Desde diferentes instancias universitarias, conocedores de los movimientos sociales coinciden en que el 1-D, no sólo fue un trago amargo, sino un rompimiento casi irreparable en la relación del Presidente Enrique Peña Nieto y la juventud
Protesta para demandar la libertad de los detenidos del 1-D en El Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro.
Mariana Muñiz, de 22 años, ligada siempre a las causas sociales a través del teatro y el activismo social, crítica del sistema político y las injusticias, pasó de ser espectadora a protagonista de un hecho que no olvidará: fue una de las 96 personas detenidas el primero de diciembre (1-D), fue acusada de Ataques a la paz pública, y a su corta edad conoció un reclusorio; fue liberada por falta de pruebas, pero en sus recuerdos existen aquellos días de incertidumbre.
Lo mismo sucedió para Carlos Román, de 27 años. También fue detenido aquel día. Acusado por el mismo delito, a pesar de los videos y pruebas que evidenciaban el momento en que Carlos pedía a los policías que liberaran a las personas aprehendidas y un granadero lo embiste y encapsula junto a los demás.
Y aunque ninguno claudicará a sus ideales, queda aún fresca la herida de aquel 1-D. “Yo no dejaré de manifestarme, pero creo que a partir de ese día aprendí que es importante hacerlo de forma más organizada”, dice Mariana, aunque reconoce que siguen las secuelas psicológicas, “no me detiene el miedo, ahora soy más fuerte”.
Para Margarita Favela, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, “con lo sucedido el primero de diciembre (1-D), el mensaje de Peña Nieto para los jóvenes que se movilizan es: si protestas, te pego, o si me criticas, te doy con palo”.
Margarita Favela también considera que el 1-D es un hecho referencial: “Si bien sabíamos que EPN utiliza métodos de coerción, lo que pasó ese día, representa un mensaje claro para los jóvenes que quieran manifestarse en contra de él: utilizará todo su poder, junto a la ayuda de los medios de comunicación, sobre todo Televisa. No es nuevo. Desde el 68 se desvirtuaron los movimientos sociales tildándolos de delincuentes. Es un instrumento que tendrá Peña Nieto para deslegitimar la lucha y convertirla mediáticamente en un peligro para la paz del país”, asegura la investigadora.
Favela Gavia está segura de que también los medios de comunicación juegan un papel primordial en cuanto a la percepción que se tiene sobre un movimiento social, y sobre todo cuando los jóvenes “responden a las demandas sociales. Si no hay prensa libre, las manifestaciones serán deslegitimadas y los gobiernos quedan ante la opinión pública como guardianes del orden”, explica.
Lo sucedido el 1-D es el referente de lo que puede ser la relación de Enrique Peña Nieto con los movimientos sociales, en especial con jóvenes y estudiantes.
Ello lo dice el abogado Juan de Dios Hernández Monge. “La forma en cómo operaron ese día el Gobierno Federal y el capitalino, cuando ni siquiera tomaba protesta Peña Nieto”, indica que lo hicieron con absoluta estrategia. Utilizaron grupos relámpago, parapolicíacos, algunos vestidos de civil y otros infiltrados, para provocar a los policías. Son las viejas prácticas del PRI, pero más sofisticadas”, dice.
La experiencia de Juan de Dios Hernández Monge empieza desde el movimiento estudiantil de 1968, donde fue su primer despertar político. Conoce los tejes y manejes de la represión de Estado a movimientos sociales. Fue abogado defensor de estudiantes detenidos en el 2000 durante la huelga en la UNAM. Tiempo después lo haría en el caso Atenco, donde “supe de las medidas represoras de Peña Nieto”.
Para Juan de Dios Hernández Monge, vocero y representante de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, es importante no olvidar “que existen protocolos internacionales para regular el uso de la violencia… La violencia institucional debe ser proporcional al problema que se enfrenta. Es inverosímil que se vea a una manifestación pacífica, te detengan y te acusen de Ataque a la paz”.
