Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) decidió eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, una entidad de la sociedad civil que estaba destinada a transparentar la operación de una de las áreas más oscuras de la administración pública.
Sin previo aviso y aparentemente sin consultarlo con quienes lo dirigían, el Procurador Jesús Murillo Karam publicó en el Diario Oficial la orden de abrogar los acuerdos A/037/02, A/096/09, A/111/12 y A/012/11, uno de los cuáles ordenaba la creación del Consejo y fue firmado el 28 de febrero de 2011 por la entonces Procuradora Marisela Morales.
El Consejo fue justificado para el “uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal”.
El Consejo de Participación Ciudadana de la PGR era una herramienta de transparencia. Permitía que distintos sectores de la sociedad pudieran preguntar y obtener respuestas sobre una de las áreas de impartición de justicia tradicionalmente más oscuras. Temas como la corrupción, por ejemplo; o los abusos de poder y las compras gubernamentales podían ser cuestionadas a partir de este organismo, que ahora ha desaparecido.
El último presidente fue el empresario Alejandro Puente Córdoba.
De acuerdo con la PGR, su desaparición se debe a que se encuentra en un proceso de diagnóstico y reestructura, “encaminado a modernizar su funcionamiento y detectar las áreas que requieran una mejora”.
“Que para lograr lo anterior, la reestructura y reingeniería de procesos institucionales, debe comprender una reorientación y, en su caso, recomposición de los órganos colegiados creados por el Titular de la Procuraduría, a fin de que en su momento tenga lugar la creación de aquellos que sean compatibles con la nueva estructura”, indica el Acuerdo publicado hoy.
La PGR no dio a conocer si este organismo será sustituido por otro. Tampoco ha informado sobre el proceso de reestructuración que, en teoría, arrancó la institución desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.
