Con el inicio del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, llega a la agenda pública una de las propuestas más importantes para nuestra sociedad y los animales: la primera Ley General de Protección y Bienestar Animal.
A finales del año pasado fuimos partícipes y testigos del poder de la sociedad civil que, con determinación y el respaldo de más de 140 mil personas, impulsó las reformas para incluir a los animales en la Constitución. Esto, cabe recordar, fue un paso más en la constante e incesante tarea de trabajar y velar por sus derechos. Ahora, la posibilidad de una Ley General debe ser vista como una oportunidad histórica para que el país materialice el fundamento constitucional de la protección animal, pues en ella se definirán las responsabilidades que tienen los diferentes sectores de la sociedad.
El eventual éxito de esta ley no depende sólo de la intención, sino de que se logren acuerdos pragmáticos y funcionales que verdaderamente garanticen un cambio estructural en la forma en que tratamos a los animales en todas las esferas. Es crucial que esta ley sea apoyada por todas las fuerzas políticas y que, más allá de la ideología, se reconozca el bien común en la protección de los animales.
Tampoco debemos caer en la trampa de una legislación fragmentada. Esta ley debe darnos un piso mínimo aplicable en todo el territorio nacional con un enfoque flexible que permita la adaptación local sin perder de vista el objetivo común: la protección de los animales. La oportunidad de una Ley General no significa imponer un modelo único, sino ofrecer un marco que permita a las autoridades locales implementar políticas de acuerdo con sus realidades, siempre bajo los mismos estándares básicos.
Una ley integral
Esta ley debe ser lo suficientemente integral para incluir a los animales criados para consumo. A menudo, éstos quedan fuera de las discusiones sobre su protección, a pesar de ser los más afectados por las condiciones en las que viven y mueren. Si realmente queremos hablar de protección animal los explotados por la ganadería industrial deben ser incluidos. Esto no es nuevo y lo hemos demostrado: en Hidalgo, Colima y Oaxaca Igualdad Animal logró impulsar, hasta su aprobación, leyes en la materia.
La participación de expertos en protección animal, veterinarios, y académicos debe ser esencial en la elaboración de los criterios de la ley para que realmente sea efectiva, pues debe basarse en principios técnicos y científicos que vayan más allá de la retórica política. Tampoco se trata de imponer restricciones que sean inviables o demasiado costosas, sino de establecer normativas claras y alcanzables que puedan ser monitoreadas y ejecutadas adecuadamente.
No sólo un avance simbólico
En este sentido, Igualdad Animal ha estado trabajando incansablemente para que el análisis técnico de la ley sea profundo y efectivo, buscando que la legislación no sea solo un avance simbólico, sino una herramienta funcional para transformar las condiciones de vida de millones de animales en México.
Es fundamental que el proceso legislativo sea inclusivo y transparente, con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos de los animales, y de todos los sectores interesados. La ley no debe ser un documento aislado, sino el inicio de un cambio cultural profundo en el país, donde la protección y el cuidado de los animales sea una prioridad en la agenda pública, política y social.
Al final, la verdadera prueba de esta ley será si es capaz de generar cambios significativos en las condiciones de vida de los animales, si se lograron acuerdos para su inclusión en todas las áreas pertinentes, si se legisla en función de sus necesidades reales y no de intereses particulares, y si se hace un seguimiento adecuado de su implementación. Solo así podremos decir que estamos avanzando hacia un México más justo para todos los animales.
Es momento de que todos los actores políticos y académicos se comprometan a un verdadero cambio, donde los animales no sean vistos como meros recursos, sino como seres sintientes que merecen respeto y protección. Esta ley tiene el potencial de trazar la ruta para los derechos de los animales en México, cuya sociedad ha convertido la protección animal en un tema prioritario. El reto ahora es asegurar que se haga bien, y con el compromiso de todos. ¡Por la Primera Ley General de Protección Animal!
