, pero con los que en esta ocasión soy incapaz de compartir el optimismo.
El salvador de la patria ha repetido hasta el hartazgo que el gran problema del país es la corrupción y que él es la solución. La cantinela de su discurso, donde él aparece como el demiurgo capaz de transformar la realidad y lograr la armonía tan solo con su voluntad, acaba por simplificar hasta la caricatura uno de los grandes problemas del Estado mexicano, arraigado profundamente en el arreglo institucional del país y que requiere mucho más que la magia derivada del ejemplo de un presidente honrado para menguar, no ya para desaparecer.