A dónde van los desaparecidos
Por lo menos, seis residentes de la zona enviaron uno o más correos al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, en los que advertían de la creciente presencia de grupos criminales.
Quien buscó primero a Misael Martínez Pérez, tras ser víctima de desaparición forzada el 7 de marzo de 1978 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue Isaías Martínez Gervancio, su padre. Estela Martínez Pérez, hermana de Misael, entonces de 27 años, recuerda acompañarlo en las búsquedas.
Mientras desciende por un camino de terracería, entre pequeños cerros verdes, es imposible no ver en la playera blanca de Gerardo Calleja Martínez las letras negras con el nombre de Luis Alberto, su hijo secuestrado y desaparecido en Poza Rica, Veracruz, hace más de 12 años. Es un recordatorio de que la lucha continúa, que debe seguir buscando.
Desde hacía al menos una semana, en el Panteón San Marcos de este pueblo rural del sur de Zacatecas se había acondicionado el espacio donde descansarían Mayra Beltrán Frausto de 30 años, Javier Delgado Rodríguez de 32, y Fernando Gallegos García de 38, fallecidos junto a otras 50 personas en junio de 2022 en San Antonio, Texas.
Un diente de oro puede ser desde una prótesis hasta un capricho estético. Para Teresa de Jesús Jiménez Hernández representó la esperanza de que su marido Jaime Pascual Gómez Ruíz estuviera vivo. A ese recuerdo se aferró cuando, al examinar el cadáver de su esposo recién repatriado de Estados Unidos, se percató de que le faltaba la corona que solía brillar en su boca.
Con una clara ausencia de autoridades de los tres niveles de gobierno e incumplimiento de acuerdos, arrancó la VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (BNB), un modelo de intervención humanitaria que se volvió a dar cita en Morelos (misma entidad donde se trabajó en 2021), un estado marcado por fosas clandestinas hechas por autoridades estatales, y la desaparición de personas y homicidios vinculados al desarrollo de megaproyectos.
Los trabajos se suspendieron hace cinco años también porque la Fiscalía ya no contaba con espacio en el panteón ministerial ubicado en Cuautla para colocar más cuerpos. Ese cementerio forense se construyó en 2016, luego de que estalló el escándalo de las fosas de Tetelcingo, las mismas que se calificaron de irregulares.
Mientras todo esto ocurre, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, siguen en busca de sus hijos.
Aunque las familias consideraron esta visita inédita como un triunfo, y se notaba la emoción por haberse conectado con familias de víctimas de todo el país, también se quejaron de que faltó apoyo de los militares.
Rosario Lilián Rodríguez Barraza fue subida a una camioneta a la fuerza ayer, el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, a las 21:10 horas cuando recién salía de una misa especial que pidió fuera dedicada a su hijo Fernando, un joven de 20 años desaparecido el 16 de octubre de 2019. Rosario no fue buscada y la madrugada de este 31 de agosto, un día después de que se la llevaran a la fuerza los hombres armados, su cadáver fue encontrado.
En este 2022 se cumplen 10 años desde que las familias Pérez Rodríguez y Mendiola Acosta iniciaron la búsqueda de sus familiares desaparecidos en la carretera 85, que atraviesa el municipio de El Mante, en Tamaulipas, un territorio asolado por la violencia del crimen organizado. Sus búsquedas han dado respuestas sobre qué pasó con cientos de personas desaparecidas en esa región inhóspita.
La violencia no es la causa de muerte exclusiva de los más de 52 mil cuerpos de personas sin identificar: hay un crisol de motivos, desde enfermedades, accidentes o hasta condiciones extraordinarias. Las ropas que vestían también cuentan la historia de su ausencia. Las personas que llevaban esas blusas, esos pantalones, esas sudaderas pueden estar aún contabilizadas en la lista oficial de más de 100 mil desaparecidos en México.
En esta parroquia de San Isidro Labrador, en Acámbaro, Guanajuato, la letanía de nombres de personas desaparecidas se oye los últimos viernes de cada mes. Este ritual se realiza desde 2017, año en que comenzaron las misas callejeras por la paz en la colonia San Isidro Labrador, al sur de la ciudad. La pandemia de la COVID-19 —también el aumento de la violencia— llevó a que esas misas se instalaran en la iglesia.
A partir de diciembre de 2006, al inicio del sexenio calderonista, la desaparición de personas comenzó a ocurrir masiva y sistemáticamente como consecuencia de la estrategia de seguridad llamada “guerra contra las drogas”.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje. En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50 por ciento de las desapariciones.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pulverizó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa con un video en el que muestra cómo peritos de la PGR, acompañados por elementos de la Marina y la Policía Federal, manipularon el basurero de Cocula -en presencia del Procurador Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México- la madrugada del 27 de octubre de 2014, once días antes de que informaran que en ese lugar habían sido ejecutados y calcinados los estudiantes.