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La desaparición de mujeres en México es un crimen ya histórico que a finales de la década de los noventa resonó ante la creciente desaparición de mujeres en la frontera norte del país.
“(…) una política pública integral al tema de la vivienda también debe contemplar los beneficios fiscales y las posibilidades de evasión fiscal que trae la adquisición, la propiedad y la transferencia de los bienes inmuebles, así como un impuesto predial más progresivo”.
“Pareciera que en el discurso de la actual administración la corrupción es una de las prioridades más importantes. Sin embargo, a tres años del inicio de este Gobierno, el análisis del presupuesto en la materia permite entender dónde están las prioridades y como se materializa el combate a la corrupción”.
Entre los aspectos más regresivos que subsisten en el texto constitucional están que el Estado mexicano sigue manteniendo una visión paternalista y de tutelaje jurídico hacia los pueblos, al considerarlos sujetos de “interés público” y no sujetos de “derecho público”, tal como se exigía desde San Andrés.
“Cualquier nueva iniciativa legislativa para fortalecer la identificación humana es bienvenida, pero se debe tener cuidado de no distraer los esfuerzos y recursos respecto de las políticas públicas que ya se han creado”.
Por falta de información actualizada en formato de datos abiertos se desconoce cuántas comunidades rurales, indígenas y equiparables están siendo afectadas por proyectos extractivos, como el caso de Tecoltemi, comunidad nahua de Puebla que demandó judicialmente a la Secretaría de Economía en 2015 por haber otorgado sobre su territorio dos concesiones mineras sin consulta y sin su consentimiento.
“La identificación de cuerpos permite recuperar la identidad de quienes esperan retornar con los suyos. En este sentido, los cuerpos deben ser comprendidos no solo en su dimensión biológica-material, sino como sujetos con nombre e historia, revestidos por los afectos que los vinculan con sus seres amados”.
Es decir, la Ley determina que, si la minería es preferente y para el bien común, hay que dar todas las facilidades para que las empresas accedan de manera plena y sin obstáculos a los terrenos necesarios para la minería, pero también a sus aguas.
“Mañana, 15 de diciembre, se cumple el plazo que señaló la SCJN para que las y los legisladores subsanen las deficiencias de la “Ley Chayote”, como se le conoce a la actual Ley General de Comunicación Social. Lo óptimo sería que las Cámaras solicitaran una prórroga para realizar un proceso serio y en forma, y no como sucedió hace tres años: en fast track y sin un parlamento abierto”.
“La tendencia general es que el presupuesto asignado a las instituciones anticorrupción ha ido a la baja entre 2018, el último año del Gobierno de Peña Nieto, y los primeros años de este gobierno hasta el 2022. Cinco de las siete instancias del Sistema Nacional Anticorrupción han tenido un decremento y únicamente dos instituciones han tenido un aumento”.
El Comité reconoció la apertura del actual Gobierno mexicano al escrutinio y al apoyo internacional, ya que desde 2013 se había solicitado visitar al país en reiteradas ocasiones.
“Es fundamental que las reglas que rigen la designación de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se modifiquen de fondo, con la finalidad de reducir la discrecionalidad con que operan quienes son responsables de conducirlas y el Ejecutivo Federal no tenga esta facultad que genera riesgos para la independencia judicial”.
“A poco más de cinco años de que el Comité realizara su primera revisión periódica respecto de México, ahora este órgano visita nuestro país para realizar la primera evaluación sobre el terreno de las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano para hacer frente a su crisis de desapariciones”.
“Sin duda, incrementar el gasto en infraestructura cultural es una tarea necesaria, pero el Proyecto Integral Bosque de Chapultepec privilegia a aquellas áreas donde el acceso a la cultura ya es una realidad, y parece ignorar las demandas de incrementar el monto asignado a otras instancias culturales”.
“Frente a las necesidades de información de la población, 25 institutos de 33 impulsaron acciones para poner a disposición del público información de manera proactiva, frente a ocho institutos que no emprendieron ninguna acción”.
A pesar de ser productos de primera necesidad, los productos de gestión menstrual –como toallas, tampones y copas menstruales– están gravados a través del IVA.