Guadalupe Fuentes López
Graco Ramírez ha sido señalado de blindarse al dejar Morelos: nombró al notario público Uriel Carmona Gándara, su incondicional, como Fiscal General del estado por un periodo de nueve años. Actualmente existen 60 carpetas contra funcionarios de su administración (2012-2018) que no prosperan. Las investigaciones en su contra apuntan a personajes que están incrustados en dependencias de Morelos y que presuntamente forman parte de esta red que lo protege.
Los productos vendidos al Gobierno, en unos casos a sobreprecio, son servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables, servilletas y jabones de tocador.
Personal de Cultura de la Miguel Hidalgo les dijo a todos los artistas que se iban a presentar en el evento cultural con motivo de la marcha del orgullo LGBTIQ+ en la demarcación que “no eran aptas” para presentarse en el Teatro Ángela Peralta, por lo que colectivos denunciaron públicamente la homofobia del Alcalde Mauricio Tabe.
Como desde 2019, el Presidente también manifestó que no es propietario de bienes inmuebles, vehículos, joyas ni obras de arte y sus percepciones sólo consisten en dos ingresos: su sueldo como titular del Ejecutivo Federal y la Pensión para Adultos Mayores.
En este segundo debate las aspirantes a ser también la primera Gobernadora mujer en el Edomex debatieron cuatro temas de interés para las y los mexiquenses durante 60 minutos: seguridad y justicia; economía y empleo; educación; medio ambiente y desarrollo sustentable.
“Nosotros pensábamos que habíamos comprado una vivienda segura, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que habíamos sido víctimas de un fraude”, denunciaron vecinos de Hacienda Balboa que compraron de buena fe a Urbi, la empresa que con dinero público y la ayuda de exalcaldes de Cuautitlán Izcalli, exfuncionarios estatales y notarios construyó el fraccionamiento que nunca municipalizó y ahora carecen de servicios básicos.
En el municipio de Cuautitlán Izcalli la empresa Urbi construyó desde 2006 dos fraccionamientos que serían la primera fase de urbanización en esa zona, pero todo fue un fraude, se lee en una de las dos denuncias interpuestas por los vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo.
El Gobierno de la Ciudad de México ha detectado un total de 264 pisos construidos irregularmente de 2008 a la fecha en la Benito Juárez, pero un mapa desarrollado por Ricardo Guerrero, vecino de la Alcaldía y víctima del Cártel Inmobiliario arroja más de mil edificios.
El Ayuntamiento de Mérida planea la construcción de un megaproyecto denominado Parque Tho’, el cual costará 100 millones de pesos y serían impactadas casi 8 hectáreas de zona verde en uno de los últimos pulmones existentes dentro de la ciudad. Vecinos denuncian que el proyecto no cuenta con permisos e implica además una permuta de un bien público a una inmobiliaria para la construcción de un complejo residencial.
Los vecinos de la Benito Juárez que encabezan el Comité de la Revocación de Mandato no sólo lo hacen para denunciar la corrupción inmobiliaria, también para exhibir los fraudes en los mercados públicos y en los presupuestos participativos.
En el municipio de Huitzilac las familias Thirión y Trejo tienen el mismo reclamo hacia la Fiscalía estatal: Que los asesinatos de sus seres queridos no queden impunes y se detenga a los responsables.
Los vecinos de la Alcaldía Miguel Hidalgo llevan a cabo, desde el 23 de febrero, la recolección de firmas para la Revocación de Mandato de Mauricio Tabe. Denuncian, entre otras cosas, que funcionarios ligados al Cártel Inmobiliario ahora laboran en la demarcación y los permisos para abrir comercios y construir obras ilegales se han multiplicado en esta administración.
Los vecinos de la calle Francisco Murguía se acercaron primero a la inmobiliaria Tu Tierra MX, que es la que construye el edificio que ha causado afectaciones, para que atendieran los daños a sus viviendas, pero se negaron a repararlas argumentando que tenían todos los permisos por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Al acudir a la demarcación, el Alcalde Mauricio Tabe Echartea minimizó el problema señalando que sus denuncias formaban parte de “una persecución política del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo”.
Ocho empresas de dos de los hombres más ricos de México, Carlos Slim Helú y Ricardo Salinas Pliego, han acumulado cientos de contratos, la mayoría por adjudicación directa, de 2019 a 2022. Entre los servicios que venden al Gobierno federal están seguros, ciberseguridad, internet, telefonía y espacios para spots en televisión.
Estos millonarios, con ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, apenas representaron el 0.03 por ciento de la recaudación total de impuestos federales; además, las grandes empresas pagaban hasta 2021 unas tasas efectivas de ISR de entre el 1 y 8 por ciento del total de sus ingresos, muy por debajo del 30 por ciento que establece la ley.
Esta red de espionaje, que se le conoce como “Caso Sterling” debido a que las oficinas desde donde se espiaban a funcionarios y políticos se ubicaban en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, en la colonia Centro, espió a políticos de alto nivel como el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.