La detención de 96 personas, casi todos ellos jóvenes, acusados de Ataque a la paz suscitó, según Hernández Monge, una luz roja para quienes decidan manifestarse. “El mensaje del gobierno represor de Peña Nieto es que se manifiestan en su contra, los jóvenes serán castigados con el peso de la ley, como vándalos o delincuentes. Es decir, que gritarle asesino a Peña Nieto implica represión y un ataque a la libertad de expresión. Él tiene varios delitos en su contra y todos lo sabemos, desde los feminicidios hasta lo sucedido en Atenco, cuando fue gobernador del estado de México… que los jóvenes se manifiesten en su libre derecho, ¿los convierte en vándalos?”.
LAS PROTESTAS, EN CASCADA HASTA EL 1-D
Cuando el 11 de mayo, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto se topó con un grupo de estudiantes en la Universidad Iberoamericana, comenzó lo que más tarde sería una fuerte oposición de jóvenes al candidato del PRI y al regreso de este partido a la Presidencia.
Las protestas de estudiantes y ciudadanos brotaron en varias ciudades del país, durante la campaña de Peña Nieto. Nació el movimiento Yosoy#132 a través de las redes sociales y como consecuencia de la crispación de Peña Nieto con los estudiantes de la Ibero. Enseguida las redes sociales y las calles encararon a políticos, empresas y medios de comunicación.
Volvió a recordarse al histórico movimiento estudiantil de 1968 y el de los normalistas reprimidos en lo que se conoció como la Matanza del Jueves de Corpus de 1971, o El Halconazo. Ambos, bajo la venia de presidentes priistas: Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
Con Peña Nieto se rememoran esos tiempos, aunque en plena campaña presidencial, el priista diría respecto a los jóvenes: “Para la mayoría de ellos –refiriéndose a los jóvenes que votarían por primera vez– será su primera elección, y tomarán la decisión de lo que quieren tener para el México del mañana […] México puede construirse en un espacio en el mundo como líder con la participación de la juventud mexicana”.
También en junio de 2012, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, comenzó a circular un folleto con el título: “Mi compromiso es con los jóvenes y con todo México”. En él se plasmaban algunas propuestas ideadas para los jóvenes votantes.
Entre ellas, las vinculaciones de instituciones educativas y empresas, con el objetivo de que “puedan realizar prácticas profesionales y al terminar sus estudios tengan mayores oportunidades de empleo”. También se planteaba una cobertura universal preparatoria, acceso mayor a la universidad, impulsar la universidad nacional digital, además de apoyos educativos y “mejores programas de orientación y apoyo contra las adicciones”.
Sin embargo, las protestas juveniles se dieron en serie. Por ejemplo, en mayo de 2012, en Córdoba, Veracruz, fueron golpeados, en plena plaza principal, manifestantes contra Peña Nieto. Los estudiantes se manifestaban en forma pacífica, cuando irrumpieron policías vestidos de civiles y arremetieron contra ellos. Otro enfrentamiento se dio entre simpatizantes del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y grupos juveniles del PRI en Xalapa. Más de 30 personas fueron detenidas, luego de que la protesta terminó en golpiza.
La visita de Peña Nieto a Tepeaca, Puebla, suscitó otra manifestación, cuando 50 jóvenes interceptaron un convoy donde el entonces candidato priista se trasladaba al centro de esta ciudad. En Querétaro, en una manta se leía: “Atenco no se olvida”. Así, 180 jóvenes recibieron a Peña Nieto.
Desde Tijuana hasta Quintana Roo, las protestas contra Enrique Peña Nieto se hicieron notar al unísono. El movimiento Yosoy#132, antes y después de las elecciones, se organizó en contra de un posible fraude electoral.
