El gobierno y la sociedad tienen una gran deuda con los niños de México: respetar sus derechos, darles garantías, abatir la violencia en su contra, la trata, la explotación laboral y sexual, y combatir su invisibilización.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Ana comenta que a su hijo, Ángel, no le gusta celebrar el Día del Niño. Eso sí, esboza una sonrisa cuando le da un juguete o le compra un nuevo videojuego. Sobre todo un videojuego, dice, porque Ángel no juega en la calle, ni le agradan los festivales infantiles… ¿Las fiestas? Según su estado de ánimo, a veces sí, pero la mayoría de las veces no le interesan.
Ella es de Chihuahua, Chihuahua. Aunque se pasa una temporada en la Ciudad de México y luego regresa a su ciudad natal. Aquí trabaja en una agencia de publicidad, por lo que su madre cuida a Ángel. “En Chihuahua los niños han perdido la ingenuidad. Viven con el miedo”, y también con el sonido de una ráfaga de metralleta. Ana ya tiene su regalo para el Día del Niño, aunque prefiere no decirlo, porque también quiere leerle a su hijo este reportaje… Y el regalo será una sorpresa.
Ana asegura que su infancia en Chihuahua transcurrió distinta, mientras que la de su hijo está condicionada por el miedo. “Cuando Ángel oye un tiroteo, se tira al piso y ahí se queda, jugando con sus manos, hasta que le hablamos y se calma. Va con el psicólogo. Sí le ayuda mucho, pero será cuestión de tiempo, hasta que supere el trauma”.
Muchos niños como Ángel recibirán el Día del Niño como cualquier otro. Se les festejará, al tiempo que las tiendas se colmarán de compradores; las plazas, los supermecados… Se escucharán canciones infantiles, habrá payasos, concursos, regalos, juguetes, el mensaje oficial del gobierno federal o local. Como todos los años.
Para Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), lo importante de este día, no sólo es celebrar a los niños del país, sino enfatizar que se necesita conocer cuáles son los derechos de los niños, la violación a sus garantías, además de la violencia, trata, invisibilización y explotación infantil en todo el mundo. Temas pendientes y a veces soslayados por los gobiernos y la sociedad.
Y es que en México, la tasa de homicidios contra menores de edad se incrementó 11 a 14.6 casos por cada 100 mil habitantes, sobre todo en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa. “Sabemos que hay entre 25 mil y 35 mil menores de edad, niños y niñas, que son producto de la narcoexplotación. Los menores de edad conforman 37% de la población nacional, y viven violencia, además de que no tienen participación en la toma de decisiones. México, pese a las leyes que existen respecto a los niños, mantiene un sistema fragmentario en temas de salud, seguridad, educación. Es decir, urge un órgano regulador que brinde políticas públicas para la infancia en México”, explica para este reportaje el director de Redim.
En esto coincide la coordinadora general de la asociación civil Ririki Intervención Social, Nashieli Ramírez, quien asegura que falta en el país “un sistema que articule, que coordine y dé institucionalidad en lo referente a los derechos de los niños”. No obstante, agrega la especialista, este tema ya forma parte de la agenda política, social y mediática:
INFANCIA SIN VOZ
Josefina dice que ya quiere ser grande, crecer y tomar decisiones. A veces le gusta ser niña, pero se queja porque tiene que pedir permiso, obedecer órdenes, vestirse como quiere su mamá, comer verduras y hacer la tarea. Josefina, desde luego, sabe cuáles son sus obligaciones. Pero a casi unos meses de cumplir ocho años, desconoce sus derechos.
Le fascinan los aplausos. Baila, imita, pero sobre todo recita poemas que escribió su abuelo. Ha ganado 500 pesos en un concurso local de poesía, “pero mi abuelita me los quitó porque dice que serán para la comida”. El lado de feo es que Josefina lleva meses sin asistir a sus clases de baile. No hay dinero en casa. A veces tiene que ir a pedirle dinero a su papá, porque su mamá la obliga. Incluso enferma, Josefina tiene que exigir dinero para sus medicinas o para zapatos nuevos.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010), elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), revela que 42.2% de los adultos consideran que los niños sí tienen derechos; 37.3% no están convencidos de ello, y 19.9% no respetan ni reconocen los derechos de los niños. Ante la pregunta de qué tanto se les pega en México a los niños para que obedezcan, los resultados fueron estos: 54.5% afirma sí se les golpean y 41.1% dice que algo o poco. Es decir, más de 95% de los encuestados cree que es una práctica que se realiza algo, poco o mucho.
En materia de leyes, México se suscribió en septiembre de 1989 a la Convención de los Derechos de la Infancia, y el 19 de junio de 1990 el Senado ratificó este convenio que se convirtió en ley suprema para el país. Por ello el artículo 44 de la Convención estableció la obligación que tienen los Estados para que informen sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta ley. Pero fue hasta el 2000 que se aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños.
