Jorge Javier Romero Vadillo
También ha violado sistemáticamente la Constitución el Gobierno en cuanto a la integración y desarrollo de la Guardia Nacional, establecido en el artículo 21 de la ley suprema como un cuerpo civil de seguridad.
Hasta ahora, el proceso ha sido un ejemplo excepcional en América Latina del poder de la democracia para resolver el conflicto social. Se trata de una auténtica transición, aplazada durante tres décadas, para eliminar las secuelas del trauma dictatorial.
La contrarreforma de la Fiscalía y la evidente politización del Fiscal electoral hace que la presentación de cargos contra dos de los candidatos a Gobernador de Nuevo León, Samuel García, de MC, quien encabeza ahora las preferencias en las encuestas, y Adrián de la Garza, del PRI y que va en segundo lugar, carezca de legitimidad alguna.
Durante el Gobierno de López Obrador en la Ciudad de México la opacidad y los contratos otorgados a dedo fueron práctica común, como lo han sido en lo que va de su Gobierno nacional.
Ya sabemos cómo se las gastan los políticos mexicanos, los mismos de siempre, encabezados por López Obrador, que como dicen una cosa, al día siguiente dicen otra y siguen tan campantes.
El Presidente desconfía de toda acción descentralizada, de todo proceso que no pueda controlar.
El desastre evidente de la gestión de la pandemia, la crisis económica y las veleidades autocráticas del Presidente obligan a votar contra ese partido. El problema es que las opciones resultan bocados indigestos.
El actual Presidente de la República arrancó su carrera opositora bajo el manto de la resistencia contra el fraude electoral en la secuela tabasqueña de la elección de 1988, pero hoy demuestra que su compromiso democrático no ha sido más que de fachada.
La nueva coalición con pretensiones hegemónicas lleva al extremo el abuso de las reglas diseñadas para proteger al PRI, para mostrarnos a diario lo distintos que son del viejo régimen.
Si bien la reforma judicial ha sido incompleta, es innegable que el Poder Judicial Federal ha ganado en autonomía, imparcialidad y profesionalismo.
La ley aprobada implicaría, para su aplicación, de un aparato estatal inexistente en México. Así, la mayor parte del mercado seguirá funcionando como hasta ahora, en la clandestinidad.
Durante mucho tiempo creímos que el régimen del PRI se sustentaba solo en la manipulación electoral y que la corrupción era un problema moral. Hoy queda claro que el régimen del PRI era mucho más y que no ha bastado con elecciones libres para desmontarlo.
La construcción del régimen democrático en México se hizo sin desmantelar el sistema de botín, lo que ha llevado a que la competencia partidista gire en torno a la captura del presupuesto para repartirlo entre sus respectivas clientelas y sin que exista un Estado profesional que garantice la operación de los servicios con eficiencia, comenzando por la seguridad.
El error interpretativo de suponer unas fuerzas armadas completamente sometidas al poder civil llevó a que en el proceso de reformas para dar paso a la poliarquía limitada en que vivimos ahora no se incluyera la indispensable reforma militar.
No une a los partidos que ahora se presentan como adalides de la democracia un proyecto compartido; solo pretenden evitar una nueva mayoría de Morena y contener su propia debacle, que los dejaría sin las jugosas posiciones de poder locales con las que ahora cuentan.
El Gobierno de López Obrador traicionó su promesa de campaña y decidió entregarles a los militares por completo la política de seguridad, ya sin cortapisa alguna.