Ivette Lira
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hizo a México dependiente de Estados Unidos en un alimento básico: el frijol. Lo anterior, pese a que en el país se concentra la mayor diversidad del planeta, pues de las 150 variedades silvestres que existen, un tercio se encuentra en tierras mexicanas con gran variedad de tamaños, colores y requerimientos ecológicos, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
La organización Greenpeace México se manifestó de forma pacífica a las afueras del Senado de la República para exigir a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales no aprobar la iniciativa de Ley General de Biodiversidad que se expide para abrogar la Ley General de Vida Silvestre, al considerar que los recursos naturales del país podrían ser privatizados. “Esta Ley está abriendo la puerta al saqueo de nuestros recursos naturales, lo está haciendo legal”, expusieron los activistas.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República ignoró a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil, intenta dar un “albazo” y dictaminar mañana las leyes Forestal y de Biodiversidad que han estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses por representar un riesgo para los bosques y la biodiversidad.
Jóvenes mexicanos exigen ser considerados y escuchados en el análisis de la iniciativa de Ley Forestal promovida por el PVEM, aprobada por la Cámara de Diputados sin la previa realización de una consulta pública.
En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata a cielo abierto en etapa de exploración avanzada, concesionado a la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, pone en riesgo la salud de los habitantes, el medio ambiente y el acceso al agua, denuncia un informe realizado por Organizaciones civiles y especialistas en geoquímica, biología y salud.
Organizaciones civiles ambientalistas aplaudieron la cancelación definitiva del proyecto Dragon Mart Cancún e hicieron un llamado a las autoridades a ejercer justicia contra los funcionarios de la anterior administración, a cargo de Roberto Borge Angulo, quienes expidieron los permisos que provocaron una devastación en un ecosistema costero ubicado a menos de 3 mil quinientos metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecife de Puerto Morelos.
Gracias a las acciones de la sociedad civil organizada se logró poner en el escrutinio judicial el proyecto de la ampliación del Puerto de Veracruz, que las organizaciones ambientalistas y habitantes de la región consideran violenta el derecho al medio ambiente sano.
El Senado de la República tiene en sus manos el futuro de los bosques mexicanos. Una iniciativa de Ley presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha carecido de consulta pública y, según han denunciado diversas organizaciones, es un “retroceso” en los derechos de indígenas y campesinos en materia de manejo forestal.
En un pequeño poblado ubicado en la Sierra Norte de Puebla, la gente ha dedicado su vida a evitar que el verde que colorea el paisaje se borre. Más de 380 ejidatarios de Acolihuia, en Chignahuapan, han trabajado para recuperar los suelos degradados y convertirlos en superficie boscosa.
El uso de la bicicleta como medio de transporte en la Ciudad de México otorga diversos beneficios sociales, ambientales, económicos y de salud, por lo que implementar infraestructura en las periferias de la capital gobernada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, es necesario y urgente, señalaron activistas.
El tiempo de la vaquita marina se agota. Su población ha disminuido drásticamente en los últimos 5 años: en 2012, 200 ejemplares nadaban en el Alto Golfo de California y actualmente, hay menos de 30. En un intento “desesperado” por salvarla, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ejecutará un plan de emergencia que consiste en la captura y cautiverio, sin embargo, activistas critican que el Gobierno únicamente “busca ganar tiempo” a fin de que la marsopa no se extinga durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
El 10 de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció el periodo de veda por dos años para el uso de redes de enmalle que resultan dañinas para la vaquita marina en el Alto Golfo de California. A días de cumplirse dos años y dar por concluida la medida, activistas y pescadores denunciaron que ni autoridades ambientales ni pesqueras han informado qué acciones siguen, y criticaron que la prohibicoón no ha sido efectiva para salvaguardar a la especie.
La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, denunció que el Gobierno mexicano sirve a los intereses económicos, bajo el argumento del combate a la pobreza. Señaló que si la empresa canadiense Almaden Minerals lleva a cabo actividades relacionadas a la minería existe el riesgo para las especies en peligro de extinción, así como el derecho del acceso al agua.
En un hecho histórico, el país podría estar más cerca de tipificar la crueldad y el maltrato contra los animales de granja, tras la investigación “Rastros de México”, realizada por la organización Igualdad Animal (IA), donde se exhibe la tortura a la que son sometidos, sin que hasta hoy exista consecuencia legal alguna para los empleados ni para las empresas.
El Observatorio Ciudadano de la Cuenca lanzó un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a negar la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo al proyecto Bosques de Pamejé, en Valle de Bravo, Estado de México, y al Edil Mauricio Osorio Domínguez a rechazar las licencias de construcción, ya que, considera, el proyecto no cumple con las disposiciones legales y ocasionará un “grave” daño ambiental a la zona.
La iniciativa de reforma del Código Penal Federal que busca tipificar el delito de organizar peleas de perros actualmente se encuentra estancada, ya que fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside la Senadora panista Pilar Ortega, sin que hasta el momento exista avance, denunció Antón Aguilar, director de Humane Society International (HSI).