Ivette Lira
Los académicos Alejandro Velázquez, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), y Leticia Merino, del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de Rodolfo García Zamora, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), coincidieron en que Meade y Anaya únicamente ven el tema ambiental desde el punto de vista económico y no social.
El Poder del Consumidor, la Red Contrapeso, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC acusaron que la dependencia federal no ha investigado, ya que es el principal sospechoso de haber utilizado el malware Pegasus para espiar a los activistas Alejandro Calvillo Unna, de EPC y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO, además del investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes han impulsado el aumento del impuesto en las bebidas azucaradas.
Las normas que de acuerdo con Greenpeace deberían ser reguladas con urgencia son: NOM-025-SSA1-2014, NOM-020-SSA1-2014, NOM-022-SSA1-2010, NOM-023-SSA1-1993 y NOM-021-SSA1-1993.
A pesar de que las empresas mineras provocan diversos daños sociales, medioambientales y de salud, en México tienen la puerta abierta para operar con total impunidad, ya que el Gobierno mexicano favorece los intereses de las compañías y no los de la población, señalaron especialistas en materia.
El documento, presentado esta mañana en la Ciudad de México, es producto de la colaboración de 40 investigadores de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible (CCSS).
El Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa, busca hacer negocio y beneficiarse de las familias damnificadas tras el terremoto ocurrido el pasado martes 19 de septiembre.
Autoridades del estado de Durango favorecen a la empresa The Chemours Company que actualmente construye una planta química que producirá alrededor de 65 mil toneladas de cianuro de sodio anualmente en una superficie de 11.7 hectáreas en la localidad “El Siete Pueblo Nuevo” del Municipio de Gómez Palacio, informaron organizaciones de la sociedad civil.
Académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil afirman que el proyecto para modificar la norma que dicta los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas presenta mejoras, pero continúa siendo laxa, por lo que las aguas nacionales y la salud de los mexicanos se encuentran “desprotegidas”.
A los 11 años de edad y hasta los 16 (de 1994 a 1999), Jesús Romero Colín fue abusado sexualmente por el sacerdote Carlos López Valdez.
Organizaciones de la sociedad civil exhiben ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “la grave crisis” de derechos humanos que existe en México.
Negociadores del TLCAN de México y Estados Unidos se encuentran cabildeando a favor de la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
El señor Martín perdió a su esposa y a su madre en el sismo del pasado 19 de septiembre. Matilde y Karla eran trabajadoras del hogar y la tarde de ese jueves quedaron atrapadas entre los escombros de los que fue un moderno edificio, con menos de año y medio de vida.
Organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado al Senado de la República a realizar una consulta sobre la iniciativa de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y a implementar mejoras, ya que, señalan, tal y como se encuentra permite el saqueo y la privatización de recursos naturales, además de arrebatar el cuidado y conservación de las manos de las comunidades.
Las autoridades mexicanas entregan los recursos del país a empresas extranjeras y no tienen reparo en favorecer los intereses de las mismas, aunque para lograrlo deban incurrir en atropellos y violaciones a los derechos de los mexicanos, acusa la familia Silveyra Arias, originaria del estado de Durango.
La Alianza por la Salud Alimentaria hizo un llamado a los candidatos a la Presidencia de México y a gobernadores a establecer propuestas y compromisos para generar políticas públicas que mitiguen el problema de obesidad y diabetes, padecimientos no transmisibles por los que en noviembre de 2016 el Gobierno de Enrique Peña Nieto emitió una emergencia epidemiológica, sin pronunciar medidas.
Entre julio de 2016 y diciembre de 2017, 88 personas defensoras del medio ambiente fueron blanco de ataques en México, y en 29 de esos casos se llegó hasta el asesinato, informó este día el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).