Ciudad de México, 19 de febrero (SinEmbargo).– Hace ocho años, cerca de las 2:30 de la madrugada, la mina Pasta de Conchos, explotó. Las llamas alcanzaron los entre los 600 y 900 grados centígrados y 65 trabajadores quedaron sepultados bajo lo que hoy sólo es tierra.
Familiares de los mineros que quedaron atrapados en esa mina de San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, permanecieron durante varios meses a la espera de que aparecieran, por lo menos, los cadáveres de los trabajadores del turno de las 22:00 a las 6:00 horas, para darles “santa sepultura”, lo que jamás ocurrió.
El cumplimiento de la petición que hicieron esposas, madres, padres e hijos de los sepultados por la recuperación de los cuerpos, se quedó en el aire, como otro de los pendientes que dejó el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés.
La empresa minera responsable fue Grupo México, que otorgó 750 mil pesos a cada una de las familias de los 65 mineros fallecidos y gastos para la educación de los menores que quedaron huérfanos. Sin embargo, lo que los familiares pidieron no les fue otorgado. Hubo marchas y protestas, sin embargo hoy se cumplen ocho años de que aquellos mineros no fueron vueltos a ver, ni siquiera muertos.
De acuerdo con el diario La Jornada, Moreira Valdés dio a conocer que pese a que la mina ”operaba con elevados índices de inseguridad”, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia debido a la “negligencia y cuestiones de corrupción en que incurrieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo” a nivel estatal, encabezados entonces por Pedro Camarillo Adame.
A cinco años de la tragedia, el gobierno no había respondido a las recomendaciones que ya le había dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en favor de la Familia de Pasta de Conchos.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) también emitió un dictamen en el que señaló que el gobierno de México tuvo responsabilidad por negligencia en la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y en su rescate. Pero Moreira no declaró nada al respecto.
Un año después de la explosión de la mina 8 de Pasta de Conchos, Moreira Valdés dijo a El Universal que el ex presidente Vicente Fox Quesada le pidió encarcelar a inocentes para encubrir a funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre ellos a su entonces titular Francisco Javier Salazar Sáenz.
"En mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral, inventar delitos para otras personas, de ese tipo; entonces yo no me voy a callar, se equivocaron de gobernador", dijo Moreira al diario.
En tanto, el periódico Vanguardia de Saltillo (citado por El Universal) informó que en un documento de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el caso Pasta de Conchos, firmada por Armando López, secretario técnico de esta comisión, se señala: "Humberto Moreira es corresponsable de la tragedia ocurrida".
Moreira ofreció una beca a los niños de cuyos padres la explosión les arrebató. Esta ayuda fue dada por la Industrial Minera México y el Gobierno de Coahuila, sin embargo, un año después, la empresa dejó de otorgar el apoyo económico, el cual les había sido prometido hasta que los cuerpos fueran encontrados. El 4 de abril de 2007, la búsqueda fue suspendida y un mes después , también las becas, según documentó El Siglo de Torreón, de acuerdo con las versiones de algunos familiares.
Otras versiones declaran que las becas les fueron retiradas desde 2010. En 2011, ese diario informó que la ayuda que el gobierno de Coahuila daba todavía a los afectados de entre 2 y 3 mil pesos mensuales.
En 2007, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa también prometió esclarecer el caso e impulsar el desarrollo de las mineras, y es que algunas versiones de lo ocurrido aquel 19 de febrero de 2006 señalan que la explosión ocurrió por la acumulación excesiva concentración de del gas metano, misma que rebasaba los estándares legales permitidos, de acuerdo fuentes sobre la declaración de familiares de los trabajadores.
Lo cierto es que ni Fox, ni Moreira, ni Calderón solucionaron lo que la Familia Pasta de Conchos pedía y sigue pidiendo: recuperar los cuerpos que quedaron bajo los escombros durante aquella explosión de 2006.
De acuerdo con la revista Proceso, la empresa Industrial Minera México puso el año pasado un amparo para evitar el eventual rescate de los 63 cuerpos que quedaron sepultados en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006.
SE PONEN DE ACUERDO
Ayer, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acordaron en el Senado pedir al Presidente Enrique Peña Nieto se lleven a cabo acciones para recuperar los 65 cuerpos de la Familia Pasta de Conchos aún reclama.
