Pedro Mellado Rodríguez
21/02/2025 - 12:04 am
Los gringos ya no mandan en México
"En México se movían como peces en el agua los agentes de las agencias estadounidenses, con la prepotencia natural de quienes se presumen superiores y se sienten inmunes".
Están muy disgustados y seguramente seguirán con el mismo mal humor durante muchos años más. Pero ojalá que esa insana irritación les durara para siempre. Aunque de manera abierta no expresan las razones de su profundo malestar, es indudable que las perniciosas prácticas del imperio, sustentadas en la prepotencia y la soberbia, han quedado en desuso en nuestro país desde que se modificó la Ley de Seguridad Nacional el 15 de diciembre de 2020, que le amarró las manos a dos perniciosas agencias estadounidenses: la perversa Agencia Central de Inteligencia, conocida por sus siglas de CIA, experta en dinamitar gobiernos que no resultan gratos a Estados Unidos, y la muy sinuosa y no menos canalla Agencia Antidrogas Estadounidense, que es fácilmente identificable por sus celebérrimas siglas de DEA.
En México se movían como peces en el agua los agentes de las agencias estadounidenses, con la prepotencia natural de quienes se presumen superiores y se sienten inmunes. Por eso, las historias negras vinculadas a esas dos agencias integran un amplio catálogo en México.
Habría que recurrir a la terca memoria para evadir los estragos de la amnesia social. A Manuel Buendía Téllezgirón lo mataron el 30 de mayo de 1984. Era el periodista más leído e influyente en México. Fue asesinado a balazos, le dispararon cinco tiros por la espalda, en la Ciudad de México, cuando salía de su oficina, en un edificio ubicado en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma e Insurgentes. Oficialmente se señaló como autor intelectual del homicidio a José Antonio Zorrilla Pérez, quien era jefe de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política de México, que dependía de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett Díaz, en el gobierno del priista Miguel de la Madrid Hurtado. Quien disparó la pistola fue, oficialmente, Juan Rafael Moro Ávila Camacho, agente de la Dirección Federal de seguridad.
Uno de los temas recurrentes de Buendía era la CIA, la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos, a la que investigó tenazmente para desenmascarar a sus espías en nuestro país. En 1982 Ediciones Océano publicó su libro “La CIA en México”, con una recopilación de sus artículos periodísticos publicado en su columna “Red Privada” que aparecía diariamente en el periódico Excélsior, de la Ciudad de México.
Rescatemos un fragmento de la plática de Manuel Buendía con estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM, el 23 de junio de 1982 y publicada en el referido libro.
“Yo no considero devaluadas palabras tales como nacionalismo o patriotismo. Y estoy persuadido, como seguramente muchos de ustedes lo están también, de que los espías norteamericanos son enemigos de nuestro país. Los hay de dos clases y ambos representan un riesgo permanente para la seguridad interna de México, para la paz, para las relaciones internacionales y para nuestra independencia en todos los órdenes”.
Explica Buendía: “Es fácil concluir que un agente subversivo entraña un alto peligro para nuestro país. Pero también es peligroso el agente que solo viene a cumplir labores de ‘inteligencia’, es decir, de información. En efecto, aunque esta clase de espías no se entrometen ni participan en actos terroristas o de otra índole, no podemos omitir que la información por ellos enviada a Washington es procesada y utilizada para la toma de decisiones que afectan a nuestro país desfavorablemente”.
Precisa entonces el periodista lo que es en esencia el corazón de su libro: “Pero, repito, lo que importa es considerar a dónde va a dar la información recolectada por los agentes y con qué propósitos se utiliza después. Me gustaría saber si alguien puede citar un solo caso en que el gobierno de los Estados Unidos, como consecuencia de la información suministrada por sus agentes de inteligencia, se haya sentido inclinado a un mayor respeto para las leyes e instituciones mexicanas. En cambio, creo que los ejemplos en contrario son muy abundantes”.
Larga es la lista de políticos mexicanos presumiblemente vinculados al servicio del espionaje estadounidense. El 5 de octubre del 2023 se publicó en el periódico La Jornada un artículo de Yassir Zárate Méndez, que señala: “En octubre de 2006, el periodista de The Washington Post, Jefferson Morley, reveló que varios altos funcionarios del gobierno mexicano habían sido reclutados y puestos en la nómina de la CIA. Entre ellos se encontraban [los expresidentes] Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. En su conjunto, la operación recibió el nombre de LITEMPO”.
