Jorge Javier Romero Vadillo
La segunda imagen que destaca a simple vista es la de una abstención abrumadora. Del total de electores convocados a las urnas en las seis entidades donde hubo comicios, solo algo más del 33 por ciento votó.
Para el Presidente de la República es mucho más relevante mantener la gobernabilidad entre el magisterio que mejorar el desempeño del sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
Como en los tiempos del más rancio neoliberalismo salinista, el poder de Hacienda es incontrovertible, aunque ahora no se maneje desde la oficina del Secretario del ramo, sino desde otra ala del Palacio Nacional.
Sin ambages, el Gobierno de López Obrador sostiene que la estrategia prohibicionista es ya insostenible.
Las primeras 62 páginas del texto enviado al Congreso son el ejemplo más acabado de la retórica presidencial, con toda su grandilocuencia y cursilería.
El nuevo artículo tercero, atorado temporalmente en su proceso legislativo, tiene una redacción abigarrada y prolija.
El tema de los ingresos de las autoridades universitarias puede ser una pista para entender lo que en realidad está ocurriendo en la UAM. Se puede discutir si estas debieran ser menores, si la política salarial para la burocracia establecida por el Gobierno se debe aplicar también en las universidades públicas, como ya lo ha hecho la UNAM, pero ese no es tema de la negociación laboral entre el sindicato y las autoridades de la Universidad.
El Presidente quiere regresarles a los sindicatos educativos el papel que jugaron durante el régimen autoritario.
Ojalá la arrogancia presidencial frente a las restricciones a su poder no llegue al extremo de provocar una crisis constitucional sin precedentes en México.
El pacto corporativo de 1938 –que transformó al Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana– subordinó políticamente a las organizaciones gremiales al partido del régimen, el cual, a su vez, quedó sometido a los designios del Presidente en turno. La unificación sindical y su incorporación a la coalición política sindical fueron vistas en aquel tiempo como una forma de extender la protección estatal sobre los trabajadores, para fortalecerlos en su negociación con los empresarios.
El sindicato fue excluido desde hace 35 años del proceso de contratación académica, por lo que el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes e investigadores se rige por concursos de oposición y por promoción dictaminada por pares, pero la relación laboral sí que está gestionada por los dueños del contrato colectivo, cuyos intereses nada tienen que ver con los de la planta académica. Prueba de ello es que los profesores de tiempo completo no estamos contemplados en las demandas actuales de la huelga.
Los sindicatos son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin ellos, las de por sí asimétricas relaciones entre capital y trabajo se vuelven abusivas en extremo.
Entre la abrumadora avalancha de opiniones sobre el Gobierno, apenas si ha aparecido por ahí algún análisis sobre el papel que ha jugado la oposición.
En México, el Poder Judicial no goza de gran prestigio.
Sin embargo, los términos en los que ha planteado el actual Gobierno el debate sobre el tema educativo parecen poner por delante los privilegios corporativos mientras soslayan los objetivos que debe cumplir el sistema de enseñanza. La reiteración desde la campaña de que el objetivo del Presidente es echar abajo la “mal llamada reforma educativa” refleja más la intencionalidad política de congraciarse con el gremio magisterial, lastimado por los cambios del sexenio pasado, que por encontrar un buen arreglo que haga compatibles los intereses de los maestros con la necesidad de desarrollar un sistema educativo eficaz para superar el tremendo rezago de la calidad educativa en México.
Pero si es preocupante que el Presidente conciba así al poder, lo es más que esa misma visión se encuentre fuertemente arraigada en el conjunto de la sociedad mexicana, la mayoría de la cual suele ver al Presidente en turno, al menos al principio de su mandato, como el salvador de la Patria que ahora sí logrará sacarla de su postración ancestral. Cada seis años la esperanza de redención se suele colocar en los hombros del hombre necesario (nunca mujeres) en turno, aunque hacía décadas que nadie se tomaba tan en serio ese papel como el actual Presidente, quien no se ruboriza al proclamarse de antemano como un personaje histórico.