La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también condenó el asesinato de Villegas y, luego de calificarlo como un acto atroz que debe ser castigado, expresó que se avanzará en las investigaciones.
Por Luis Carlos Sáinz
Tijuana, Baja California (Zeta).- La ejecución de un juez federal del ámbito penal en el Estado de Colima caló hondo en el ánimo de la comunidad jurídica y de la sociedad mexicana, que se siente inerme e impotente ante la escalada de violencia en el país, mientras las autoridades ejecutivas justifican su pobre actuación ante el fenómeno con estadísticas delictivas comparativas con meses anteriores y presumen la disminución de uno o dos homicidios.
El hecho de que la inseguridad y la violencia hayan alcanzado al Poder Judicial de la Federación no es un asunto menor, sino un grave atentado contra la actividad jurisdiccional, que lesiona y daña de forma directa a los impartidores de justicia e indirectamente a los usuarios de la misma, estimó el maestro en Derecho penal Jorge Huerta Partida.
La mañana del martes 16 de junio, sujetos armados llegaron hasta el domicilio de Uriel Villegas Ortiz, Juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, asesinándolo a balazos junto con su esposa Verónica Barajas.
Mudos testigos del doble crimen fueron sus hijas de 3 y 7 años de edad, y la empleada del hogar. Los sicarios huyeron con toda impunidad. En el lugar quedaron los indicios producidos por más de veinte disparos.
Los homicidios ocurrieron justo cuando se realizaba la sesión virtual del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en cuanto tuvo noticia del hecho, su presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, se lamentó y exigió el esclarecimiento del cobarde crimen:
“Quiero expresar mi más enérgico rechazo a la violencia y lamentar este hecho que nos duele a todos el Poder Judicial de la Federación y a todas y a todos los mexicanos. Pedimos a las autoridades competentes su apoyo para garantizar la seguridad de las juezas y jueces federales y de sus familias, y que se investigue y se deslinden las responsabilidades correspondientes”.
El presidente del máximo órgano de justicia del país aseguró que se revisará la situación de todos los jueces para fortalecer las medidas de seguridad, pero es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, especialmente de aquellos que arriesgan su vida para proteger los derechos de todos.
Y es que, de manera muy similar a la mayoría de los juzgadores federales, Villegas Ortiz conoció de asuntos delicados de la delincuencia organizada. Desde febrero de 2002 fue comisionado en Colima como Juez de Control, pero estuvo en Jalisco desde 2017, donde primero fungió como Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, y desde 2018 como Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Como Juez de Procesos llevó la causa penal de Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”, de quien solicitó su traslado del Centro Federal de Reinserción Social Número 13 de Oaxaca, al penal de máxima seguridad de Puente Grande durante 2017. Aunque ya no terminó de juzgarlo porque le cambiaron de adscripción.
Como Juez de Amparo conoció del juicio de garantías de Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, jefe de Los Zetas, quien en 2018 pidió protección de la justicia contra la orden de aprehensión por la matanza de San Fernando, Tamaulipas que ocurrió en 2010. Para que los deudos de las víctimas estuviesen enterados del amparo y comparecieran como terceros interesados, el juez Villegas Ortiz buscó su emplazamiento, pero como se trataba de personas centroamericanas, el tiempo transcurrió y en diciembre de 2019 declaró la incompetencia para que sea un juzgador de Tamaulipas el que conozca del caso.
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también condenó el asesinato de Villegas y, luego de calificarlo como un acto atroz que debe ser castigado, expresó que se avanzará en las investigaciones. “Como Poder Ejecutivo no tenemos a nuestro cargo las investigaciones, las tiene la Fiscalía General de la República, desde luego la participación del Poder Judicial va a ser determinante también en este proceso, pero nosotros, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo estamos acompañando muy interesados”, expuso.
Como secretaria de Gobernación y ministra en retiro tras 25 años en el Poder Judicial, condeno enérgicamente el doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido hoy en Colima. Me uno al llamado para esclarecer este lamentable hecho.