Sin embargo, aclara Juan Martín Pérez, estas leyes son pequeños oasis y tienen poca utilidad en la práctica. “Las leyes están ahí, pero muchas veces no se aplican en la práctica. El Estado tiene que llegar a la familia, ver qué necesidades tiene, y no sólo intervenir cuando el menor se queda sin familiares. Esto se debe a que los niños, se piensa, son propiedad familiar y no personas que también tienen derechos”, añade.
Sobre la participación cívica de los niños, el Instituto Federal Electoral (IFE) realizó una encuesta en marzo de 2012 para saber dónde se sienten más a gusto los menores, en quiénes confían, la resolución de problemas, toma de decisiones, cómo perciben la discriminación y qué esperan del presente y futuro. Las respuestas fueron las siguientes:
Estas respuestas, para Nashieli Ramírez, manifiestan una verdadera propuesta de los niños y jóvenes en México. “Desacreditamos a los niños, a partir de una visión de adultos, donde se considera que nosotros tenemos el poder y el control sobre ellos. Es una creencia que tiene más de dos siglos. Se pensaba que ellos eran seres incompletos. Y desde ahí se cree que el mundo adulto les enseñará lo que es la vida, cuando vemos que la participación de los niños y niñas también genera cambios y propone temas que los adultos ni siquiera tomamos en cuenta”, asegura la también activista en derechos humanos.
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
Dos palabras que tienen ejemplos claros. Por un lado, un niño indígena que ayuda a su hermana mayor a vender dulces y cigarros en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México. No revela su nombre, apenas quiere hablar, pero siempre sonríe. El otro ejemplo es Ángel, el niño de Chihuahua, quien va a terapia todos los jueves y trata de superar el trauma, el mismo trauma que miles de niños en el norte del país padecieron durante el sexenio de Felipe Calderón.
Ciudad Juárez ha sido epicentro del dolor. Aunado a los feminicidios, a la violencia generalizada por el narcotráfico, los niños juarenses sufren los estragos. El secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez, José Luis Flores Cervantes, prefiere denominarlo como “Deuda”. Así, en mayúsculas. Asegura que hay 15 mil huérfanos en aquella ciudad. “Somos un lugar volcado al trabajo, donde se invierte en capital estructural, pero no social. Estos niños se han quedado sin familia, con un dolor muy grande. Como sociedad nos debe preocupar, porque cuando crezcan, nos pasarán la factura”, advierte.
Asevera que llevan más de 40 años de abandono social por parte del gobierno, pero considera que a partir de 2007 todo se descontroló: la violencia sobre todo, y con ella, los niños y sus derechos. “En Ciudad Juárez no existe ningún programa de acompañamiento psicológico para estos niños que se quedaron sin familia. Sufren una violencia y abandono, incluso institucional”.
Las cifras que revela el también representante del Programa de Educación en Valores AC, son alarmantes. En Juárez existen alrededor de 200 mil niños menores de cinco años, frente a instituciones (entre guarderías y centros especializados en este sector) que tienen una capacidad para atender nada más a 12 mil infantes. Hay una demanda potencial entre 50 a 70 mil niños, tan sólo para que sus madres trabajen, mientras ellos estén en un lugar seguro.
Y las cifras se desbordan en Ciudad Juárez sin que el Estado intervenga. Niños de entre ocho y nueve años cuidando a sus hermanos menores, mientras sus madres van a trabajar. “Su categoría de la infancia, se les niega. No sólo el derecho a ir a la escuela y a tener comida y vestido, sino al juego. Eso parece imposible en un niño juarense”, plantea Flores Cervantes. Pero lo cierto es que el problema no sólo radica en los niños que están, sino en los que nacen cada año en aquella ciudad: casi 28 mil, lo que representa 15% de la población en Ciudad Juárez.
Otro problema, dice José Luis flores, es el de asociaciones que ayudan a los niños, pero desde una visión asistencialista. “No dudamos que muchos niños en condiciones de pobreza o violencia necesiten ayuda económica, pero desde una perspectiva de derecho”, apunta el activista, quien precisa que en tiempos electorales es cuando aparecen estas supuestas ayudas, sin tomar en cuenta el problema principal: la violación a los derechos infantiles.
Lo mismo piensa María Elena Ramos Durán, coordinadora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides). Ella, quien trabaja directamente con niños indígenas trabajadores de la calle y sus familias. “Muchas organizaciones del gobierno quieren ayudar supuestamente, pero en tiempos electorales, desde una visión paternalista, donde perpetúan la violencia a los niños. Los ven como sujetos de dádivas, más que de derechos”.
El niño indígena que está en la Glorieta de Insurgentes no quiere decir su nombre, pero sí dice que viene de un pueblo de Querétaro. Vive con sus padres, quienes también trabajan. Él asiste a la escuela, va en tercer año. En las tardes sale a vender junto a su hermana, mientras sus padres trabajan. No pide limosna pero a su corta edad también es un sustento económico más para la familia.
La coordinadora de Cides tiene más de 17 años trabajando con este sector, en su mayoría, indígenas otomíes. “Ellos contribuyen al sustento familiar. Pero enfrentan discriminación por parte de la población urbana. Viven desprecio, humillación, a partir de su apariencia. Incluso por parte de policías, quienes llegan hasta maltratarlos físicamente”, añade.
