Ciudad de México, 20 de feb (SinEmbargo).– Ya no es Ciudad Juárez, en donde los últimos recuentos oficiales, de medios y de organizaciones civiles, hablan de una disminución de la violencia. Pero los números de homicidios relacionados con el crimen organizado se mantienen intactos –casi mil en enero de 2012–, mientras de norte a sur del país la inseguridad ha tomado otros estados y ciudades en donde el problema no se manifestó durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
Ahora, el Estado de México y Morelos son las entidades con mayor número de violaciones, por ejemplo. Y una población, Yautepec, un municipio dedicado a la agricultura y en donde los habitantes de la Ciudad de México habían establecido casas de descanso, encabeza esta lista.
Tampoco el Distrito Federal se salva del avance de la violencia: la delegación Cuauhtémoc tiene la tasa más elevada de robos con violencia, aunque es apenas 0.14% superior a la de Cuernavaca, que ocupa el segundo lugar nacional.
La violencia, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, parece no discriminar por ubicación geográfica. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), los dos municipios con más homicidios están totalmente alejados uno del otro: el primero es Acapulco, Guerrero; el segundo, Lerdo, Durango, ambos escenarios de una guerra sin cuartel entre grupos del crimen organizado y las fuerzas federales y locales.
Apenas ayer, a unas horas de que los negocios de su familia fueron incendiados, la Alcaldesa de Lerdo, Rocío Rebollo Mendoza, tuvo que dar una conferencia de prensa para decir que no renuncia a pesar de los ataques. Tres semanas antes, la casa de la presidenta municipal fue baleada por desconocidos que le dejaron un mensaje.
De los 20 municipios con las tasas más elevadas de homicidios, cinco corresponden a Guerrero y cuatro a Morelos. Tampico, Tamaulipas, destaca como el municipio con la tasa más elevada de secuestros y supera 52% a Victoria, que ocupa el segundo lugar, dice el estudio. En Tamaulipas se encuentran cinco de los 20 municipios donde hay más secuestros, seguido por Michoacán con tres y Tabasco también con tres.
Oaxaca, Oaxaca, es el municipio con la tasa más elevada de golpes y lesiones dolosas, mientras que de los 20 municipios con las tasas más elevadas de golpes y lesiones dolosas, 10 corresponden al Estado de México y cuatro a Tabasco.
El estudio “La violencia en los municipios de México”, dado a conocer ayer por el Consejo Ciudadano, destaca un viejo problema de México: la impunidad.
LA ESTRATEGIA PREOCUPANTE
Partidos de oposición, organizaciones civiles y sociales, así como distintos medios internacionales han alertado sobre los riesgos de la estrategia de Peña Nieto, que parece ser una copia de la lanzada por Felipe Calderón en diciembre 2006 y que costó entre 70 y 90 mil muertos.
La guerra contra el narco en México es “más callada, pero no menos letal”, afirmó el diario estadunidense The Washington Post el 3 de febrero en un artículo en el que advertía que salvo la nueva política de no difundir con bombo y platillo las detenciones, todo parece igual.
El 16 de enero de 2013, un análisis realizado por el Baker Institute sobre la estrategia contra los criminales lanzada por el nuevo gobierno mexicano afirmó que “México no debe esperar, con Peña Nieto, un cambio en la estrategia contra el crimen organizado que siguió Felipe Calderón. El nuevo plan de seguridad nacional no es otra cosa que la continuación de la política implementada por el ex Presidente panista”.
“Con un nuevo año y una nueva administración en México, podemos esperar una continuidad en la política sustantiva y cambio estilístico en la retórica que justifica esas políticas. Mientras que la nueva administración del Presidente de México, Enrique Peña Nieto (PRI), ha pregonado propuestas de reforma, hay más similitudes que diferencias al comparar su ‘nueva’ política de seguridad con la de la administración de Calderón”, agregó.
El 14 de febrero, Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, advirtió que si el nuevo gobierno mantiene el énfasis sólo en el ataque de la delincuencia sin responder a la emergencia social, se repetirá el fracaso del ex Presidente Calderón. “Hay acciones que deben de dar resultados muy pronto”, dijo durante una entrevista con SinEmbargo. “Si el gobierno de Enrique Peña Nieto hace lo mismo que Calderón… será un Felipe Calderón con otra cara. No es un asunto de decreto, sino de toma de decisiones”.
