Por Humberto Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el lunes 17 de marzo en la “mañanera” que “atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional […] siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia,” dijo. 

Justo hace un año y diecisiete días, cuando Claudia Sheinbaum arrancó su campaña presidencial en el Zócalo, esta declaración habría sido recibida con alivio y, quizá, hasta con esperanza. Pero que estas palabras se hayan pronunciado en medio de la coyuntura mediática de la barbarie descubierta en el Rancho Izaguirre, ha generado un ambiente de escepticismo entre cientos de miles de víctimas, quienes esperaban ser escuchadas y reconocidas por la presidenta desde el 1 de marzo de 2024. Desde aquel entonces, víctimas y organizaciones buscaron que la entonces candidata, ahora presidenta, se comprometiera públicamente a reconocer y atender la crisis de desapariciones; sin embargo, hasta el día de ayer, la presidenta había evitado cualquier reconocimiento explícito de las desapariciones, ya fuera en sus discursos o documentos emblemáticos de trabajo.

La acción es buen antídoto contra el escepticismo, y en ese sentido, la declaración de la presidenta ha sido acompañada por el anuncio de 6 medidas para fortalecer la búsqueda de personas. Las dos primeras se refieren a reformas legales y medidas de política pública para fortalecer la institucionalidad y herramientas para la búsqueda creadas por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada (en adelante LGMDF). 

Del paquete de reformas legales anunciadas, destacan aquellas relativas a la ampliación de capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las relacionadas a la generación y manejo de plataformas de información forense y administrativa relevantes para la búsqueda e identificación humana. Sin dejar de reconocer la importancia de este anuncio, las acciones referidas son, de alguna manera, redundantes, pues son obligaciones preexistentes, y, por ello, un reconocimiento implícito de que autoridades de todos los niveles y ámbitos de gobierno han permanecido en un incumplimiento crónico de la Ley General en la materia. 

Así, en la coyuntura actual, la presidenta llega a una especie de encrucijada, donde puede optar por abandonar la política de negación del problema, y tomar la oportunidad de lograr, gracias a su legitimidad, una respuesta decidida y unificada del Estado mexicano que resulte en una implementación mucho más homogénea y profunda de las obligaciones establecidas en la LGMDF.

Al respecto, es cierto, como dijo la presidenta en su mensaje, que en la actualidad las desapariciones están vinculadas principalmente al crimen organizado, pero esto no excluye en sí mismo al Estado mexicano de cualquier responsabilidad. 

Las autoridades son responsables por acción u omisión, y omitir el cumplimiento de la ley puede ser una forma de tolerar, alentar o consentir tácitamente las desapariciones. Abstenerse de ordenar la comisión de desapariciones o torturas es un mensaje poderoso y un buen primer paso para erradicar y prevenir estas prácticas aberrantes, pero es insuficiente en el contexto actual de violencia que atraviesa nuestro país. Nuestra realidad requiere de un compromiso presidencial inquebrantable con la obligación de proteger y garantizar la vida e integridad de las personas, sea cual sea el origen de la amenaza.

* Humberto es coordinador de Derechos Humanos de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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