La reciente reforma judicial en México, que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros a partir de 2025, ha sido presentada como un esfuerzo para "acercar la justicia a la gente". Sin embargo, el proceso de implementación ha sido caótico, minando la confianza pública y generando incertidumbre. La información contradictoria proporcionada por el oficialismo en el Congreso y el desaseo en el proceso electoral, ponen en entredicho el verdadero objetivo de la reforma.

Para que una reforma de esta magnitud tenga legitimidad, es indispensable garantizar certeza en su proceso electoral.  Si el oficialismo parte de la premisa de que proceso garantiza resultado -cosa que no necesariamente es así- este puede no ser el caso. Se esperaría que, por lo menos, imperaran las reglas del juego que les llevaron al poder, pues son las que ellas y ellos aceptaron como actores políticos comprometidos con el juego democrático.

Sin embargo, hasta ahora, la elección de jueces ha estado marcada por irregularidades y falta de planeación. Las listas de candidatos han cambiado sin explicaciones claras, han aparecido y desaparecido nombres de manera inconsistente, y la organización electoral parece improvisada. La ciudadanía no contará los votos, y el INE ha realizado una distritación que ha recibido cuestionamientos fuertes. Todos estos factores han generado confusión y desconfianza.

Ejemplos concretos del desorden en la creación de listas han sido documentados. La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, señaló que los errores en las listas de candidatos han complicado la labor del organismo electoral, pues incluyen datos incorrectos y omisiones graves que dificultan su verificación y registro. A su vez, según reportes en redes sociales, ha habido candidatos que inicialmente no estaban en las listas y luego aparecieron sin explicación, mientras que otros fueron eliminados arbitrariamente.

A ello se suma el conflicto abierto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tres magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes han tomado posturas favorables al oficialismo. Mientras los magistrados se alinean con la reforma y pretenden sacarla a como dé lugar, la SCJN se ha negado a aceptar los cambios de manera estructurada, tomando decisiones erráticas, incluyendo el cierre de la posibilidad de incidir con candidaturas propuestas desde su cancha. Esta pugna interna acentúa la crisis de confianza y refuerza la percepción de que el proceso electoral será utilizado con fines políticos.

Otro elemento fundamental en cualquier proceso electoral es la transparencia de la información y la claridad de las reglas. Sin embargo, el oficialismo, a través de la Cámara de Diputados y el Senado, ha modificado continuamente los lineamientos para la elección judicial. Lo que inicialmente se presentó como un mecanismo para fortalecer la justicia ha terminado convirtiéndose en un proceso de imposiciones unilaterales, donde los cambios en criterios y requisitos parecen responder a cálculos políticos de diversos liderazgos internos en el partido oficial, más que a un genuino interés por mejorar el acceso a la justicia. 

Parece que a cada entrevista de los  medios de comunicación realizada a las cabezas de MORENA en ambas Cámaras, se van improvisando las reglas. Esto es resultado de las múltiples deficiencias en la legislación de la reforma, pero también denota cierta arrogancia y arbitrariedad en el ejercicio de poder.

Pero vamos al foco de la reforma, el supuesto “corazón” de la misma: mejorar las condiciones de acceso justicia para las personas. Centrémonos en la crisis de violencia que azuela al país desde hace dos décadas. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, en 2023 se estimaron 31.3 millones de delitos en el país, afectando a 21.9 millones de personas, lo que equivale a una tasa de 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes. De estos delitos, solo el 10.4% fueron denunciados, y en el 68% de los casos se inició una carpeta de investigación. Esto implica que aproximadamente el 87.8% de los delitos quedan impunes, reflejando una profunda desconfianza en las autoridades y en la eficacia del sistema judicial. 

No sobra decir que en el ámbito específico de la justicia penal, aquella que debería procesar todas esas expresiones de violencia para disuadirlas,  la mayor parte de la responsabilidad por la impunidad es de las fiscalías, mismas que han resultado bastante bien libradas de cualquier crítica desde el oficialismo. Eso de entrada condiciona el éxito de la reforma en los términos de hacer asequible la justicia. Pero para el caso específico de la judicatura, la realidad apunta a que tampoco en ese espacio de decisión las víctimas accederan a la justicia, puesto que los perfiles -en su mayoría- buscan congraciarse con MORENA, no con la ciudadanía ni los potenciales y reales justiciables.

Por eso la opacidad en la organización del proceso, la arbitrariedad en la implementación y la politización de los nombramientos refuerzan la idea de que el objetivo real es la captura política del sistema judicial. En este momento, sin garantías de objetividad, certidumbre, integridad, independencia y transparencia, la elección popular de jueces difícilmente representará un avance en el acceso a la justicia, sino un retroceso en la división de poderes y en la calidad de la democracia mexicana. 

Dadas las condiciones y pese a ser una mala idea, no hay vuelta atrás en la reforma judicial. Por eso urge que se acerque esta elección a la ciudadanía, particularmente a las miles de personas que han sufrido los agravios de un sistema impermeable a sus exigencias de justicia. 

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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