Pero fue hasta la toma de posesión cuando las relaciones entre Peña Nieto y los movimientos juveniles dieron un viraje. Aquella mañana del 1-D, 96 personas, la mayoría jóvenes, fueron detenidas por policías del Distrito Federal y de la Policía Federal, sin que hasta la fecha se tenga una lectura precisa de lo acontecido aquel día… al menos por parte de las autoridades de la capital y federales.
ATAQUE A LA PAZ, EL DELITO
Dice el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal: “Se les impondrá de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.
El 27 de diciembre, organizaciones de derechos humanos, activistas y abogados, pidieron a la Asamblea Legislativa del D.F. la derogación de esta ley, considerada para Juan de Dios Hernández como “la versión chilanga de terrorismo a nivel federal”. Pero la ley no se derogó. La pena era de cinco a 30 años, y ahora es de dos a siete años.
La historia de esta ley tiene relación con el movimiento estudiantil de 1968 y el Jueves de Corpus en 1971, sólo que en el pasado se utilizó bajo el nombre de disolución social, por eso, para el litigante Hernández Monge es toral que se derogue. “Atenta contra la libertad de manifestarse de forma pacífica. Es un derecho que está en la Constitución”, dice.
Sin embargo, el activista en derechos humanos, Francisco Cerezo considera que la represión a movimientos sociales, en especial a jóvenes, ocurre en todo el país. “Hay presos políticos de otros gobiernos priistas y ya fueron olvidados por los defensores y abogados. Eran jóvenes que se convirtieron en viejos y nadie lucha por su libertad”, además de que el integrante del Comité Cerezo piensa que las acciones represoras de Peña Nieto contra los jóvenes no es algo nuevo ni exclusivo de él.
“Hay, en otros estados, como lo vimos en Guadalajara, actos de represión a movimientos sociales y poco se dice. Pero cuando pasa en la capital del país, entonces sí hay eco. Debemos ser congruentes y pensar que en todo el país ocurre este tipo de acciones”, y agrega que es importante ponderar una definición que se utiliza en derechos humanos:
“Se le llama Cadena de mando. Es decir, qué tan responsables son los policías, como sus jefes y los jefes de estos; hasta llegar a las cúpulas más altas. No se trata ni de políticos locos ni de un presidente represor, solamente. Sino de una política de Estado”, afirma Francisco Cerezo.
Aunado a esto, la doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), profesora de tiempo completo en esa facultad y especialista en temas de Democratización, Marcela Bravo Ahuja, asevera que la participación de los jóvenes fortalece la democracia. “Los movimientos estudiantiles demuestran un gran reto para los partidos políticos, que carecen de representatividad y no cumplen las necesidades de las causas sociales de este país”, enfatiza la politóloga.
EL ACIAGO 1-D
Al tiempo que Enrique Peña Nieto tomaba posesión como Presidente de la República, circulaba una imagen impactante. Era la fotografía de un hombre trasladado en una camilla. La frente ensangrentada y la exposición de masa cerebral era un manifestante que quería expresar su repudio a la toma de posesión presidencial.
En las redes sociales, Twitter y Facebook, los comentarios en tiempo real aparecían en segundos. Irene, usuaria de Facebook escribió a las 13:08 horas: “Alguien que diga lo que está sucediendo en Bellas Artes”. Seguido de este mensaje, los medios daban a conocer algunos disturbios en San Lázaro y en el primer cuadro del Centro Histórico del Distrito Federal.
Los rumores en las redes sociales se convertían en información veraz. No sólo se supo que la imagen de aquel hombre bañado en sangre era la del dramaturgo Juan Francisco Kuykendall, quien hasta el cierre de esta edición sigue internado en el hospital bajo pronóstico reservado, pero estable. También se supo de otra persona lesionada: Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), quien recibió un impacto en el ojo derecho.
La mañana del seis de diciembre, el estudiante declaró con la voz quebradiza: “Pido la liberación de los compañeros que injustamente fueron presos […] Un ojo no es nada. Muchos seres humanos no tienen que comer todos los días”.
