Con la nueva Ley del Infonavit, el Consejo de Administración podrá aprobar el presupuesto de inversión en construcción, por lo que se garantizará en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas derechohabientes.
Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general —con 346 votos a favor y 90 en contra— y en lo particular —con 322 votos a favor, 107 en contra y cero abstenciones— el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, para convertir al Infonavit en constructor y arrendador de vivienda de carácter social.
"El dictamen señala que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos", destacó la Cámara de Diputados en un comunicado.
Con dichos cambios a la Ley, el Consejo de Administración del Infonavit tendrá la atribución y facultad de avalar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto.
La Cámara de Diputados avaló el dictamen a la minuta que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, cuyo fin es brindar una vivienda con orientación social. https://t.co/jIdZ5H148t
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 2, 2025
Además, podrá aprobar el presupuesto de inversión en construcción, a fin de garantizar en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadoras derechohabientes, conforme al programa de inversión habitacional que la Asamblea General permita en el plan financiero de cada año.
También se estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), auxiliada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fijará las normas de carácter prudencial y sanas prácticas a que se sujetarán las operaciones en materia crediticia que realice el Instituto.
Asimismo, la Cámara de Diputados precisó que, sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información previstas en la Ley de la materia, la Dirección General del Infonavit proveerá lo necesario para que el público conozca de la situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica del Infonavit; así como los riesgos relacionados con el fondo que contiene los recursos, y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros.
El Infonavit fue nido de corrupción
Apenas el pasado 27 de enero, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) destapó un esquema de corrupción que se gestó en administraciones pasadas, en donde jueces corruptos, funcionarios y despachos se coludieron para despojar a decenas de miles de derechohabientes de sus viviendas mediante juicios masivos, derivados de los créditos impagables que se otorgaban.
La estrategia que utilizaron jueces, funcionarios y despachos consistió en interponer demandas a las y los derechohabientes en estados distintos a los de su residencia para evitar que fueran notificados de los procesos en su contra y no pudieran defenderse. Miles que habían intentado obtener una casa perdieron sus hogares.
Por este caso, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se continúan presentando denuncias penales al respecto.
Por ejemplo, en Nayarit, despachos de abogados, notarios, jueces y funcionarios operaron para demandar a 61 mil derechohabientes, de los cuales sólo 717 vivían en ese lugar. En contraste, 17 mil 717 tenían su vivienda en Chihuahua; 16 mil 579 eran de Tamaulipas; seis mil 214, de Nuevo León; y 20 mil 703, del resto del país.
Por el fraude se acusó a un notario, a un Magistrado, a cinco jueces y a otros cinco funcionarios. "Hoy en día, dos jueces y tres funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro que sólo hubiera sucedido en Nayarit", comentó Octavio Romero.