“La nueva Estrategia de Seguridad Nacional está ‘calcada’ de la administración anterior y cuenta con la misma premisa de enfrentar la violencia con la violencia”, dijo el ex candidato presidencial. “Hasta el haber iniciado en Michoacán es indicativo de que van a hacer lo mismo que hizo durante el gobierno de Calderón. Recordemos que ahí fue donde declaró Calderón la guerra a la delincuencia, lo que nos llevó a la grave crisis de inseguridad y de violencia, y al sufrimiento de mucha gente, a perder muchas vidas, desaparecidos. Bueno, el plan de Peña Nieto es el mismo”.
Y ayer, mientras en México se daban a conocer las nuevas cifras de la violencia, el periódico The New York Times cuestionaba que el Presidente Peña Nieto prometiera en campaña disminuir la violencia y desvincularse de las políticas de su antecesor, pero que hasta la fecha no haya logrado ninguno de sus dos objetivos.
El diario reseñó que la violencia en México no ha disminuido mientras que, en los hechos, las políticas de Peña Nieto son las mismas que las de Felipe Calderón Hinojosa.
“Pero aún cuando la semana pasada lanzó un programa de prevención del delito y declaró que era la nueva prioridad del gobierno”, dijo, “una presión extraordinaria parece socavar su discurso para que enfrente con mayor vigor los problemas de seguridad, como su antecesor”.
En el reportaje realizado por el periodista Randal C. Archibold se destacó que Guerrero es un estado que históricamente ha sido propenso a erupciones periódicas de violencia y, ahora, también es “un nuevo desafío” para el gobierno mexicano.
“Las violaciones de varias mujeres en Acapulco y en los alrededores de ese puerto, incluyendo las de seis turistas españolas, además de una emboscada donde murieron nueve agentes de la policía estatal, han ganado los titulares en todo el mundo”, recordó.
“La frustración porque el Estado no los está protegiendo, originó que pueblos rurales de Guerrero tomaran las armas y asumieran la policía”, dijo el NYT.
También destacó que, en otros lugares, granadas detonaron este mes cerca del consulado de Estados Unidos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo durante una batalla entre pandillas y, además, 17 miembros de Kombo Kolombia, una banda popular en el norte de México, fueron secuestrados y asesinados el mes pasado.
“El derramamiento de sangre continuó a pesar de algunos indicios de que la violencia se estabilizó el año pasado, según un informe publicado el 5 de febrero por la Universidad de Trans-Border Institute de San Diego, que analizó una serie de estadísticas del gobierno sobre homicidios. El gobierno del señor Peña Nieto también dio a conocer las estadísticas de este mes; dijo que los homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado se habían sumergido desde diciembre hasta enero, pero los analistas han cuestionado cómo esas cifras fueron recopiladas, debido a la falta de seguimiento de investigaciones penales”, planteó el Times.
No es la primera vez que se advierte que el Presidente Peña Nieto ha asumido como propia la guerra desatada por Calderón Hinojosa.
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), advirtió en un artículo publicado a finales de enero en The Washington Post que el Presidente de México ha desviado el discurso hacia los temas económicos y no ha dicho cómo va a frenar la ola de violencia, las desapariciones de miles y las constantes violaciones a los derechos humanos de las fuerzas de seguridad.
“Las desapariciones son parte del legado horrible de México la ‘guerra contra las drogas’, iniciada por Calderón”, sostiene. “Durante su mandato, los soldados y policías civiles torturaron sistemáticamente para obtener confesiones en la lucha contra los cárteles, y cometieron ejecuciones sumarias. Casi ninguno de estos soldados y policías abusivos han sido castigado. De las cerca de 5,000 investigaciones que los fiscales militares abrieron sobre presuntos abusos desde el inicio de la Presidencia de Calderón, de diciembre de 2006 a abril de 2012, sólo 38 soldados han sido condenados”.