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 16, 2020
Así como Uriel Villegas Ortiz, existen decenas de mujeres y hombres investidos de jueces de magistrados que se encargan de impartir justicia en casos de delincuencia organizada y se encuentran bajo riesgo, desprotegidos y abandonados tanto por el Poder Judicial, como por el Poder Ejecutivo que en el actual sexenio ha escatimado en proteger a funcionarios relevantes y les ha retirado la seguridad que en otros tiempos les fue asignada, comentó a ZETA el jurista Jorge Huerta Partida, penalista y asesor mediático en Jalisco.
“Estos lamentables hechos se realizan con el fin de amedrentar a la autoridad y de influir en relación a las sentencias. El Consejo de la Judicatura Federal necesita tomar medidas para brindar a jueces, magistrados y al personal una verdadera protección, porque así ¿qué es lo que van a hacer? Pues que no van a querer conocer de los asuntos y van a buscar maneras jurídicas para excusarse de asuntos de delincuencia organizada. Esa es la realidad”, expresó el maestro en Derecho.
“El hecho de querer influir en el sentido de los fallos por parte de la delincuencia es un grave atentado en contra de la actividad jurisdiccional, y por ello considero que debe hacerse una minuciosa revisión de los protocolos mediante los cuales se resguarda la integridad de los titulares de los tribunales. No son hechos aislados, se puede constatar que en meses anteriores, el año pasado, en años anteriores, se han registrado asesinatos en contra de jueces de Distrito, de secretarios, tuvimos un atentado y homicidio de un secretario particular de la Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Tercer Circuito en Jalisco, el año pasado”, planteó.
Asimismo, urgió a implementar un sistema especial contra la delincuencia organizada con la figura de jueces sin rostro, a lo que antes se oponía. “Nunca me agradó la idea, pero ahora, ante este tipo de eventos, debemos tener presente los que estudiamos el Derecho, que la creación y reformas de las leyes están sujetas a múltiples factores y deben adecuarse conforme al momento en que estamos viviendo. Si no se adecuan, quedan obsoletas”, afirmó.
“Ante esta grave manifestación de la delincuencia organizada, de quererse apoderar del Poder Judicial de la Federación, para que sean beneficiados con los fallos que se emitan en los procedimientos, yo estaría de acuerdo en que se aplique un sistema de justicia en el que existan jueces sin rostro. Ya basta de que se protejan solo los derechos de los delincuentes y se rezaguen los derechos de las víctimas, y los derechos de los servidores públicos sean invisibles en el caso de la impartición de la justicia”, argumentó el especialista.
“De ser necesario, para garantizar el Estado de Derecho, que exista la figura de los jueces sin rostro para que no haya una infiltración de la delincuencia en la actividad jurisdiccional, yo estaría de acuerdo. Habría una certeza jurídica en el sentido de que son personas que fueron nombradas por el poder público, que tienen plena capacidad de operación, que emiten sus fallos con la debida fundamentación y motivación que establece la Constitución. No le veo el problema si se tuviera que omitir el nombre del titular del tribunal que emitió dicha resolución”, abundó.
Esta innovación en el Derecho penal mexicano se justificaría si es para resguardar la integridad de los impartidores de justicia, sobre todo de sus familias, “porque ya no hay un respeto de la delincuencia, no nada más hacia la autoridad, sino hacia sus esposas, esposos, hacia sus hijos, por lo que debería discutirse esta posibilidad. Caray, dejaron huérfanas a dos pequeñitas, ¿tú crees que vaya a haber justicia para esas niñas? ¿Hasta dónde podemos llegar en el ámbito penal? A que se detenga a los autores materiales. A que se capture a los intelectuales. Que les condenen a la pena máxima. Que cubran la reparación del daño por más de medio millón de pesos. Que se paguen los gastos funerarios. Que se liquide el seguro de vida del juez. No, señoras y señores, esto jamás será justicia para las dos pequeñitas que presenciaron cómo segaron la vida de sus padres”, concluyó el maestro Jorge Huerta Partida.
