Fundar
El pasado 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a las víctimas y sus representantes, así como al Estado mexicano, su resolución final en el contexto de la medida cautelar MC-409-14, sobre las características y facultades del nuevo mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa.
Resolución judicial que ordena la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico Puebla
La familia de Marisol, acompañada por Fundar, presentó una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por las violaciones cometidas. Estaremos atentas a la resolución que dicha institución pueda emitir, pero sin duda, el IMSS debe responder por lo ocurrido, a fin de que se repare de manera integral el daño causado y se garantice, particularmente en Chiapas, que situaciones como éstas no se vuelvan a repetir.
María es de Torreón, Coahuila, y el 7 de agosto de 2011 su hijo Iván desapareció. Desde entonces lo busca y camina hasta encontrarlo
Desde que se supo en definitiva que el GIEI no podría permanecer en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejó claro que no abandonarían el caso, para lo cual se establecería un mecanismo especial de seguimiento
La disminución de los ingresos petroleros y el clima de inestabilidad económica a nivel mundial, como la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea han provocado que el Gobierno mexicano recorte el gasto público
El Presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado mexicano las observaciones al contenido aprobado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que aprobó el Congreso
Comprendido por los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, el Noroeste de México es una región con altos índices de biodiversidad de especies y ecosistemas, notables interacciones biológicas y una importante presencia de bosques, selvas bajas y medianas, manglares y humedales.
Para que la CIDH cuente con un modelo financiero sostenible a largo plazo se necesitan muchos recursos y la intervención conjunta de los Estados, pero en el corto plazo, para superar la crisis, algunos estados podrían realizar acciones muy sencillas que implican otorgar más recursos de lo que destinan anualmente a la CIDH. Por ejemplo, el Gobierno de Colombia podría dar a la CIDH la misma cantidad de recursos que fueron utilizados para comprar las nuevas cortinas del palacio presidencial, o el Gobierno mexicano podría ahorrarse la producción de unos cuantos spots televisivos y aportar esos recursos a la CIDH de manera voluntaria.
La construcción normativa del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México parece que comienza a encontrar su camino.
Hay un acuerdo político para que se dé el periodo extraordinario de sesiones, lo que implica que, no sin ciertas dificultades, el Poder Legislativo entiende que la corrupción es uno de los problemas sociales más importantes. Sin embargo, que la fecha sea posterior al plazo constitucional que establecieron previamente hace evidente que falta un largo camino para que las y los legisladores, hagan una mejor programación del trabajo legislativo.
Avanzar hacia un sistema fiscal justo y equitativo depende de que nuestras autoridades comiencen a dar explicaciones en torno a los beneficios fiscales que se otorgan a determinados contribuyentes.
El GIEI puso en el centro de su trabajo a las víctimas y evidenció la necesidad de documentar los impactos de la desaparición forzada y de la respuesta estatal posterior en distintos niveles de la vida de los familiares: el individual, el familiar y el comunitario.
Por Iván Benumea, abogado del área de Estrategias Jurídicas Desde que en 2012 el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias decidió cancelar, sin justificación alguna, la construcción de un hospital de alta especialidad para atender a pacientes inmunocomprometidos y en estado crítico, tres pacientes con VIH de este hospital iniciaron un largo recorrido judicial para exigir […]
El INM gasta más de lo que se le aprueba en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Esta diferencia parecía tener una explicación sencilla: el INM cuenta con ingresos autogenerados a través del cobro de derechos. También aprendimos que el INM gasta mucho más en el control y la gestión de los flujos migratorios, incluyendo la detención de migrantes, que en la protección de derechos humanos.
Otro gran tema del informe son los 11 riesgos clave que la ASF detectó. Estos son problemas que se repiten año con año y que, si ahora no afectan la operación y ejecución de los programas públicos, lo llegaran a hacer en el futuro si no se resuelven. Es solo cuestión de tiempo.