Los padres de estos niños, en su mayoría, no acudieron a la escuela ni cuentan con trabajos formales. Se conforman con la gratuidad de los servicios de salud, y aunque sus hijos acuden a las escuelas públicas en el Distrito Federal, muchos de estos infantes claudican debido a la discriminación de sus compañeros y profesores.
“No son niños de la calle. Llegaron de sus comunidades y ocuparon predios abandonados en la colonia Roma. Hay un registro aproximado de 800 personas, hacinadas en cinco predios, pero tenemos información de que en total son 14. Aclaro que esto lo hacemos en esta zona, porque hay más casos en toda la ciudad. Son bilingües y viven del comercio informal, de vender dulces, artesanías, algunos son limpiaparabrisas”, precisa María Elena Ramos.
Sin embargo, Ramos Durán aclara que frente a la discriminación que viven estos niños, a diferencia de hace 17 años que comenzaron esta labor, 99 de 100 niños se incorporaron a la escuela. La también administradora del Centro Colibrí, cuenta con un equipo comunitario, quienes asesoran y acompañan a los niños indígenas y a sus familias. Muchos de estos infantes dejaron de trabajar para dedicarse a la escuela, conocen sus derechos y los hacen valer. “También trabajamos con sus profesores y sus compañeros, es una labor integral”.
EL GRAN VACÍO
Cuando los especialistas entrevistados para este reportaje insisten en la necesidad y urgencia de un órgano articulador, se refieren a que un niño, por ejemplo, que ha desertado de la escuela por discriminación o violencia, carece de información, se desconocen las causas o motivos. Es decir, no se sabe cuál era su situación económica, cómo iba en la escuela, si había indicios de violencia en su entorno. Sólo se tendrían datos sesgados, por lo que este órgano articulador contaría con información integral para saber cómo actuar y hacer valor los derechos del infante.
“Hay un componente que me preocupa”, dice Juan Martín Pérez, “y es el que se vea a los niños como propiedad familiar. Que sea la familia quien haga lo que sea con el niño y el Estado no intervenga eficientemente. Porque sólo interviene cuando el niño ya no tiene familia o en casos extremos, cuando en realidad tendría que velar por los derechos de los niños, y no sólo en cuanto a violencia, sino a educación, vivienda, salud. Que si una familia no tiene recursos, el Estado tiene derecho de intervenir y apoyar, por ejemplo”.
El representante de Redim aclara que no se trata de separar al niño de su familia e internarlo en una casa hogar: “Es como enviarlo al limbo y también es una violación a sus derechos. Es proveerlo de un entorno donde pueda crecer con todas las garantías que tiene como sujeto de derecho”.
Paro, Nashieli Ramírez, coordinadora de Rariki, no se puede hablar de derechos de los niños sin que éstos tengan una participación activa en la sociedad. También apuesta por el órgano articulador y la Ley General de Garantías a Niños y Adolescentes, pero “la opinión de los niños es necesaria. Es importante que culturalmente cambiemos la idea de que los niños sólo viven en la fantasía, y que los adultos tenemos la razón en todo. Dejar atrás esa visión de poder hacia los niños y contemplarlos en nuestras acciones. Estamos en un momento propicio para hacerlo. Ellos tienen derechos, aunque no tengan 18 años, ellos también son ciudadanos”.
Aunado a esto, Juan Martín Pérez considera que hay tres razones por las que los adultos consideramos a los niños faltos de derechos: el primero es que no pueden votar hasta la mayoría de edad; la otra, el carácter productivo, ya que ellos no pueden producir ni generar ingresos económicos; y la tercera es que no son sujetos que pagan impuestos. “Es una visión sesgada, a partir de la definición que se tiene de ciudadanía”.
Pero, José Luis Flores, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez acota: “La minoría de edad no constituye una incapacidad. Al contrario, como sujetos en desarrollo pleno, debemos darles esta garantía tanto los gobiernos como la sociedad. Nos faltan instancias educativas que colaboren. La academia se ha quedado atrás. No hay carreras ni estudios que aborden directamente este tema”.
En México, ocho de cada 10 niños indígenas no acceden a sus derechos: alimentación, vivienda, salud, educación, seguridad. Por eso, María Elena Ramos alerta sobre la visión de los gobiernos frente a este tema: “Tan sólo en el Distrito Federal, se han perdido los recursos para trabajar con los niños indígenas y trabajadores de la calle. Disminuyeron las becas, los apoyos a madres solteras. Se habla de la trata de menores, pero no hay filtros informativos en el Aeropuerto ni en las centrales camioneras. Falta sensibilizar a quienes toman las decisiones. Los niños tienen derechos, pero están en el limbo”.
Cuando a Josefina se le pregunta qué quiere ser de grande, ella responde: “Tener dinero para pagar mis clases de baile y darle dinero a mi mamá”, toma una crayola y pinta en su libro para colorear.
