En octubre de 2014, la Presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto para que la CFE y Pemex sean nuevamente empresas públicas. El estatuto consolida estas transformaciones en el marco legal, permitiendo al Estado fortalecer su papel en el sector energético.
Ciudad de México, 18 de marzo (SinEmbargo).- En los dos más recientes gobiernos federales se ha realizado un proceso obligado de reformas constitucionales y de leyes secundarias para que el Estado Mexicano recupere su rectoría en áreas estratégicas. Por eso el miércoles 30 de octubre del 2024, durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto que se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, para promulgar la reforma constitucional en materia energética que estableció, nuevamente, que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) son empresas propiedad del pueblo de México.
Explicó Sheinbaum Pardo: “Pemex y CFE regresan a ser empresas del pueblo de México. Y nuestro compromiso de que van a ser empresas operadas eficientemente y que brindarán servicios, combustibles y electricidad a precios accesibles para todas y para todos”.
Aseguró la mandataria que esta reforma constitucional es un eje estratégico para el desarrollo nacional, ya que Pemex y Comisión Federal de Electricidad recuperaron su función rectora en sus respectivas áreas económicas de generación de energía eléctrica, y de producción y procesamiento de hidrocarburos, con dominio sobre el mercado. Aclaró la presidenta Sheinbaum Pardo que era importante subrayar que había también espacio para la inversión privada en esas áreas energéticas, pero bajo la rectoría de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que siempre tendrán una participación mayoritaria.
La histórica expropiación
Hace 87 años, el viernes 18 de marzo de 1938, al someter la insolencia de las compañías petroleras extranjeras que se negaron a acatar un laudo laboral, el presidente Lázaro Cárdenas del Río recuperó por primera vez, para beneficio de la Nación, su bien más preciado.
El referido decreto de expropiación advierte: “Considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo […] expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […] la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo”.
Agrega el decreto de explopiación emitido por el general Cárdenas: “Considerando que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera”.
Frente al poderío de las compañías petroleras, que representaban los intereses de Estados y Unidos y de la Gran Bretaña, el artículo primero del decreto de expropiación establece:
“Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carrostanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de Mexico, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera el Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A. y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación, y distribución de los productos de la industria petrolera”.
Privatización neoliberal
En 2019, 81 años después de la expropiación petrolera, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, publicó en la revista Economía UNAM, Volumen 16, Número 46, correspondiente a los meses de enero-abril del 2019, un artículo denominado “Por una Nueva Política Petrolera” en el que describe el proces de cesión de reservas, territorio y soberanía, así como la contrarreforma constitucional en materia energética realizadas durante el periodo de gobiernos que él describe como “neliberales” y que se profundizó durante la administración del priista Enrique Peña Nieto. https://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v16n46/1665-952X-eunam-16-46-101.pdf
Al hacer la revisión de la política energética en el país, el hijo del general Lázaro Cárdenas explica que “desde principios de la década de 1980 se impuso en México el modelo neoliberal, entreguista en lo político y económico, y excluyente en lo social. Desde entonces, los gobiernos de la República han concedido privilegios y protecciones para operar el regreso de los grandes consorcios petroleros a beneficiarse preferentemente de la explotación de los recursos energéticos del país, encabezando consecuentemente el desmantelamiento consciente y sistemático de Petróleos Mexicanos y, en lo general, de la industria petrolera nacional. Esta entrega culmina, desde el punto de vista constitucional, con la contrarreforma energética impuesta por las mayorías legislativas en 2013”.
Cuauhtémoc Cárdenas hace señalamientos muy concretos a la administración de Peña Nieto: “Desde el inicio del actual periodo de gobierno, cuando se reiteró la intención de ahondar la privatización de las industrias petrolera y eléctrica, señalamos que, además de constituir un robo a la nación, la reforma oficial sería inviable por precipitada, y porque las condiciones sociales y económicas del país no permitirían su asimilación armónica”.
