Ciudad de Mexico, 9 de abril (SinEmbargo).– Grupos sociales y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, conformados ahora en un frente único, anunciaron este día que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar “el intento Estado mexicano” –y en particular de cuatro entidades: Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y el Distrito Federal– de criminalizar la protesta social por medio de lo que calificaron como un “andamiaje legal”.
“Desde octubre de 2013, hicimos del conocimiento de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU. Enviamos diversos comunicados a las instancias encargadas de hacer la valoración de leyes que regulan las manifestaciones públicas, sobre todo en la Cámara de Diputados”, dijeron. Y desde el lunes pasado, “pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en materia de terrorismo, por considerar que facilita la inhibición de derechos y la criminalización movimientos sociales”
Anunciaron el lanzamiento de la campaña “#QueNoTeApaguen” para informar y concientizar a la sociedad a partir de documentos de análisis, gráficos y audiovisuales “sobre las pretensiones del Estado para limitar la protesta social”.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social está confirmado por Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz, y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.
“El Estado construye un andamiaje legal para criminalizar la protesta social”, resumieron, y “el Poder Legislativo se encamina a la limitación de las libertades democráticas”.
Por medio de un comunicado y una conferencia de prensa, explicaron que en meses recientes se han presentado o aprobado diversas iniciativas legislativas, tanto a nivel federal como local, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión.
“Con preocupación, las organizaciones hoy convocantes hemos documentado cómo estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación. Este es el caso de legislaciones presentadas en el Congreso Federal para regular manifestaciones, así como en los congresos locales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal”, dijeron.
“A partir de la sistematización y análisis de estas iniciativas y leyes aprobadas, hemos construido el informe titulado: ‘Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno’, donde damos cuenta, por un lado, del contexto general en el que éstas son presentadas y, en su caso, aprobadas. Por otro lado, denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social”, agregaron las organizaciones firmantes.
Dijeron que hallaron “sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet. Como resultado del informe, identificamos acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones. Asimismo, el Estado se arroga la posibilidad de limitar comunicaciones electrónicas en sitios donde se considere esté en riesgo el orden o seguridad nacional, entre otras”.
“Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones”.
“Hacemos evidente la criminalización directa o expresa a través de legislaciones que regulan los espacios públicos de manera prohibitiva, o bien, a través de legislación que criminaliza de manera indirecta la protesta social; esto es, mediante legislación penal o del orden de la seguridad nacional que eventualmente podría ser usada para criminalizar a movimientos sociales. Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías”, señalaron los grupos sociales y organizaciones.
“Nos declaramos en alerta y anunciamos la construcción del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, con el objetivo de vigilar las iniciativas legislativas que restrinjan la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.
