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Fabrizio Mejía Madrid

27/03/2025 - 12:05 am

Por quién votaré (y por quién no)

No son los títulos o los premios lo que hace a un buen Juez, sino sus sentencias y argumentos a favor del interés general, de la soberanía nacional y de los más pobres. Porque, como creían todos los pensadores de la Ilustración, la justicia debe ser para los pobres, porque los ricos ya tienen todo el dinero y todo el poder. A votar este primero de junio.

El 1 de junio saldré a votar para conformar al nuevo Poder Judicial. Me entregarán seis boletas. Cada una tiene un color: morado para la Suprema Corte, verde para el Tribunal de disciplina, azul y carne para los electorales federales y locales, rosa para magistrados, y amarillo para jueces de distrito. Cada candidato viene numerado y lo que se tiene que llenar es un recuadro blanco con el número del candidato por el que votas. Así se renovará el único poder que no es electo en México desde la Constitución de 1857.

Viendo los nombres y algunas trayectorias de los juzgadores empecé a hacer mi lista de por quiénes sí y por quiénes no. Les debo confesar que al ver la lista me emocioné porque pude ver más en concreto qué podrá ser este poder de la República con personas que, además de saber de derecho, han tenido biografías que los hacen justos. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito: cuando uno necesita un abogado, es bueno que sea hábil, pero cuando uno necesita un juez es vital que sea justo. Las dos cosas no coinciden por fuerza y hemos tenido muchos jueces, magistrados y ministros que se comportan en las salas como abogados y no como juzgadores. Ahí tienen a Luis María Aguilar que escondió durante un año el expediente del dueño de Elektra, Ricardo Salinas Pliego, y evitó que por lo menos 40 mil millones de pesos fueran al presupuesto público. Aguilar se comportó como abogado de Salinas Pliego, no como juzgador justo que ve por el interés general. Tenemos cientos de casos que se acumulan cada semana donde los jueces le otorgan amparos a empresas extranjeras, benefician a quienes los sobornan, o simplemente tienen una estructura mental que no les permite pensar en el bien de la Nación. Para qué les voy a tocar ese blues. Todos lo conocemos. Lo que digo es que, viendo mi lista de por quiénes pienso votar el 1 de junio me dio gusto porque sí juzgadores justos, no sólo buenos abogados. Y esa diferencia es crucial.

Empiezo con mis nombres para la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que la debe presidir la actual Ministra Lenia Batres Guadarrama porque ha demostrado ser la Ministra más cercana a los intereses de la Nación. Ella milita en la izquierda electoral y social del país desde antes de que tuviera la mayoría de edad. Y ha estado, como muchos de nosotros, desde la democratización del Distrito Federal hasta la resistencia contra la reforma energética del pacto por México de Peña Nieto. También estuvo en el CEU. No hay lucha en que no haya estado Lenia Batres pero no sólo. Le ha dado contenido jurídico a cada una de sus luchas, desde el rechazo al aburguesamiento de la Ciudad de México hasta las reformas a las leyes que han emprendido tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum desde que ésta era Delegada en Tlalpan. Además, no hay duda de su compromiso social en cada una de las argumentaciones que le he oído en el Pleno de la Suprema Corte, su oposición férrea a que Norma Piña manipulara cada paso de la renuencia del PRIAN a esta reforma judicial, e incluso cuando se evitó que diera un golpe de Estado usando a los magistrados electorales. Es la única Ministra que ha defendido a las comunidades indígenas. El sólo hecho de que la ataque Salinas Pliego es suficiente para hacerla presidenta de la Suprema Corte. Ahí tenemos a la Ministra del Pueblo.

María Estela Ríos González fue la Consejera jurídica de Andrés Manuel en la Ciudad de México y en la Presidencia de la República. Su biografía al lado de las luchas obreras está ahí desde los años setentas en que asesoró como abogada laboral a los trabajadores metalúrgicos y del heróico sindicato de la llantera Euskadi. Más adelante, ya con el Tratado de Libre Comercio asesoró a los trabajadores de Sony en conflicto con su matriz en EU. Fue la abogada de las obreras maquiladoras en la frontera norte, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar del EZLN en Chiapas, y ocupó casi todos los cargos jurídicos en las Juntas de Conciliación y Arbitraje para defender a los trabajadores. ¿Qué más compromiso biográfico y profesional se puede pedir? Ahí tenemos a la Ministra de los trabajadores.

Natalia Téllez Torres Orozco fue la jurídica de Raquel Buenrostro. Juntas emprendieron la trascendental labor de hacer pagar a las grandes empresas a las que, desde Echeverría, se les condonaban los impuestos. Esta función fue esencial para que el Gobierno de Andrés Manuel tuviera dinero público para los programas sociales y de infraestructura. Pero no sólo. Como Raquel Buenrostro, Natalia Téllez también luchó contra la corrupción tanto en el Gobierno como en las empresas y se enfrentaron juntas al tema de las factureras y las empresas fantasma que mueven miles de millones de pesos sin que se puedan congelar sus activos. Ahí tenemos a la Ministra anti-corrupción.

