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“Dado que el IMSS-Bienestar no tiene presencia ni cobertura nacional, hay dudas sobre cómo podrá transitar a una cobertura de población sin seguridad social en todo el país, sin que se genere una crisis”.
“El dolor concebido de esta manera, rompe con la idea de que éste debe experimentarse individualmente y en lo privado, se transforma en una experiencia que permite politizar las ausencias y las muertes, devolverles el carácter humano y el sentido de dignidad”.
“Sin embargo, como sociedad no merecemos vivir en vilo ante decisiones cruciales que impactan el ejercicio de nuestros derechos –como lo son el acceso a la información y la protección de datos personales– por el contrario, tenemos el derecho al buen Gobierno (…)”.
“ALDEA ha llamado al Gobierno de López Obrador y al Congreso a materializar la reforma constitucional sobre derechos colectivos comprometida, que a pesar de ser recibida por el Presidente de manos de la Tribu Yaqui a finales de agosto del año pasado (…)”.
“Si en México las instituciones destacaran por dar resultados, ser transparentes y poner a disposición de la ciudadanía información de interés público estas dos resoluciones de la SCJN no generarían malestar social; pero la realidad dista mucho de que nuestro país cuente con esas condiciones”.
“Al abrir la SCJN la posibilidad de que se impugnen las resoluciones del INAI y de que eventualmente se consideren inválidas, también degrada el principio de máxima publicidad que debe tener la información pública (…)”.
“Los daños y las secuelas que provoca la desaparición forzada se encarnan en los cuerpos y subjetividades de quienes asumieron la búsqueda de sus seres amados como su centro de vida”.
“El Estado mexicano podría exigir que sus empresas multinacionales reporten de manera detallada qué gastos realizan, cuántos salarios pagan y de dónde obtienen sus ganancias, una práctica denominada Reporte País por País que ya ha sido implementada por corporaciones de otras naciones”.
“La labor de las personas jornaleras agrícolas es esencial para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, pero continúa siendo realizada en condiciones de alta precariedad. Por ello es de suma importancia regular y garantizar las condiciones para prevenir los riesgos del trabajo en el campo”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el Presidente de la República reconoce que la actual Ley Minera, expedida en 1992, fue diseñada para proteger y garantizar los intereses de las empresas privadas y puesta al servicio de los grandes capitales y no de la sociedad.
“Aun cuando estas fuerzas de seguridad no reciban órdenes de desaparecer personas, su presencia constante en el territorio para tareas de seguridad es propicia para la generación de redes complejas de criminalidad donde la línea divisoria entre autoridades y grupos delictivos se vuelve difusa”.
“(…) si las evaluaciones no sustentan la decisión final –sobre todo las del Consejo de Evaluación– quedará manifiesto que las motivaciones obedecen a otros criterios distintos a los méritos, vaciando de contenido esta buena práctica de las comisiones dictaminadoras y prestándose a una mera simulación”.
El GIEI nos ha revelado cómo la Marina intervino burdamente el lugar, horas antes de que los trabajos ministeriales y periciales iniciaran formalmente y sin que quedara constancia alguna de su intervención en el expediente de la investigación.
“Así, parece que, a casi cuatro años de Gobierno, sigue sin haber certidumbre sobre las políticas de salud públicas, lo que genera afectación en las y los pacientes. Basta tan solo recordar los grandes problemas de desabasto que se han presentado”.
“Esperemos que el Senado de la República y su comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana llamen a rendir cuentas a la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)”.
“Este 8M y ante el llamado al Paro Nacional de Mujeres el 9M, llamamos a que se concluya la reforma constitucional que incorpora el Sistema Nacional de Cuidados, y que se fortalezcan los programas y los presupuestos orientados a garantizar acciones de política pública que redistribuyan, revaloricen y reformulen la carga económica, material y psicológica que recae en las mujeres (…)”.