Con clausuras a grandes empresas señaladas por contaminar, la Profepa asegura que buscará enfocarse en "dar mensajes claros" para contrarrestar la disminución de presupuesto que enfrenta desde años recientes.
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró en los últimos meses empresas como Simari, que contaminó durante años Hidalgo, o de manera temporal a Grupo México por operar sin permiso un ducto en Sonora. Mariana Boy Tamborrell, al frente de la Procuraduría con recortes presupuestales desde hace 10 años, asegura que, como en estos ejemplos, su gestión se enfocará en sancionar y atender casos emblemáticos para “dar mensajes claros de que sí hay consecuencias” por incumplir la ley.
La Profepa pasó de recibir en 2015 un presupuesto anual de mil 107 millones 217 mil pesos a 839 millones 545 mil pesos para este 2025 –un monto menor a los 896 millones para 2024–. Es decir, los recursos que la Secretaría de Hacienda destinó a esta instancia disminuyeron 24 por ciento en 10 años.
—¿Se han visto imposibilitados por el tema de la tendencia de recortes presupuestales a todo el ramo ambiental que lleva varios años? —se le cuestionó a la Procuradora Ambiental Mariana Boy en entrevista para el programa Dos Con Todo, de SinEmbargo Al Aire.
—Pues no y sí, obviamente entre más recursos tengamos tenemos mayor capacidad de alcance, y podemos tener mucho más presencia de manera permanente en el territorio, pero eso no ha limitado las actuaciones de Profepa. Estamos muy decididos, muy convencidos de la labor que estamos haciendo y del trabajo que tenemos que hacer y de la misión de la procuraduría y con todos los recursos que tenemos pues estamos actuando y buscando dar mensajes muy claros de que sí hay consecuencias, de que sí se va a aplicar la ley y de que no hay tolerancia o yo no cumplo, unos sí y otros no. Todos parejo. Vamos a estar muy activos y muy presentes en el territorio vigilando –respondió Mariana Boy, exprocuradora Ambiental de la Ciudad de México cuando la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum fue Jefa de Gobierno.
En enero, la Profepa clausuró de manera total y definitiva a la empresa Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales (Simari), ubicada en Tepejí del Río, Hidalgo, por irregularidades en el almacenamiento, manejo y tratamiento inadecuado de residuos peligrosos industriales y biológico-infecciosos, que ya habían sido exhibidas desde 2021 y 2023 con medidas que no acató, pero tenía cerca de 30 años operando en malas condiciones. Además del cierre definitivo, la Procuraduría solicitó revocar las autorizaciones en materia ambiental y el pago de una multa por casi 15 millones de pesos.
Sin embargo, empresas como Grupo México –responsable del derrame de tóxicos en la cuenca de Sonora en 2014– fue sancionada en marzo con la suspensión temporal de un ducto para trasladar agua de Bacanuchi a Cananea para la una de las minas de Germán Larrea. De igual forma, la Profepa suspendió temporalmente a la siderúrgica Ternium y a Truper, encargada de elaborar herramientas, por descargar aguas residuales sin permiso y, con ello, contaminar los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago.
En los casos de clausuras temporales, la Procuradora Mariana Boy identificó que uno de los retos será asegurar que las empresas sancionadas por contaminar no sigan operando con las mismas condiciones, y exigirles la reparación del daño.
“Nos parece que el tema de las multas no es eficiente y no repara los daños ni restituye los derechos ambientales de las personas. Entonces, ahora en las resoluciones no solamente vamos a imponer las multas que correspondan, que así marca la ley, sino que también vamos a ordenar la reparación del daño y esto implica tener que regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban. Es decir, si tenemos un desarrollo inmobiliario o, por ejemplo, estos ductos de Grupo México que no llegaran a conseguir las autorizaciones, o que no las exhiban durante el procedimiento de Profepa les vamos a ordenar reparación del daño. ¿Y esto qué significa? Que tendrían que retirar los tubos y dejar el sitio en las mismas condiciones en que se encontraba antes de que iniciaran con la obra”, expuso.
