Jorge Javier Romero Vadillo
Hace muchos años, poco antes de las desventuradas elecciones de 2006, conversaba con un querido amigo, ahora ya muerto, que entonces era muy cercano colaborador de López Obrador. Le pregunté que, si ganaba López Obrador, cómo iba a gobernar con un Congreso seguramente dividido y sin mayoría. Me contestó orondo: “como el general”. Obviamente se refería a Cárdenas. Lo cuestioné sobre cómo era eso y me contestó que con las masas en las calles. En el imaginario de López Obrador y por contagio en el de parte de su círculo cercano, su misión es epopéyica. Tiene un proyecto y lo quiere cumplir.
La autonomía del instituto encargado de la evaluación es crucial para contar con información y criterios objetivos, que nutran a todo el sistema.
La manera en la que se aprobó la iniciativa de reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, con el apoyo de la diputación del PRI además de los de la coalición que de entrada le garantiza al presidente de la República un amplio margen de maniobra legislativa, es reflejo de la profunda crisis en la que se encuentran los partidos que dominaron el ciclo político previo, el que resultó del pacto político de 1996, periclitado con el resultado electoral del año pasado.
La coalición legislativa que apoya las iniciativas del gobierno, ampliada con el apoyo del PRI para lograr la mayoría calificada que permite reformar la Constitución, ha aprobado en la Cámara de Diputados la creación de la Guardia Nacional militarizada, un engendro que normaliza lo que debería ser excepción en una democracia constitucional: la militarización de la seguridad. Falta aún la aprobación en el Senado, pero visto lo visto, la alianza entre MORENA y el PRI concretará en las próximas semanas un retroceso autoritario sin paliativos. En la misma dirección retrógrada, el Senado ha avanzado en la ampliación del catálogo de delitos con posibilidad de prisión preventiva, con ello, como ha dicho el ex ministro de la Corte José Ramón Cossío, simplemente se pospone el arreglo del sistema penal acusatorio en su conjunto.
Desde hace doce años, de manera creciente, las Fuerzas Armadas se han ido convirtiendo en la columna vertebral de la estrategia federal de combate a la delincuencia. Si bien una y otra vez se ha dicho que se trata de un presencia temporal, desde el gobierno de Calderón se han dado intentos de institucionalización de la militarización de la seguridad: la ley de seguridad interior, considerada un fraude a la Constitución por el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia, había sido, hasta ahora, la tentativa más acabada de legalizar lo que a todas luces es inconstitucional y que trastoca todo el andamiaje de un orden jurídico civil de garantías y derecho. Empero, lo que ahora pretende el gobierno implicaría, de ser aprobado en el período extraordinario de sesiones al que se ha convocado al Congreso, una deformación mayor en la Constitución, ya de por sí llena de costurones y llagas en lo que toca a garantías fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. De aprobarse esta reforma, que el gobierno de López Obrador está impulsando con ahínco, aunque se contradiga con buena parte de lo ofrecido en campaña, se estará normalizando el Estado de excepción.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas está a punto de cumplir un mes. En estas escasas tres semanas y media, sin embargo, el nuevo presidente se ha empeñado por imprimir su sello de cambio tanto en las formas como en el fondo. Sus gestos simbólicos han sido de cara a la galería: austeridad personal, el coche sencillo, la apertura de Los Pinos al público y su abandono como residencia oficial, los viajes en vuelos comerciales; todos ellos con el objetivo de presentarse como un presidente sencillo, alejado de la solemnidad y el boato que caracterizaban a sus predecesores. Con su retintín demagógico ya muy conocido, usa sus conferencias matutinas lo mismo para zaherir a sus adversarios como para justificar sus decisiones tentaleantes o corregir supuestos yerros y pocas veces para responder con precisión a lo que los periodistas asistentes le preguntan. La representación ya tuvo su ensayo general en los tiempos en que fue Jefe de Gobierno de Ciudad de México y le ha servido para ser él quien fija la agenda cotidiana de la política mexicana.
Cualquiera que haya seguido la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador sabe que le gustan las representaciones. Como el demagogo que es, le encanta ganarse el favor popular con puestas en escena. Ha sido el mejor comunicador político que ha habido en México en las últimas décadas, pero no por tener un proyecto bien articulado para el país, saberlo transmitir y convencer de sus bondades incluso a sus adversarios, como lo haría un estadista, sino porque sabe manipular las emociones y los sentimientos de buena parte de la población, esa que él llama “el pueblo bueno”, con gestos y recursos retóricos simples pero eficaces. No importa que a la vista de cualquier crítico serio resulte contradictorio proclamarse juarista y, al mismo tiempo, participar en rituales religiosos, o que sea evidentemente maniquea su visión de la historia y su descalificación de sus críticos como “conservadores”. Lo notable es cómo logra conectar no con la racionalidad de los ciudadanos, sino con las filias, fobias y miedos de la masa.
Poco más de una semana lleva en el cargo el Presidente López Obrador y ya ha dado señales amenazantes que apuntan a un intento de concentración de poder como la que caracterizó a la época clásica del régimen del PRI y que costó décadas ir superando paso a paso.