Describe Cárdenas Solórzano el desmantelamiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad: “Aspecto central de las políticas energéticas de los gobiernos neoliberales ha sido la vulneración presupuestal y la corrupción solapada en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, con una erosión de recursos que no han llegado ni al mero nivel de mantenimiento, lo que ha sido causa de innumerables accidentes, y ha dado lugar a que disminuya la capacidad de refinación; a ello se debe también que aumenten cada vez más las importaciones de combustibles, y que no se instalen sistemas avanzados de control de los flujo en poliductos, descuido este último del que resulta el fenómeno del huachicol y su constante incremento”.
En ese artículo publicado en 2019, Cuauhtémoc Cárdenas expone que “los resultados de esas políticas [neoliberal] están a la vista: la extracción petrolera declina ante la incapacidad operativa de Pemex para detener y revertir ese fenómeno: de los 3.4 millones de barriles diarios que alcanzó en 2003, en la actualidad la extracción no rebasa 1.8 millones de barriles diarios; la reserva probada actual, de mantenerse los ritmos de extracción, alcanzará para no más de seis años, lo que pone en alto riesgo la seguridad energética y, de hecho, la seguridad nacional; se importa más de 70% de las gasolinas, mientras las refinerías reducen su capacidad productiva debido a retrasos en su reconfiguración, a mantenimientos insuficientes o mal programados, y al aumento de accidentes de gran magnitud”.
Puntualiza el hijo del general Cárdenas: “Los contratos adjudicados por el gobierno a empresas privadas, barril por barril, no aportarán más allá de 14 o 16% de beneficios al Estado, muy alejados de 70% que ha venido aportando Pemex en ingresos fiscales; ni contribuirán al impulso que la empresa estatal ha dado a la industrialización y al desarrollo económico y social del país en sus 80 años de existencia”.
La contrarreforma energética de PRI, PAN y PRD
El miércoles 11 de diciembre del 2013 el periódico Reforma de la Ciudad de México publicó: “La reforma energética se concretó”. La información agrega: “El Senado aprobó ayer en lo general, con 95 votos a favor y 28 en contra, los cambios a la Constitución que permitirán abrir el sector de los hidrocarburos y la electricidad a la IP y que deja al sindicato petrolero fuera del Consejo de Administración de Pemex”.
Y explica: “La reforma faculta a una nueva Comisión Nacional de Hidrocarburos a entregar contratos a la Iniciativa Privada y a la Secretaría de Energía a otorgar asignaciones de proyectos a Pemex y a la CFE, que ahora serán ‘empresas públicas productivas’, obligadas a competir en el mercado”.
En su artículo denominado “Por una Nueva Política Petrolera”, publicado en la revista Economía UNAM, Volumen 16, Número 46, correspondiente a los meses de enero-abril del 2019, Cuahtémoc Cárdenas Solórzano analizó la contrarreforma energética instrumentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la complicidad de PRI, PAN y PRD.
“El 20 de diciembre de 2013 entró en vigor la reforma impuesta por las mayorías legislativas a los Artículos 27, 25 y 28 Constitucionales en materia energética. Esta reforma culmina la tarea destructiva de las bases fundamentales, tanto políticas como ideológicas, de la Constitución surgida de la Revolución Mexicana, al cancelar las facultades del Estado para aprovechar de manera exclusiva los recursos naturales de carácter estratégico, y al abrir la posibilidad de concesionarlos a particulares, mexicanos o extranjeros, anulando prácticamente todo control por parte del Estado sobre los recursos mismos y sobre las superficies que los albergan”, explica el ingeniero Cárdenas Solórzano.
Describe Cuauhtémoc Cárdenas el daño causado al país por la reforma energética de Peña Nieto: “De acuerdo con esta reforma, la nación deja de tener control sobre el destino de los hidrocarburos extraídos, en cuanto éstos alcanzan la boca del pozo. El particular, asociado con una empresa productiva del Estado, puede disponer según su conveniencia de la proporción del hidrocarburo que le corresponda por concesión, y se puede llegar a que ese recurso se exporte o almacene con fines especulativos y a que se produzca desabasto en los mercados nacionales”.
