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El impuesto predial, cobrado a la propiedad inmueble, es un pilar fundamental del sistema tributario a nivel global, que en México es administrado por los gobiernos municipales. Tiene características interesantes, debido a que es difícil ocultar la riqueza que las personas poseen en forma de casas, departamentos o edificios, además que la ley exige que la propiedad de estos inmuebles esté registrada ante las oficinas de catastro, por lo tanto, el gobierno tiene la lista de las propiedades que posee cada persona, y con base en ello cobra el impuesto.
El próximo 8 de marzo se cumplirá un año de la marcha encabezada por madres de víctimas en la que decenas de miles de mujeres nos manifestamos en las calles en contra de la violencia machista, feminicida y de género.
Como es sabido, en México existe un importante movimiento de personas que, habiendo sido atravesadas vitalmente por la violencia y la impunidad, se han organizado para convertir su experiencia en una potencia transformadora.
Cualquier cambio que se realice tendría que ser a favor de mejorar el derecho y sus mecanismos de protección, que, en consecuencia, mejoraría la garantía de otros derechos.
Desde el Observatorio Designaciones Públicas hemos insistido de manera reiterada en la relevancia de contar con perfiles idóneos al frente de las instituciones públicas.
Llama la atención el desprecio que ha demostrado el Poder Legislativo hacia la participación y aportes de las víctimas, quienes han luchado durante años para lograr algunos de los avances legislativos más importante para combatir la impunidad.
En nuestro país, el derecho a la información fue normado desde 1977 sin que se crearan en ese momento leyes secundarias.
Los gobiernos suelen depender de los impuestos que pagan las personas cuando trabajan o cuando compran bienes y servicios.
El caso del Paso Exprés ejemplifica los retos que aún existen en nuestro país para combatir la corrupción.
La disponibilidad de médicos y enfermeras según subsistema es también sumamente desigual.
Las mujeres que somos parte de la Alianza Campo Justo unimos nuestras voces.
Con la desaparición de los fideicomisos no sólo la asignación presupuestaria es importante, poner en el centro a las personas y la garantía de los derechos.
La deuda por resarcir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo el derecho de una persona a ser localizada, es histórica.
Por: Beatriz Olivera (@beoliverav)* Las empresas mineras en México ostentan una serie de privilegios; fiscales en primera instancia, pues varios informes de la Auditoría Superior de la Federación reflejan que se han dado el lujo durante años de no cumplir a cabalidad con el pago de sus impuestos y derechos. Gozan también de privilegios ambientales, […]
En #MenstruaciónDignaMéxico queremos que todas las mujeres y personas menstruantes vivan su menstruación con dignidad.
Para el caso de los megaproyectos en México, no sólo ha sido evidente la falta de realización de este tipo de estudios.