Loretta Ortiz ha sido la otra ministra, junto con Lenia Batres, que ha defendido causas del interés nacional. A ella le doy mi último voto.

En el caso de los hombres para ocupar puestos de ministros en la Suprema Corte, ahí les van. Federico Anaya Gallardo, ustedes seguramente lo conocen como el “Maxiabogado” del sitio de información Rompeviento. Pero es alguien muy ligado a las comunidades indígenas en Chiapas desde que fue abogado del Centro Fray Bartolmé de las Casas y representante de la Diócesis de San Cristóbal allá en los años del conflicto zapatista, hasta uno de los autores de los derechos de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Es un personaje que personalmente respeto mucho porque no sólo es un defensor de los pueblos sino que es cultísimo. Sabe tanto de cine como de antropología, de literatura como de derecho. Es uno de los que consulto para hacer que estas videocolumnas no incurran en un error jurídico. Con él tendremos a un defensor de la inteligencia que hoy casi está ausente en la Suprema Corte con esos ministros, como Piña o Laynez, más llenos de sí mismos que de sabiduría.

Raymundo Espinosa Hernández fue el abogado del Conacyt en el combate que emprendió su exdirectora, María Elena Álvarez Buylla contra los fideicomisos que privatizaron los recursos públicos a la ciencia y la tecnología, y también el que le dio forma a la nueva Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología que permitió la creación de la actual Secretaría. Es un abogado que defiende los derechos sociales y asesor del Tribunal Internacional de los Pueblos, heredero de aquel que fundaran Betrand Russell y Jean Paul Sartre para condenar el genocidio de los EU en Vietnam.

Irving Espinosa Betanzo fue asesor de Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México cuando la gobernó Claudia Sheinbaum. Juntos lograron, desde la Cámara local de la CDMX generar un plan de austeridad y transparencia, además de vigilar el estricto cumplimiento de los derechos humanos. Basta recordar el papel que tuvieron los tres, Sheinbaum, Godoy, y Espinosa en la detención del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda, Rautel Astudillo en 2022.

Hugo Aguilar Ortiz ha sido el Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, bajo de la dirección de Adelfo Regino Montes. Es un extraordinario abogado oaxaqueño comprometido con la defensa de los territorios de las comunidades originarias y un protector en primera línea de las radios comunitarias cuando se aprobó la Ley Televisa.

Para el Tribunal de Disciplina, el que va revisar la actuación de los juzgadores, que en este momento liberan criminales, amparan a narcopolíticos, y les reparten arraigos en sus domicilios a los delincuentes, tengo en mi lista a Miguel Ángel de los Santos Cruz, que es, junto con Federico Anaya Gallardo y Hugo Aguilar Ortiz, un defensor de la derechos humanos en Chiapas. Hombre incorruptible, dirige ahora la Facultad de Derecho de la UACH.

Hasta aquí llega mi lista que habremos de depurar en los meses que faltan. Pero ahora les explico mi entusiasmo: imagíenense una Suprema Corte y un Tribunal de Disciplina con abogados que han vivido de defender a los pobres. Es el contraste total con quienes hoy benefician a un evasor de impuestos como Salinas Pliego, a los feminicidas, a los narcotraficantes metidos a gobernadores, a la industria de la comida chatarra y los cigarros, a las empresas abusivas españolas e italianas de energía supuestamente limpia. Por eso no ven en mi lista a quienes votaron, como Yazmín Esquivel, que Lenia Batres no pudiera intervenir en la evasión de impuestos de Ricardo Salinas Pliego. Tampoco verán a Marisela Morales, la Procuradora del Gobierno de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que tampoco se enteró que estaba trabajando para el Cártel de Sinaloa, que fue la que acordó el paso de armas desde los Estados Unidos a los narcos a través del Rápido y Furioso. No está la esposa del Procurador que tramó el desafuero contra Andrés Manuel en el sexenio de Vicente Fox, Magda Zulema Mosri. Ni Dora Alicia Martínez que fue directora del jurídico del Partido Acción Nacional cuando nos mal gobernó Vicente Fox y que se ostenta como “directora general de asuntos electorales de Grupo Televisa”. Tampoco encontrarán a Armando Hernández Cruz del Instituto Electoral del DF, ligado a Miguel Ángel Mancera ni a Ángel Mario García Guerra a su vez vinculado al Movimiento Ciudadano de Samuel García y Enrique Alfaro.

Todo mundo va a tener sus listas y verán a muchos youtuberos haciendo campañas por convicción o por monetizar, como dicen ellos, pero lo importante es el criterio que usaremos para votar: privilegiar la trayectoria de estos abogados, no en función de sus doctorados en Harvard o la Libre de Derecho, sino en su función como proveedores de justicia. No son los títulos o los premios lo que hace a un buen Juez, sino sus sentencias y argumentos a favor del interés general, de la soberanía nacional y de los más pobres. Porque, como creían todos los pensadores de la Ilustración, la justicia debe ser para los pobres, porque los ricos ya tienen todo el dinero y todo el poder. A votar este primero de junio.

Fabrizio Mejía Madrid
Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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