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Este es uno de los 72 refugios de este país. No son fácil de localizar porque no se anuncian en ningún lado pues son espacios de seguridad para mujeres que huyen de situaciones de violencia extrema. Para las mujeres que están en esta situación, llegar aquí es casi cuestión de suerte.
El pasado 14 de septiembre fue el “Segundo diálogo por la paz, la justicia y la verdad”, un espacio que permitió el encuentro entre el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y diversos colectivos de familiares de víctimas de la violencia en México, quienes lo recibieron en medio de consignas y exclamaciones de dolor dejando claro el mensaje “ni perdón, ni olvido, mientras no haya justicia”, pues esta tiene que ser el camino si se quiere una verdadera transformación en este país.
El primer registro de una desaparición forzada en México data de 1969, en el contexto de la llamada Guerra Sucia, que para las víctimas ha sido un eufemismo para no hablar de terrorismo de Estado.
En este sexenio se ha recortado el presupuesto a dependencias y programas de carácter social como Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Desarrollo Social; mientras que se han registrado enormes incrementos de la Oficina de Presidencia, del opaco Ramo 23, o del gasto en comunicación social y publicidad oficial.
El sexenio aún no empieza siquiera y probablemente en el transcurso de la próxima administración se plantearán otras condonaciones.
Esta situación hubiera sido muy diferente, si la actual administración hubiera implementado otra política migratoria, y en particular no hubiera perseguido y criminalizado a la migración irregular como respuesta a presiones diplomáticas desde Estados Unidos.
Las imágenes y audios de niñas y niños detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos, en centros improvisados y separados de sus madres y padres, han conmovido a todo el mundo. Esto ha ocurrido por las medidas llamadas “cero tolerancia” que fueron anunciadas el 7 de abril pasado, y establecen que todas las personas que cruzan la frontera de Estados Unidos sin permiso, serán procesadas penalmente. Esto ha llevado a que autoridades migratorias de Estados Unidos separen las familias, deteniendo los niños en condiciones deplorables para después ser entregados a familias de acogida o refugios. Se estima que esto ya ha afectado a casi dos mil niños en seis semanas, la gran mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala.
Otra similitud con el anuncio del Programa Frontera Sur es justamente el discurso superficial de preocupación por los derechos humanos, que seguramente se quedará sólo en eso, un discurso. Fue ampliamente documentado cómo el Programa Frontera Sur generó un aumento de detenciones de migrantes y de violaciones a sus derechos humanos. Esta política continúa hoy, además no han cesado los delitos cometidos contra migrantes, hechos que se caracterizan por una impunidad casi absoluta.
A unos meses de que acabe el actual sexenio y tan solo a unas semanas que termine el periodo de sesiones en el Congreso, desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos advierten que varios grupos parlamentarios −PVEM, PRI y PAN−, se encuentran impulsando una reforma a la legislación ambiental en materia de gas y petróleo. Específicamente, a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que fue creada con la Reforma Energética de 2013.
La minería es un sector industrial sumamente privilegiado en el país. Por un lado, goza de una laxitud en la aplicación de regímenes fiscales pocas veces visto en otras industrias, y por otro, una batería de leyes la protegen y privilegian.
Almaden Minerals quería lo mismo que hicieron en su momento las empresas Hochschild y Zalamera dentro del caso de la comunidad Me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero: desistirse de las concesiones que le fueron entregadas para dejar sin materia el juicio; no hay materia, no hay sentencia ni un análisis a profundidad de las implicaciones de la Ley Minera.
Los recortes orillan al gobierno estatal a elegir entre acciones esenciales para la atención en contextos indígenas y lejanía de los servicios de salud, como contratar traductoras en lenguas o disponer de recursos para el traslado y alimentación de las mujeres embarazadas y sus acompañantes. El dinero no alcanza para todo, aunque todo es necesario
El próximo 14 de marzo se presentará en la Ciudad de México el Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa. Este informe toma su nombre, “Yo sólo quería que amaneciera”, del testimonio de uno de los estudiantes sobrevivientes, porque refleja el horror de aquella noche, que se propaga hacia las víctimas y la sociedad mientras […]
Más allá de los apoyos que pueda tener, la designación de la CNB era o es una de las más relevantes que hayamos tenido, por lo que ha representado la desaparición de personas en nuestro país.
Para nuestros legisladores se ha convertido en costumbre dejar instituciones acéfalas, al menos entre las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La ‘omisión legislativa’, como se conoce a la falta de acción y decisión del Poder Legislativo en su conjunto, tiene, al menos, dos implicaciones relevantes: en primer lugar, dificulta o impide atender el asunto público para el que se requiere esa acción (crear una ley, realizar una designación, dictaminar las cuentas públicas, etc.); en segundo lugar, esa falta de atención puede afectar directamente los derechos de las personas.