No es una práctica nueva, pero sí está en la médula priísta. La compra de votos es algo inherente al Partido Revolucionario Institucional, es una característica sin la cual no podría ser el partido que es. Tampoco es que sean los únicos en utilizarla (he visto panistas comprando votos incluso en sus convenciones internas), pero sí son quienes han llevado esa antigua habilidad política de coerción electoral a ser el instrumento principal de una elección.

Para los priístas la compra de votos es algo normal, natural, cosa de cada proceso electoral. Dinero a cambio de votos. Así de llano. Les ha funcionado la entrega de despensas, incluso la dádiva electrónica (tarjeteas 2012), pero nada como la vieja y efectiva compra de votos en efectivo.

Lo que impresiona no es que intenten comprar votos, sino el cinismo con el que lo hacen a plena luz del día, en sedes partidistas, con aglomeraciones de personas. Las filas de ciudadanos que en los últimos días se han visto a la espera de su turno para entregar una fotocopia de su credencial de electoral a cambio de 500 pesos, y que en el ámbito nacional han sido reportadas por el periódico Reforma entre otros, se ven también en los estados y municipios. Cientos de miles de pesos en efectivo que reparten los priístas en su intento por incidir en el resultado final de la votación del 1 de julio de 2018.

La impunidad política le ha quitado a los priístas el decoro y la prudencia. Si antes se escondían en sindicatos, o presionaban para adquirir votos a través de esa política clientelar, ahora de plano lo hacen abiertamente.

El PRI tiene el contexto para hacer eso y más. Una condición de vida entre los mexicanos a la que han contribuido directamente: la pobreza. De acuerdo al Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), en México 43.6 por ciento de la población vive en situación de pobreza, lo que significa –explican- que 4 de cada 10 mexicanos, son pobres. Más claro: 53.4 millones de ciudadanos están en condición de pobreza, y 9.4 por ciento de ellos (5.02 millones), viven en extrema pobreza.

El mismo Coneval indica en cifras recientes, que para el primer trimestre de 2018, el 39.1 por ciento de la población de México (más de 132 millones) no tienen (ni perciben) ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria al mes, es decir que no llegan a obtener mil 42 pesos si viven en el campo, o mil 472 pesos si residen en la ciudad.

Precisamente para esos mexicanos, obtener 500 pesos en un día significa no solamente mucho, en ocasiones, todo, especialmente si acuden por familia. Los priístas lo saben y están acostumbrados a lucrar con la pobreza. En el 2012, ofrecieron plásticos recargables con dinero para comprar productos en mercados o hacer llamadas al extranjero, desde cien pesos en tarjetas electrónicas que fueron entregadas en comunidades rurales.

En esta elección del 2018, con su candidato a la Presidencia de la República en un lejanísimo tercer lugar de las preferencias electorales, en el PRI han sacado las más burdas artimañas electorales en un intento por ganar una elección que de acuerdo a la sociedad participante, ya tienen perdida.

De acuerdo a la última encuesta, presentada por la Confederación Patronal Mexicana y la Fundación Este País, y elaborada por Berumen e Ipsos, el candidato priísta José Antonio Meade Kuribreña, tiene un 13.6 por ciento de intención del voto para la elección del 1 de julio, contra un 21 por ciento de su más cercano competidor, Ricardo Anaya Cortez, y un 41.7 por ciento del puntero en los sondeos, Andrés Manuel López Obrador. Aun así, los priístas están haciendo su intento por ganar la elección. Confían en dos vertientes: en su estructura electoral, la misma que compra votos, presiona a los electores, los acarrea el día de la votación, y en que la gente no salga votar. Presienten que en una menor votación ellos llevan la de ganar, e intuyen que confiados como están los morenistas, quizá no salgan a emitir su sufragio porque “ya sienten que ganaron”.

En cualquiera de los dos escenarios la compra de credenciales de elector por parte del PRI, aporta. Sea que quieren las fotocopias para asegurar que el 1 de julio esos destinatarios de los 500 pesos les entreguen una prueba de su voto, o sea porque están intentando desincentivar el ejercicio del voto.

La realidad es que aun cuando en el PRI justifiquen que la entrega de ese recurso fue para el pago de los gastos erogados por cada uno para acudir a un curso (todos a 500 pesos independientemente de dónde fuese su origen geográficamente), es conocida y ha sido documentada la compra de votos, en elecciones anteriores, en proceso electorales en los estados de la República, y por supuesto y por naturaleza política, la elección de 2018 no sería la excepción para un partido cuyos miembros y gobernantes, están acostumbrados a lucrar con la pobreza de manera histórica.

Para asegundar, desde el Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto (acusado él mismo en 2012 de compra de votos), lucran con la justicia a modo.
Al tiempo que las huestes tricolores fueron descubiertas entregando 500 pesos a cambio de copias de credencial de elector, en redes sociales y medios de comunicación tradicionales, “apareció” un video donde el hermano de un presunto socio de Ricardo Anaya en el caso de lavado de dinero que se le sigue, termina por confirmar las actividades ilícitas. Coincidentemente, el senador (prácticamente ex panista, y muy cercano al PRI), Ernesto Cordero, presentó al día siguiente una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que investigara, precisamente, a los hermanos Barreiro y a Ricardo Anaya por lavado de dinero.

Por supuesto que la SEIDO (Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada) de la PGR, recibió la denuncia de hechos y las investigaciones han iniciado con celeridad, a diferencia de las investigaciones sobre los sobornos de Odebrecht a un priísta cercanísimo a Peña Nieto, como Emilio Lozoya, que se encuentran congeladas. O aquellas indagaciones sobre la llamada “estafa Maestra” que documentó un desvió de recursos federales por más de 7 mil millones de pesos, que ni siquiera han sido formalizadas.

Lucrar con la pobreza, y lucrar con la justicia a modo, utilizando las instituciones, es algo muy priísta. Lo terrible es la impunidad con que lo hacen, y la falta de certeza jurídica para castigarlos, sancionarlos. No se vale que ante la desesperación de la derrota, se aprovechen de los más necesitados, y pretendan aplicar la fuerza del estado contra los opositores.

Una pena que las instituciones facultadas para investigar, estén en manos de priístas, y más, que aquellas entidades con cierto grado de autonomía para resolver al respecto de las irregularidades electorales y en materia de abuso de poder y derechos humanos, estén reaccionando a un presidencialismo cuyo partido va en tercer lugar, y por lo tanto de salida.

¿Justicia? Ya se verá el 1 de julio. No hay de otra.

Adela Navarro Bello

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