Fueron detenidas 96 personas, acusadas de provocar destrozos y causar disturbios en la vía pública. Daños a edificios públicos y privados, así como a la recién inaugurada Alameda Central, enseguida provocaron que el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, calificara de “barbarie” estos hechos y algunos medios de comunicación los llamaron acciones vandálicas.
De los 96 detenidos, el domingo 2 de diciembre fueron consignados 69 presuntos culpables por delito a la paz pública, que podría tener una pena de tres a 45 años. Al paso de los días, organizaciones civiles, académicos, intelectuales, artistas y ciudadanos de a pie, pedían la liberación de los presos del 1D. Fotografías, videos, testimonios y entrevistas coincidían en que los consignados eran inocentes. En forma paulatina, todos fueron liberados. Hasta diciembre del año pasado, 14 permanecieron en prisión, pero también fueron liberados.
Dos casos, como el de Mariana Muñiz y Carlos Román, detenidos ese día, fueron liberados poco más de una semana después de su detención. Las secuelas psicológicas están muy presentes, incluso también para sus familiares. Y aunque están libres, no se les ha reconocido su inocencia. “Nos liberaron por faltas de elementos, pero no estamos libres del todo, sigue la investigación”, dice Mariana en entrevista para Sin Embargo MX.
Ni Mariana ni Carlos registran algún tipo de violencia física. Es cierto que Carlos no pudo ver a sus familiares durante varias horas, nadie le informaba nada. La incertidumbre, también compartida por Mariana, iba en aumento.
Pero Mariana sí reconoce que la violencia emocional fue constante. El MP-50 es conocido como el Búnker, porque además de oscuro y frío, es un bloque fortificado. Ambos, en distintos tiempos, declararon hasta la madrugada del domingo. Mariana, por ejemplo, fue la última en declarar, le pidieron que esperara junto a los demás en una puerta trasera, sin saber que tras ella los aguardaban unas camionetas que los llevarían al Reclusorio Norte y Santa Marta.
“Estuvimos en el área de consignadas. En el otro lado del pasillo estaban las sentenciadas, que nos hacían bromas, pero también nos daban consejos”, relata Mariana, al tiempo que recuerda a una custodia que lloraba el día en que fueron remitidas a Santa Marta, “quizá porque sabía que éramos inocentes”, dice Mariana.
Desde la llegada de las 11 mujeres, les pidieron que se cambiaran de ropa y entregaran sus pertenencias en un sobre con sus nombres. Mariana cuenta que las autoridades penitenciarias estaban al pendiente y constantemente les hacían exámenes médicos. El viernes 7, rememora la anécdota, limpiaron los baños por iniciativa. “En Santa Marta hay mucho excremento de paloma. Además de que nosotras pensamos en que íbamos a mantener limpio el lugar donde estábamos, para cuando ya nos liberaran, las otras reclusas estuvieran en un lugar digno”, relata.
Aunque Juan de Dios Hernández precisa que en el día de los disturbios, sobre todo en San Lázaro, los policías utilizaron balas de goma y gases que, según protocolos internacionales, indican cómo emplearlos en casos necesarios. “Por ejemplo, los gases pimienta deben ser lanzados en forma de parábola para evitar lo que pasó con Juan Uriel Sandoval, a quien le dieron en el ojo. Y las balas de goma, también prohibidas, se deben emplear de la cintura hacia abajo, no directo como se ven en distintos videos y fotografías. Una de esas balas le dio a Juan Francisco Kuykendall”.
Sin embargo, Francisco Cerezo opina que los policías son robots del sistema, que es la política de Estado quien diseña y hace ejecutar estas medidas. “No son los policías malos y crueles que hacen esto porque sí. Ellos son responsables, pero también hay que recordar que son adiestrados para esto. El Estado se lava las manos cuando son ellos los responsables”, recalca.