Habla Cárdenas Solórzano sobre la pérdida de soberanía derivada de las reformas promovidas por Peña Nieto: “La reforma de diciembre de 2013 suprimió, de la calificación de áreas estratégicas, el petróleo y demás hidrocarburos, y también la petroquímica básica y la electricidad, lo que hizo perder al Estado mexicano la exclusividad para la gestión de estos sectores, fundamentales para estimular y orientar el desarrollo económico, y en la práctica dejó que sea el interés particular lo que determine cómo se manejan estos dominios y cómo se explotan los recursos naturales del país, especialmente los no renovables. Se trata, en pocas palabras, de la primacía del interés particular sobre el público, y de la cesión de la soberanía de la nación sobre riquezas de suma importancia, tanto para el presente como para el futuro”.
Considera en su artículo el hijo del general Cárdenas del Río que “Petróleos Mexicanos (al igual que la Comisión Federal de Electricidad) debe recuperar su condición de organismo público descentralizado. Es necesario revisar su estructura de dirección y operativa, así como garantizar un régimen fiscal equivalente al de cualquier otro ente productivo, de modo que permita la mayor expansión nacional e internacional del organismo, a fin que recupere su condición de impulsor principal del crecimiento económico y de la industrialización. Es preciso garantizar, asimismo, la transparencia en todas sus actividades, y erradicar todo viso de corrupción en sus operaciones”.
Y señala Cárdenas Solórzano que revertir “las contrarreformas de los Artículos 27, 25 y 28 Constitucionales será básica para una gestión soberana de los hidrocarburos, orientada de manera definitiva al interés nacional y público […] En la reforma de fondo, que se basa igualmente en revertir las reformas de los Artículos 27, 25 y 28 Constitucionales de diciembre de 2013 en materia de energía, habrá de considerarse la necesidad de que los hidrocarburos, la petroquímica básica y el servicio público de electricidad recuperen su condición de sectores estratégicos, gestionados en exclusiva por el Estado”.
La reversión de la contrareforma
El pasado miércoles 12 de febrero del 2025, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, explicó en la conferencia mañanera de la Presidenta de la República que al igual como ocurrió con el sector eléctrico, el sector de hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. Reprochó González Escobar que la mal llamada “reforma energética” de diciembre del 2013, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue un fracaso completo para el Estado mexicano. En el caso de los hidrocarburos prometió que la apertura indiscriminada, a través de las famosas “rondas del sector”, atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió.
Consideró la actual secretaria de Energía que la atomización, la pulverización de las empresas, disminuyó las capacidades de la paraestatal petrolera, en beneficio de empresas particulares. “En Pemex, por ejemplo -dijo Luz Elena González-, se crearon tres empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo [ de las cuales sólo quedan 40]. Se crearon alrededor de las filiales consejos de administración y se aumentó la burocracia, al tiempo que se profundizaba, deliberadamente, la ineficiencia de Pemex”.
La secretaria de Energía dio a conocer un dato impactante: “Pemex pasó en tan solo cinco años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo; su deuda creció más del 100 por ciento. En muy pocos años casi destruyen el legado del General Cárdenas”.
Los nuevos rumbos
Para revertir las reformas de los gobiernos neoliberales, el jueves 31 de octubre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas constitucionales a los artículos 25, 27 y 28 con los cales el Estado Mexicano recuper´la rectoría en las áreas energéticas.
Se agregó un párrafo al Artículo 25 constitucional: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas públicas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos […] la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas públicas del Estado…”.
También se incorporó un nuevo párrafo al Artículo 27 constitucional: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional […] así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones. Las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
Y agrega ese nuevo párrafo incorporado al Artículo 27 constitucional: “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas públicas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas públicas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos”.
Finalmente, el párrafo agregado al Artículo 28 constitucional establece: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la Nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca; así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos…”.
El artículo primero transitorio señala que el Decreto de la reforma constitucional en materia energética entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Con fecha del 30 de octubre del 2024, el decreto está firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez. La reversión de las reformas constitucionales de los gobiernos llamados neoliberales, que pretendieron privatizar las áreas energéticas de la Nación está en pleno proceso durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, para devolverle al pueblo lo robado.