Por su parte, Hilda Flores Escalera, Senadora del PRI por Coahuila, dijo que legisladores realizarán un punto de acuerdo donde se pedirá cambiar las leyes y evitar la de mineros en las llamadas “minitas de arrastre y pocitos”, donde han perdido la vida más de 100 mineros desde 2006 a la fecha.
Al respecto, el Senador Javier Corral Jurado, del PAN, prometió “atajar en el Senado” la minuta que le fue enviada por la Cámara de Diputados, en la que supuestamente se prohíben los pocitos o minas de tiro vertical, “cuando en realidad lo que hace es institucionalizarlos”, declaró el legislador panista luego de que se realizara una audiencia pública con los familiares de los mineros fallecidos
El Senador comentó que la minuta “ya fue votada en las comisiones, pero tiene una oportunidad entre el dictamen de las comisiones y su discusión en el pleno del Senado de la República”.
Corral enfatizó que “no puede el desarrollo económico justificar en nombre de nada estas formas modernas de explotación, de esclavitud humana, como lo constituyen los llamados pocitos, las minas de arrastre, me parece que aquí hay un profundo desprecio por la vida misma”.
En su turno, Alejandro Encinas Rodríguez, Senador del PRD, acusó que ha pasado ocho años de corrupción e impunidad que representan “una vergüenza para las instituciones públicas” que ceden ante intereses económicos en lugar de atender las necesidades de los trabajadores de la industria minera.
Encinas agregó que “con la nueva ley ya no solamente las minas de carbón podrán abastecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino podrán ser los mismos concesionarios que tienen hoy las minas quienes pueden establecer sus plantas de generación de electricidad para vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad”, condenó el senador.
En tanto, Angélica de la Peña Gómez, dijo a los familiares que se abrirá una agenda legislativa para satisfacer las peticiones de la Familia de Pasta de Conchos y también se pronunció por la pronta recuperación de los cuerpo la cual solicitará a la Secretaría del Trabajo.
Los Senadores de los tres partidos acordaron revisar el marco que regula las actividades de las minas de carbón ya que, según expresaron, no se puede continuar en el viejo esquema que ha dañado a los trabajadores de las minas y sus familias.
LA FAMILIA PASTA DE CONCHOS, EN PIE
En tanto la Familia Pasta de Cochos demandó a los legisladores:
1) Suspender de manera inmediata y de forma definitiva del modelo de extracción de carbón por medio de tiros verticales (pocitos, donde ha muerto la mayoría de mineros posteriores a los de Pasta de Conchos).
2) Ratificar los Convenios de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) y el Repertorio de recomendaciones prácticas en las minas de carbón subterráneas, 2006; y sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81, del Plan de acción mundial sobre ratificación de los convenios de gobernanza).
3) Dictaminar sobre la creación de la Comisión Nacional Reguladora del Carbón.
Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI dijo que se impulsará una solicitud para que se busquen los 63 cuerpos perdidos en aquella mina de Coahuila.
Las accidentes en las minas de carbón de Coahuila que se registraron durante los últimos años, provocaron una demanda constante para las autoridades mexicanas, no sólo de los obreros mineros, sino de organizaciones como la Cámara Minera de México (Camimex) que en su Informe 2012 pide la regulación de los llamados “pocitos”, exploraciones de minerales ilegales que proliferan en la región carbonífera.
“Grupos que al margen de la ley invaden impunemente concesiones mineras de terceros y, sin permiso ni autorización, desarrollan obras mineras carentes de las más elementales medidas de seguridad e higiene, no ofrecen seguridad social a sus trabajadores y explotan el carbón de manera empírica”, alertó la Camimex ese año.
La NOM-032-STPS-2008 establece el equipo mínimo de un trabajador de minas de carbón:
a) Cascos de protección.
b) Lámpara minera con batería recargable de duración mínima de 1.25 veces el turno del trabajador.
c) Cinturón porta lámpara.
d) Botas de hule con puntera o calzado de protección con puntera.
e) Tapones o conchas auditivas.
f) Lentes de seguridad.
g) Guantes.
h) Respiradores contra partículas.
i) Ropa de trabajo de algodón o de materiales que no generen electricidad estática.
j) Autorrescatador, y
k) Ficha metálica de identificación.
