Hasta ahora no existen pruebas de que los policías estatales sean menos corruptas que las municipales, por lo que la iniciativa del Mando Único no abonará a la conformación de fuerza de seguridad más eficaces, alertó este día Open Society Justice Initiative. La organización señaló además que no existe una ruta por parte del Gobierno federal para sacar al Ejército de las calles ni para atacar los altos indices de violencia que existen en México, y tampoco le ha dado seguimiento a las estructuras financieras y políticas en que se apoya el crimen organizado.
Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo).– Representantes de Open Society Justice Initiative dijeron hoy que la iniciativa de ley del Mando Único policial abone a tener fuerzas de seguridad pública más eficaces.
La iniciativa de reforma policial que envío el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado desde el 2014 pretende pasar el control de las policías municipales a manos de los estados.
“El Mando Único es una cuestión de quien tiene el control del financiamiento. Pero hasta ahora no hemos visto ninguna prueba de que la policía estatal sea menos corrupta, o más efectiva que la policía municipal”, dijo Ina Zoon, responsable de Proyectos en América Latina de Open Society Justice Initiative.
Esta es la propuesta más concreta de una reforma policial para discutirse en el seguro periodo de sesiones. Y algunos otros partidos como Acción Nacional (PAN) han abogado porque sea un mando Policial Mixto, en el que se asuma el control de las policías municipales sólo donde sea necesario.
Los representantes de la organización internacional Open Society explicaron que la iniciativa que se pretende discutir en el segundo periodo de sesiones tampoco abona a la salida del Ejército de las calles.
Recordaron que en el pasado el Gobierno ha relacionado la desmilitarización con la reforma de las policías.
“La teoría sería que los militares se van a retirar cuando la policía sea capaz. Pero, no hemos visto ninguna ruta, ni un plan que diga en qué momento la policía tiene que cumplir con qué requisitos para que al cumplirlos haya una desmilitarización”, dijo Zoon.
El choque frontal para batir al narcotráfico no dio resultados. La organización Open Society detalló que las acciones de seguridad de las últimas dos administraciones de Gobierno derivaron en una ola asesinatos contra civiles.
Con la declaración de la guerra al narcotráfico en diciembre del 2006, la política de seguridad en México incluyó el despliegue del Ejército y la Policía Federal. Open Society apuntó que esta confrontación directa generó más violencia.
“Al ver las cifras nos dimos cuenta de que la violencia se expandió significativamente a partir del 2006 […]. Desplegar a los elementos de las fuerzas de seguridad iba a inevitablemente aumentar la violencia”, dijo Christian de Vos, encargado de Open Society Initiative, que es parte de la organización internacional.
Este mediodía se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el informe “Atrocidades Innegables, Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México”, que fue publicado en junio.
Open Society ha seguido hablando sobre la violencia que sacudió al país desde diciembre del 2006 hasta diciembre del 2015.
“Los patrones nos llevan a creer que no hay una política detrás. Respecto a los asesinatos, muchas veces involucraron a personas bajo custodia del Gobierno. Muchos asesinatos fueron cometidos por la milicia […]. Y Las fuerzas de seguridad trataron de cubrir la alteración de los hechos”, dijo De vos.
Por su parte, Zoon apuntó que las autoridades del Gobierno se han dedicado a minimizar los crímenes de lesa humanidad que hay en el país. E hizo énfasis en las desapariciones.
Hoy el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) apunta que hay al menos 27 mil personas desaparecidas en México. Sin embargo, Open Society refiere en este trabajo que las víctimas de desaparición podrían ser muchas más.
En el caso de las torturas, Open Society expuso que entre el 2007 y el 2015 hubo 9 mil 400 reclamos de tortura en contra de autoridades ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, sólo a seis se les ha dado seguimiento.
Los representantes de la organización refirieron en el recinto universitario que México necesita adherirse al estatuto de Roma ratificado por el Estado en el 2006 para investigar los crímenes de Lesa Humanidad.
Open Society documentó información para este informe sobre el grupo armado Los Zetas. “Controlan territorios de forma violenta. Quiero aclarar que no sugerimos que Los Zetas no actuaban solos”, dijo De Vos.
LEYES PRO MILITARES
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Roberto Ochoa Romero estimó que hasta ahora las leyes en materia de combate al crimen organizado han apoyado que las fuerzas armadas se queden en las calles.
Ejemplificó que en el año 96, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que define a este tipo de organizaciones contenía cinco fracciones, hoy tiene nueve.
“Entre más artículos incorporemos, en más lugares podrá tener injerencia las fuerzas de seguridad”, dijo Ochoa.
Los ponentes del informe explicaron que el Gobierno de México ha fallado en el seguimiento de las estructuras financieras del crimen organizado. Una estrategia que no hubiera tenido las consecuencias letales que conllevó la guerra contra las fuerzas fácticas.
“Si la intención no hubiera sido salir a matar, sino traer ante la justicia a todos los responsables todos las actividades hubieran sido diferentes […], hacia debilitar las bases financieras y de los cómplices en los Gobiernos. Lo que no pasó”, dijo Zoon.
