Hacía años que varios menores habían denunciado que durante su estancia en el refugio, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula, eran víctimas de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. En varias ocasiones, según sus testimonios, intentaban huir del centro, que se había convertido en un infierno para sus vidas.
Guatemala, 9 mar (EFE).- La inacción del Gobierno y las instituciones ante las constantes denuncias de abusos y malos tratos en el centro oficial en el que han fallecido más de 30 niñas en Guatemala ha desatado una oleada de críticas, dentro y fuera del país, a las que se ha sumado el propio presidente del Ejecutivo.
Cuando el miércoles, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, saltó la noticia de un incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, conocido como "Hogar Seguro", el caos y la incertidumbre se apoderó de las familias. Más de un día después, las cifras hablan por sí solas: Unas 34 niñas, entre 12 y 17 años, murieron quemadas y una veintena luchan, codo a codo con la muerte, por su vida.
Son muchas las entidades y personalidades que han culpado a las autoridades de esta catástrofe. La jueza de menores Verónica Galicia, una de las más populares del país, ha utilizado sus redes sociales para denunciar que las jóvenes han muerto "solas, olvidadas y violadas" por la inanición del Estado.
Hacía años que varios menores habían denunciado que durante su estancia en el refugio, ubicado en el municipio capitalino de San José Pinula, eran víctimas de malos tratos físicos, psicológicos y sexuales. En varias ocasiones, según sus testimonios, intentaban huir del centro, que se había convertido en un infierno para sus vidas.
Hay una sentencia judicial emitida el año pasado que reconoce "vulneraciones de los derechos fundamentales" de los pequeños y que ordenaba además acondicionar el centro, buscar a funcionarios aptos y cerrar dos estancias, conocidas como "gallinero y jaula", porque en ellas se habían denunciado actos de tortura.
La Procuraduría de Derechos Humanos también había pedido el año pasado su clausura y exigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares.
Meses después la situación seguía igual. A finales del año pasado se conoció que casi medio centenar de jóvenes se había fugado, supuestamente por ser víctimas de una red de trata de personas y explotación sexual. Tras la tragedia, esta teoría recobra vigencia: los jóvenes alzan su voz para dar a conocer su testimonio.
"Nos violaban. Nos golpeaban. Nos obligaban a abortar (...). Lo único que hacían era pegarnos, matarnos de hambre, violarnos", grita una joven a las afueras del Hogar Virgen de la Asunción, donde estuvo recluida durante 9 meses por fugarse de su casa junto a su hermano, y donde fue víctima de estos ataques, propinados por los trabajadores y las responsables del lugar.
La muchacha aseguró que en su momento nadie la escuchó y se preguntó si ahora lo hará alguien. Mientras la fiscalía investiga estas nuevas acusaciones, las autoridades también hacen las pesquisas para determinar a los presuntos responsables de un incendio que se cree que originaron las propias chicas para huir de un círculo de abusos continuos.
Entidades nacionales e internacionales expresaron su repulsa por esta catástrofe, calificaron al hogar como un "infierno" o un lugar de "tortura y exterminio" y exigieron al Estado velar por los derechos de los más pequeños, en los que Guatemala invierte menos de un dólar diario.
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, reconoció que las quejas sobre ese centro se remontan a antes de su inauguración, en el 2010, por no tener las condiciones necesarias y aseguró que la tragedia era algo previsible, una "bomba de relojería" que al final estalló.
Ante estas acusaciones, el Gobierno de Guatemala ha cerrado filas echando balones fuera sobre su posible responsabilidad y culpando de la catástrofe al organismo judicial, que no autorizó el traslado de los menos más conflictivos.
El propio presidente del país, Jimmy Morales, admitió que la tragedia se puede repetir si todas las instituciones que conforman el Estado no realizan su trabajo: "Esto puede volver a suceder en todos los lugares en los que nosotros como Estado no estamos poniendo la atención debida".
Mientras la pelota pasa de un tejado a otro, la Fiscalía analiza las pruebas incautadas durante el procesamiento de la escena, incluido el material audiovisual de las cámaras de vigilancia, algo que puede arrojar luz sobre un caso lleno de sombras.