DE CÓMO ESTA LUCHA SE VOLVIÓ ILEGÍTIMA
La integrante del CEIICH, Margarita Favela es especialista en movimientos sociales. Considera que una dinámica recurrente de cualquier gobierno es responder a la presión social. “En momentos de mayor presión social, a veces tardan meses o años, vienen reformas que tienen que ver con esas demandas sociales o con actores clave para las transformaciones del país. Pero no reconocen la demanda de quienes se movilizaron tiempo atrás. Los gobiernos absorben la demanda y la hacen ver como una iniciativa propia. Esto parece, ante la opinión pública, como una preocupación social y así se cierra, en apariencia, un ciclo de autoritarismo. Así atenúan la presión social y se crea cierta estabilidad política”, analiza Favela Gavia.
Aunque insiste que antes de que esto suceda, los gobiernos (que va desde algún funcionario, hasta el propio Presidente) tergiversan el sentido real de la lucha de los movimientos sociales. “Con el 1-D vimos cómo se creó una ficción y se hizo pasar esta manifestación como actos vandálicos. Peña Nieto queda ante la opinión pública internacional como el Presidente que entra y da orden y seguridad a su país. A la par de esto, les dice a los jóvenes: “Si me criticas, encontraré los medios para convertir tu lucha en algo que va en contra del país”.
Bravo Ahuja reflexiona sobre lo ocurrido el 1-D y cree que no existe ningún mensaje de EPN hacia los jóvenes porque aquel día “no quedó claro quién hizo qué. Se sabe que encarcelaron a gente inocente, pero cuando sale un gobierno federal y local y entran otros, es difícil determinar quiénes son los responsables”, dice.
-No lo creo. Peña Nieto tiene otras preocupaciones, sobre todo referente a reformas que quiere sacar. Espero no me equivoque, pero creo que México es un país distinto a como lo dejó el PRI en el 2000. Por ejemplo, los jóvenes parecían apáticos y sin embargo vimos que se movilizan, piensan por su país y participan. El problema es que muchos de ellos son utilizados por intereses muy oscuros.
Margarita Favela piensa lo contrario, incluso considera a la Reforma educativa como una ficha guardada. “Se cree que con esta reforma se pretende aminorar el poder de Elba Esther Gordillo, pero yo creo que el trasfondo es dar una imagen de que el gobierno de Peña Nieto no se ocupa de los vándalos y delincuentes, sino de los buenos estudiantes a los que dará un mejor futuro. Todo engarza muy bien”.
PREVALECE DESCONFIANZA EN PARTIDOS
“Los presos políticos del 1-D son los primeros de Peña Nieto y también los de Miguel Ángel Mancera, quien en lugar de defender los derechos humanos, quieren culpar a los inocentes, con todo y las pruebas”, apuntala Juan de Dios Hernández, quien desconoce al PRD y a la izquierda institucional como una verdadera izquierda “que proteja la constitucionalidad social”.
La explicación que la especialista de la UNAM, Marcela Bravo encuentra es que los partidos políticos fueron “rebasados por las demandas sociales. Los jóvenes no tienen confianza en ellos. Hay una ciudadanía más vigilante. Peña Nieto, por ejemplo, mantiene una política institucional, pero no social. Los movimientos sociales pueden encauzar estas demandas”.
– Se pensaba que muchos de los jóvenes que votarían por primera vez, no tenían esta impresión, de que el PRI era un mal partido, como sucedió con otras generaciones. Pero no fue así: los jóvenes no querían al PRI de regreso. Yo no creo que sea una cuota. Es muy temprano para saberlo, porque los primeros meses del inicio de un gobierno son de luna de miel. La realidad se verá en unos meses más. Por ejemplo en estos días la noticia fue que Morena se conformará como partido político, pero la gran diferencia con todos los demás partidos es que pretende seguir como movimiento y partido a la vez. Esto es un buen nicho electoral para Andrés Manuel López Obrador. Los jóvenes son escépticos con los partidos, no tienen representatividad ante ellos y es seguro que seguirán manifestándose durante el sexenio.