El ducto usado por la minera Buenavista del Cobre de Grupo México se ubica en una zona que enfrenta tanto sobreexplotación de acuíferos como una sequía prolongada. De acuerdo con la procuraduría, además del ducto se encontró remoción de vegetación en algunas áreas, ya que la tubería se conecta con una serie de pozos que extraen agua del río Bacanuchi.
Grupo México ha argumentado que la extracción es legal basada en las concesiones obtenidas de Conagua desde 2012 a 2020. Pero la instalación del ducto de 10 mil 500 metros con un diámetro de 89 centímetros no cuenta con autorización de la autoridad ambiental, justificó la Profepa. En esta zona, productores ganaderos de Sonora bloquearon el año pasado el paso de pipas de la empresa para denunciar la sequía.
“Esta obra nos las denunciaron parte de las personas que habitan en la zona y detectamos que efectivamente estaban colocando estos ductos para transportar agua, pero no cuentan con la autorización de impacto ambiental. Entonces, clausuramos, es una clausura temporal,¿por qué es temporal? Porque estamos también a la mitad del procedimiento, nuestro procedimiento es largo. Hacemos la visita de inspección, que consiste en una visita ocular, donde constatamos lo que está sucediendo en el sitio. Pedimos documentación al responsable, en este caso, a Grupo México que está realizando la obra: ‘Acredita que cumples con tus permisos. Muéstrame tu Manifestación de Impacto Ambiental, o sea, tu autorización’ [...] Se van desahogando varias etapas del procedimiento, y al momento de la resolución sí podemos imponer como una sanción la clausura total, por ejemplo”, detalló la Procuradora Mariana Boy.
Al realizar revisiones la Profepa también ha encontrado resistencia, por ejemplo, de la empresa de acopio y almacenamiento de residuos peligrosos Monwhite Ecological Service, en el Estado de México, que no permitió la entrada de los inspectores de la procuraduría.
“Impusimos una clausura por principio precautorio, es decir, ante la duda de que pueda estarse generando un impacto al ambiente de manera negativa, clausuramos en tanto tú no acredites que no estás generando ningún daño”, detalló Boy Tamborrell.
Desarrollos inmobiliarios contaminantes
La construcción de desarrollos inmobiliarios pese a los daños ambientales preocupa en todo el país. En el Estado de México, SinEmbargo documentó recientemente cómo la voracidad de estas constructoras alrededor de la explotada y contaminada presa Madín en el Estado de México, que aun contaminada con metales pesados, sigue distribuyendo a miles de mexiquenses, según ha documentado con estudios académicos el Comité de Cuenca Presa Madín.
—¿Cuál es el papel de la Profepa en casos donde, aunque tengan permisos ambientales y de Conagua, se sigan permitiendo construir fraccionamientos en zonas ya sobreexplotadas?—se le preguntó a la Procuradora Ambiental federal.
—Ahí es un tema. Lo que corresponde a la Profepa es vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar que el derecho al medio ambiente sano de todas las personas.
–Si una empresa cuenta con permisos nosotros nos vemos un poquito más limitados en esa parte. No tenemos la atribución de investigar cómo es que se dieron esos permisos o con sustento en qué, ahí que es donde nosotros nos encontramos un poco más limitados, pero lo que sí es cierto es que si de esas actividades, aunque sean actividades legales, se acredita que se está generando un daño al ambiente o una afectación a la salud, ahí sí podemos intervenir nosotros. O sea, si podemos acreditar que hay contaminación excesiva, que rebasa los niveles que se permiten en las normas, ahí sí podríamos hacer una investigación más amplia –respondió.
Una demanda de la ciudadanía es que la Profepa tenga más presencia en territorio para vigilar que sí se cumplan las normas, así lo expusieron habitantes con los que personal de la dependencia se reunió la semana pasada en Yucatán.
“Hay un crecimiento de desarrollos inmobiliarios muy importante también en algunos de los municipios y muchos de estos sin contar con Manifestación de Impacto Ambiental. Estos son dos de los grandes problemas que se hablaron en Yucatán y también en algunas zonas del estado la deforestación”, expuso la Procuradora Ambiental.
Mientras tanto, uno de los pendientes principales de la dependencia en este y otros casos de empresas contaminantes será, según reconoce la funcionaria, “trabajar en el tema de reparación del daño”.
