México rompió con su política de protección contra la pena de muerte al expulsar a narcotraficantes a EU, donde enfrentarían posibles ejecuciones, luego de negociaciones iniciadas en el Gobierno de Biden.
Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).- Las conversaciones para facilitar la expulsión de los 29 capos de la droga desde México a Estados Unidos iniciaron durante la Administración del expresidente Joe Biden, según el New York Times. De acuerdo al diario neoyorquino, la Casa Blanca continuó esas negociaciones con Claudia Sheinbaum al asumir la presidencia en octubre, mientras que el acuerdo definitivo de expulsión se debatió después de la toma de posesión de Donald Trump.
Los acusados extranjeros enviados a Estados Unidos por México rara vez enfrentan la pena capital, sin importar la gravedad de los cargos. Sin embargo, cuando Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más buscados por EU fue trasladado el mes pasado a la Corte federal de Brooklyn, los fiscales del Distrito Este de Nueva York señalaron que podría enfrentar la pena de muerte.
Caro Quintero, involucrado en el asesinato de un agente de la DEA, es uno de los 29 capos expulsados de México bajo un nuevo proceso, que no sigue los procedimientos tradicionales de extradición.
Según el New York Times, México utilizó una Ley de seguridad nacional que permite una remoción más rápida de los acusados, lo que implica que, a diferencia de las extradiciones anteriores, estos criminales podrían ser juzgados en EU con la posibilidad de ser condenados a muerte.
Históricamente, México ha protegido a sus ciudadanos de la pena de muerte, algo que estaba garantizado en los tratados de extradición con Washington. Esta protección se basaba en la condición de que los acusados no serían ejecutados en caso de ser enviados al país vecino. Sin embargo, el New York Times sostiene que la expulsión de Caro Quintero y otros miembros de su cártel marca un giro significativo en la política mexicana, ya que no se ofreció ninguna garantía de que no serían sujetos a la pena capital.
Para México, esta decisión significa un rompimiento con su largo historial de rechazo a la pena de muerte, una práctica que fue abolida en el país en 2005. Para Santul Nerkar, autor del texto, este cambio de postura coincide con la política de seguridad más agresiva del Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha adoptado medidas más firmes contra el crimen organizado. En este contexto, la expulsión de los narcotraficantes también refleja la cooperación creciente entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad.
La política punitiva de la Administración Trump, que defendió la pena de muerte como una herramienta esencial de justicia, incluyó en esta nueva estrategia de expulsión. La medida de acelerar la remoción de los capos se ajusta a la visión del Presidente estadounidense, quien ha mostrado un firme apoyo a la aplicación de la pena capital, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
La expulsión de los narcotraficantes se ha visto como una forma más eficiente de lidiar con los capos sin recurrir a los largos y complicados trámites legales de extradición. A diferencia de las extradiciones previas, que siempre garantizaban la protección contra la pena de muerte, esta nueva vía no ofrece esas garantías, lo que podría generar una fuerte tensión entre los gobiernos de ambos países.
Ahora el presidente @realDonaldTrump anuncia la pena de muerte a todos los narcos y terroristas como el Mayo Zambada.
Todos los que colaboren con el narcotráfico ya no solo serán enviados a la cárcel, confiscados sus bienes, sino les aplicarán la pena capital.
Bye, Zambada. pic.twitter.com/4Bi5mMJbvV— Simón Levy (@SimonLevyMx) February 21, 2025
El New York Times resalta que la decisión de enviar a Caro Quintero a Estados Unidos también resalta el cambio de enfoque en la lucha contra el narcotráfico bajo el Gobierno de Sheinbaum. Si bien reconocen que el Presidente López Obrador priorizó estrategias más dialogantes y menos confrontativas, para el diario neoyorquino, la actual Administración ha adoptado un enfoque más directo, desplegando miles de soldados para enfrentar el tráfico de fentanilo y el crimen organizado en general.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó que México no permitirá que sus ciudadanos sean ejecutados en Estados Unidos, pero la nueva política de expulsión complica esta postura, pues no hay protección jurídica para evitar la pena capital.
El caso de Caro Quintero es especialmente significativo debido a su historial con las autoridades estadounidenses. Tras cumplir una larga condena en México por el asesinato de Kiki Camarena, un agente de la DEA, Caro Quintero fue liberado en 2013 por un fallo judicial, pero recapturado en 2022. Ahora, con su traslado a EU, se enfrenta a cargos de asesinato y narcotráfico que podrían llevarlo a enfrentar la pena de muerte.
Los abogados de Caro Quintero ya han anunciado que impugnarán cualquier intento de aplicar la pena capital en su caso. Michael Vitaliano, uno de sus defensores, señaló que están "totalmente preparados para enfrentar ese desafío en el procedimiento", independientemente de los obstáculos legales que surjan.
El Presidente Trump, quien volvió a posicionarse a favor de la pena de muerte, firmó en enero de 2024 una orden ejecutiva que autoriza la pena capital en casos de homicidio de agentes de la Ley y de extranjeros en EU.
La creciente cooperación entre ambos gobiernos, sin embargo plantea el NYT, ha generado críticas por parte de defensores de los derechos humanos y opositores de la pena de muerte. El abogado de otro capo expulsado, Ken Montgomery, argumentó que "para una sociedad civilizada, ejecutar a la gente no parece algo civilizado".