Hace unos días, el 24 de noviembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se dirigió a las fuerzas armadas en una ceremonia diseñada a propósito para su presentación como próximo jefe supremo. Ahí desplegó una más de sus frecuentes lecciones de historia patria, esta vez dedicada específicamente a la trayectoria del ejército, para convocar a los marinos y soldados, en tanto que pueblo uniformado, a que lo sigan en su misión redentora contra el neoliberalismo, causante de todos los males de la nación, sobre todo de la violencia que atenaza a la sociedad mexicana, pues desde su llegada depredadora millones de mexicanos se han quedado sin otra opción que dedicarse a delinquir.
La próxima secretaria de Gobernación acaba de hacer un papelón, en el episodio “La Guardia Nacional” de la serie La cuarta transformación, escrita, dirigida y protagonizada por Andrés Manuel López Obrador, con doña Olga y Alfonso Durazo como secundarios de esta entrega de la primera temporada de las seis que sin interrupción nos esperan a los mexicanos, sin posibilidad de cambiar de canal y sin la virtud de la ficción, que suele no tener consecuencias fuera de nuestra mente en la vida cotidiana.
La mayoría de la gente sensata presumirá que el ex Presidente es inocente de esa gravísima acusación, en tanto que no surjan pruebas contundentes.
El próximo lunes comenzará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Se trata de resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el partido Movimiento Ciudadano contra un ordenamiento que institucionaliza, a pesar de lo establecido en los artículos 21 y 129 de la Constitución, la militarización de la seguridad pública, por más que se le trate de disfrazar con otro nombre.
Ayer fue un día que será efeméride. La Suprema Corte de Justicia de la Nación integró jurisprudencia con cinco sentencias de amparo donde su primera sala sostiene que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar y protege todas las acciones necesarias para materializar esa elección y que, aunque ese derecho no es absoluto, por lo que el Estado puede regular el consumo de ciertas sustancias, las afectaciones que provoca la mariguana no justifican una prohibición absoluta a su consumo.
En México pocas veces ha habido censura directa de los medios de comunicación. Durante los tiempos clásicos del régimen del PRI no hubo ni en las mesas de redacción ni en las cabinas de transmisión de radio o en los platós de televisión un censor oficial, como lo hubo, por ejemplo, durante el régimen de Franco en España. Aquí no era necesario: cada reportero, cada jefe de redacción, cada director de periódico o locutor sabía perfectamente qué podía decir y qué no. La ley protegía la libertad de prensa, pero los límites de esa libertad estaban claramente interiorizados por prácticamente todos los que ejercían alguna tarea de comunicación. Sin duda había marginales y recalcitrantes, lo mismo que sesudos críticos en publicaciones de nicho, pero el régimen tampoco los perseguía con asiduidad: sabía perfectamente el corto alcance de sus mensajes.
La incertidumbre que ha abierto la nueva coalición de poder en torno al tema educativo prueba no solo su falta de comprensión de la reforma constitucional de 2013 –las razones de política pública con las que se le justificó y respecto a las cuales habría que evaluarla– sino, sobre todo exhibe la falta de un proyecto propio que se haga cargo sin condescendencia del calamitoso estado en el que se encuentra la educación en México. El nuevo grupo hegemónico tiene toda la legitimidad para cuestionar los presupuestos mismos sobre los que se construyó “la mal llamada reforma educativa”, pero a cambio tiene la obligación de exponer con claridad cual es su diagnóstico del problema, o convencernos de las razones por las cuales creen que no existe problema alguno. Y, por supuesto, es su obligación informarnos de qué es lo que pretenden hacer a cambio. Ser mayoría no exime de rendir cuentas ante los ciudadanos de las decisiones que toman.
Como se ven venir las cosas, en el tema educativo pueden acabar cumpliéndose los peores vaticinios. Si durante las últimas semanas al radical mensaje del presidente electo –que desde antes de la campaña electoral no se ha movido de su intención de cancelar la “mal llamada reforma educativa”– se le contrapusieron las posiciones más moderadas de Esteban Moctezuma, nominado para encabezar la SEP, quien además anunció el promisorio nombramiento de Gilberto Guevara Niebla como subsecretario, en el Congreso los representantes de MORENA se pintaron de guerra apenas tomaron posesión: el líder de los diputados del partido mayoritario, Mario Delgado, quien en otra de sus vidas políticas fue un entusiasta de la reforma constitucional e incluso votó a favor de la contrahecha Ley del Servicio Profesional Docente, en una muestra de total incongruencia anunció que de la reforma de 2013 no quedaría ni una coma, al tiempo que el presidente del Senado presentaba una iniciativa para borrar de un plumazo de la Constitución toda referencia al servicio profesional docente, a los concursos de ingreso y de promoción y a la evaluación, y otra senadora de MORENA incluso se iba contra el inciso d) de la fracción segunda del artículo tercero, donde se establece que la educación que imparta el Estado deberá ser de calidad.