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La situación es grave, sin embargo, el marco regulatorio en la materia es sumamente laxo, si bien las limitaciones a la actividad minera señaladas por la LGEEPA son importantes, la realidad es que la ley minera en su artículo 20 es bastante permisiva al respecto, puesto que señala la necesidad de obtener autorización, permiso, o concesión según el caso, de las autoridades que tengan a su cargo las ANPs cuando se realicen obras y trabajos de exploración y de explotación.

“Disminuir en más del 40 por ciento el presupuesto podría ser perjudicial, si no hay una ley adecuada que garantice la libertad de expresión y la pluralidad de medios”.

Un análisis con perspectiva de derechos del PEF 2020 muestra que, en términos presupuestarios, aún falta mucho para que el compromiso discursivo de la actual administración para prevenir y erradicar graves violaciones a derechos humanos se materialice.

“Para potenciar los esfuerzos de combate a la corrupción, se deben establecer medidas eficaces, eficientes, que tengan efecto perdurable para que realmente erradiquen la corrupción y se apeguen a las disposiciones de derechos humanos”.

“Más allá de las pugnas por los recursos del Fondo Minero, es un hecho que la aplicación de este dinero de la manera en que se venía realizando años atrás ha estado llena de vacíos, opacidad, falta de rendición de cuentas y de transparencia”.

“El próximo domingo 8 de septiembre sabremos la escala de los posibles cambios al presupuesto, así como las inercias que mantendrá”.

Mientras la realidad y la ficción se unían y chocaban en el 94, en la discreta y convulsa Tlapa de Comonfort, en el corazón de la Montaña, surgía un 6 de junio el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Tlachi comenzaba su labor en una habitación de hotel, un día después de haberse presentado –y celebrado, como todos los credos mandan– ante autoridades y población de la Montaña. De lecciones que aprenderles, ahí estuvo la primera: presentarse, hacer vínculos locales y celebrar el inicio de un proyecto. Cosas que, desde una visión centrista y citadina, olvidamos, movidos por el frenesí de querer cambiar el mundo sin siempre comprenderlo.

“La prohibición constitucional representará un cambio de paradigma de nuestro sistema tributario, pero no debería ser la única modificación significativa que ocurra en este sexenio”.

Contrario a lo argumentado por el legislativo, existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa no es el camino para disminuir la comisión de delitos, disminuir la impunidad o combatir la corrupción. El fondo del problema vas más allá de mantener a más presos en la cárcel, sino que los asuntos que se judicialicen se investiguen de manera adecuada y se garanticen los derechos de las partes, es decir, que se cuente con un sistema de procuración de justicia eficiente.

Hace unos días, se hicieron públicas una serie de denuncias de violencia de género a través del #MeToo mexicano, que van desde formas difusas o “escurridizas” de violencia, hasta conductas que se encuentran tipificadas como delito.

La corrupción en la gestión de recursos públicos reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Los refugios para mujeres víctimas de violencia son el segundo nivel en el modelo de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, establecido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por Edmundo del Pozo* En tributo a Samir El lamentable asesinato del defensor Samir Flores, unos de los principales líderes de la resistencia contra la termoeléctrica de Huexca, Morelos, se suma a lista de trece defensores y periodistas que ha sido ejecutados antes de cumplirse los 100 días de la actual administración. El hecho, aunque […]

Y en el combate a la corrupción, tales características cobran mayor importancia pues significa que ministros, magistrados y jueces pueden fincar responsabilidad y sancionar a servidores públicos por la comisión de actos de corrupción, sin injerencia de ningún tipo y protegiendo las garantías de los derechos humanos. Pero en el caso mexicano, los procesos de selección de los operadores de justicia mexicanos, especialmente de la más alta jerarquía, han sido cuestionados.

Además, los EISAs deben ser realizados de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones relacionadas con los proyectos de desarrollo o inversión; la Corte IDH ha sido muy enfática en determinar que el Estado debe garantizar que no se otorgará ningún permiso sin que se haya realizado de manera previa un EISA. La Comisión Interamericana por su parte ha expresado su preocupación debido a que ha identificado que en ocasiones tales estudios se realizan con posterioridad al otorgamiento de la concesión o aprobación de los planes de desarrollo (como es el caso de las concesiones entregadas a Almaden).

Urge hacer cambios a la ley minera en México, pero quien decida hacerlos debe saber que se enfrentará a grupos y redes de poder tremendos.