Sin que fuera un quebradero de cabeza, cuando estudié Derecho Público, era difícil el tema de la clasificación de las constituciones en flexibles y rígidas. Los maestros recomendaban al respecto leer la obra de James Bryce, que por cierto no estaba en la biblioteca escolar ni en ninguna otra de Chihuahua.

Se discutía qué era mejor: una Constitución que no se pudiera cambiar a capricho con el cien por ciento de las posibilidades, fuera cual fuera la enmienda propuesta; o la flexibilidad para irla adecuando a cada momento y circunstancia. Había maestros que se orientaban por la rigidez y nos exponían el ejemplo de la Constitución de los Estados Unidos, que data del siglo XVIII y que tenía en su haber las enmiendas indispensables, dictadas por su propia historia.

Recuerdo que a las flexibles se les objetaba que los ambiciosos del poder pudieran cambiarla a placer y, por tanto, restarle a un texto constitucional el tiempo suficiente para prodigar sus beneficios. De nueva cuenta se elogiaba al constitucionalismo norteamericano, entre otras cosas por su brevedad, por tratar pautas para resolver grandes problemas y modular en la legislación secundaria la normatividad de cada una de las etapas de la vida política o económica.

Así, repasábamos las no pocas constituciones que hubo en México, contabilizando la que se expidió en Cádiz todavía en la época colonial. Obviamente desembocábamos en nuestra Constitución de 1857 y la posterior de 1917, carta esta última que hizo una declaración de derechos sociales.

No era extraño, aunque parezca fútil, que hasta el tamaño de los libros que contenían la legislación influyera en el discurso académico. Se decía que mientras una Constitución se contenía en un pequeño volumen, el Código Civil o el de Comercio se encargaban de desmenuzar a detalle muchos aspectos de la vida de las personas, bienes y sociedades, por lo cual eran enormes, con miles de artículos.

Ahora nos encontramos en México una realidad diametralmente distinta de la que he narrado. Sobre la Constitución mexicana ya no se debate si es de uno u otro tipo de los anotados, porque se ha convertido en un texto absolutamente dúctil en manos de la Presidencia de la República y las mayorías que logre, en lo que se ha dado en llamar “el Constituyente permanente”, que no pone cortapisas para alterar la Constitución, que al paso que va, será más grande que el Código Civil o de Comercio juntos, y en el que abundan, a granel, cientos de artículos transitorios que terminan por hacer difícil lo que debiera ser sencillo, porque una Constitución debe ser conocida por el común de los ciudadanos.

Tanto priistas como panistas y morenistas propenden a que todo sea materia constitucional, aunque no lo amerite desde ningún ángulo. Pareciera que si algo no está en la Constitución, simplemente no existe. Bajo esta visión, la clasificación de las constituciones ha quedado rebasada de manera absoluta. Y todos los gobiernos van a querer dejar su sello particular de “reformistas”.

El ejemplo que pusieron los legisladores del 57 y del 17 hoy valen nada, porque en el código fundamental no una, ni dos, ni tres reformas se van a adjudicar a los ocho últimos presidentes de la república, incluida la que termina en “a”.

Si quisiéramos hacer un juicio de valor sobre esto, hoy me inclinaría por una nueva Constitución, de raigambre liberal, derechohumanista, con declaración de derechos sociales, con reconocimiento de la supremacía del derecho internacional, que fuera breve, con el lenguaje de sus ciudadanos, y que tuviera la duración para un ciclo largo que le dé viabilidad al país en un mundo altamente complejo.

Pero estoy a contrapelo de lo que tenemos ahora, porque en lugar de apostarle a la legislación secundaria, cuando el problema lo dicta, hoy tenemos la iniciativa Sheinbaum para acabar con el nepotismo, con letra constitucional de por medio, cuando ella podría obligar a sus correligionarios a tener autocontención para no ver el espectáculo más bochornoso de promover, por ejemplo, a “Andi” López Beltrán, o a esas familias que ya hacen fila en los cargos públicos, como los Monreal, los Batres, las Alcalde Luján, y tantas otras que ya están aquí y ahora detentando el poder pura sangre.

La historia de la no reelección, que también se va a elevar a rango constitucional, habría que verla más despacio en nuestra historia legislativa. Pero mejor sería no tener tolerancia con quienes plagian tesis y son ministras de la Suprema Corte y, lo más grave, que esté reapareciendo en el país aquella etapa de la sombra del caudillo o el Maximato.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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