A dónde van los desaparecidos
La noche del 14 de febrero de 1974, un batallón del Ejército mexicano y agentes de la Policía Judicial Federal y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) atacaron la “casa grande”, una vivienda de seguridad que las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) tenían en San Miguel Nepantla, Estado de México. Cinco de los siete integrantes del grupo insurgente que se encontraban en el lugar fueron acribillados, trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) y posteriormente enterrados en la fosa común del Panteón Civil de Dolores.
La Estrategia Nacional, que se prolongó de mayo a diciembre de este año –después de una primera etapa en la capital del país en septiembre y octubre de 2022–, se basó en la metodología desarrollada por la Ciudad de México, que consistió en comparar el RNPDNO con bases de datos administrativas (programas sociales, vacunación por COVID, Registro Nacional de Población, IMSS) para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición de una persona.
El verde del manglar, el sonido de las aves y la tranquilidad que se respira hacen difícil creer que en Punta Puquita, un islote localizado al sur del Sistema Lagunar de Alvarado (SLA), una zona de Veracruz protegida por su biodiversidad, se hayan descubierto restos humanos.
El programa que opera la SB forma parte de las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que según el presidente estará lista en diciembre.
Han pasado doce años desde que Cosme Humberto Alarcón Balderas desapareció una tarde de mayo, y cinco desde que su madre identificó su cadáver en las imágenes de un expediente. Desde entonces, Marcela Balderas intentó recuperar su cuerpo, pero la FGE lo extravió. Resignada a no encontrarlo, decidió el día en que hubiera cumplido 29 años organizar una ceremonia para celebrar su vida
Entre las trece personas candidatas a dirigir la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) figuran las excomisionadas de Puebla, María del Carmen Carabarin Trujillo, denunciada por un colectivo del estado ante la Fiscalía Anticorrupción, y de Quintana Roo, Luz Margarita González López, acusada por familiares de personas desaparecidas de ineficacia.
Horas antes de que los desaparecieran, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz habían encabezado una asamblea en San Miguel de Aquila, comunidad indígena nahua localizada en la región Sierra Costa de Michoacán.
Las amenazas en contra de quienes han levantado la voz para defender el territorio han sido permanentes, sobre todo a partir del 2012. Ese año, Celedonio Monroy Prudencio, uno de los líderes más visibles de la comunidad, fue desaparecido.
Cinco años después, no hay detenidos por la desaparición del defensor. El proyecto hidroeléctrico se detuvo, pero no se ha cancelado.
México está entre los cinco países más peligrosos para las personas defensoras. La desaparición es una violencia cada vez más visible en contra de quienes han decidido defender ríos, bosques, cerros y todo aquello que ahí da vida a un territorio.
La opacidad se impuso en el caso Ayotzinapa. Ante la imposibilidad de obtener nueva información, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos últimos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas en 2014, dejarán de colaborar con el gobierno federal el 31 de julio. Unos días antes, el martes 25, presentarán su último informe.
“¿Ya apareció Miguel Armando, verdad?”, preguntaron las dos mujeres que bajaron de una camioneta blanca con logos de la Comisión de Búsqueda del Estado de Durango. Era el lunes 10 de julio cuando llegaron a la casa de la pareja del hombre desaparecido para decirle que lo habían reportado como vacunado contra el COVID-19.
A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) no existe claridad sobre el número de personas migrantes desaparecidas en México.
Durante los once años que pasaron desde la desaparición de su hermano, Mario se convirtió en un puntal de los familiares en búsqueda, un hombre que supo enseñar a ubicar fosas clandestinas, y brindar apoyo a quienes requerían de su ayuda, de cualquier lugar del país, especialmente en su comunidad.
El Gobierno estatal reconoció 27 víctimas de desaparición, mientras que el colectivo Alas de Esperanza dijo tener constancia de 45 personas desaparecidas solo en Allende.
A Ana María le gusta cantar, Delfina solía agasajar a su familia con su platillo favorito, Adulfa procuraba siempre ayudar a los demás, Virginia tiene una sonrisa inolvidable, Alicia es un referente para su hija. Así permanecen vivas en el recuerdo.