Se explica en el referido artículo de La Jornada: “El agente que había logrado el reclutamiento de esos y otros importantes personajes había sido Winston Scott, ‘el principal hombre de la CIA en esa época en México’, refirió Morley, apoyado en una serie de documentos desclasificados por la propia Agencia. Scott era ‘un encantador norteamericano de 59 años, que operaba desde la Embajada de Estados Unidos en Reforma’. Para cuando inició el movimiento popular–estudiantil de 1968, el agente de la CIA llevaba en México desde 1956, los años suficientes para empaparse de la idiosincrasia de la élite política nacional, con la que convivió de manera estrecha”.
Agrega el artículo de Zárate Méndez en La Jornada: “De hecho, Scott se hizo muy amigo de Adolfo López Mateos [presidente de México 1958-1964], quien fue su padrino de boda cuando el estadounidense se casó por tercera vez. Como testigos de ese enlace matrimonial fungieron Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Para ese momento, ambos funcionarios ya estaban en la nómina de la CIA. Díaz Ordaz tenía el nombre clave de LITEMPO–2, mientras que Echeverría era LITEMPO–8. Así, entre 1956 y 1969, Scott reclutó en los niveles más altos del gobierno mexicano a un total de 12 agentes. Sus informantes incluyen a dos presidentes de México, y dos hombres que posteriormente fueron enjuiciados por crímenes de guerra”.
Explica el articulista de La Jornada que “en su investigación apoyada en reportes, informes y cables emitidos por la estación de la CIA en México, Jefferson Morley asentó que “los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil, cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder”.
Por otra vertiende, la presencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) en México no está excenta de historia negras. El miércoles 7 de febrero del 2024 los corresponsales de La Jornada en Nueva York y Washington publicaron un despacho informativo en el cual se señalaba que “la agencia federal antinarcóticos DEA, en su combate contra la narcocorrupción por el mundo, ha enfrentado esa misma batalla, pero dentro de su propia casa con una serie de escándalos internos captando a veces más atención que sus logros en su tarea de encabezar la guerra contra las drogas”.
Se señala en el artículo que “El jefe regional de la DEA en México, Nick Palmeri, se jubiló de pronto en 2021, un día antes de ser cesado. Eso ocurrió después de que se empezó a saber que se había reunido varias veces con abogados de líderes de cárteles [de las drogas], y había hecho uso inapropiado de fondos para sus gastos personales, entre otros actos, y sólo fue a principios de 2023 que el inspector general del Departamento de Justicia informó públicamente las razones por las cuales el director regional había sido retirado de su puesto en México, reportó el Washington Post”.
En julio del 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, publicó un libro del corresponsal de Proceso en Washington, el periodista Jesús Esquivel, titulado “La DEA en México: una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes”, en el cual se revelan detalles de la la forma en que la agencia ha intervenido en México desde su creación en 1973. A través de testimonios directos de agentes antinarcóticos, el periodista Esquivel relata cómo operan los agentes de la DEA en México, cuáles son sus métodos de investigación, cómo se allegan informantes y cuál es la relación que establecen con las autoridades, las fuerzas armadas y las policías.
“La DEA en México” documenta cómo los agentes estadounidenses recorren el país ilegalmente armados, al mismo tiempo que ofrece referencias abiertas y directas sobre la corrupción imperante entre todos los involucrados en el combate a las drogas.
Actualmente el distanciamiento entre esas dos agencias y el gobierno mexicano es muy profundo. Todo se deriva de las reformas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Ley de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2020, cuando se adicionó un capítulo completo que irritó al gobierno estadounidense porque puso freno a la actuación impune y discrecional de la CIA y la DEA en nuestro país.
En el nuevo Artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, agregado en 2020 se señala: “Los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate. Para tal efecto deberá considerar el principio de reciprocidad bilateral”.
Seguramente causó enorme disgusto a los agentes estadounidenses la disposición del segundo párrafo del nuevo Artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional: “Los servidores públicos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán entregar a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días siguientes de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con los Agentes Extranjeros, un informe por escrito de las mismas. Las reuniones que sostengan con los Agentes Extranjeros deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad. En dichas reuniones deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
El nuevo Artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional promovida por López Obrador les amarró las manos a los agentes estadounidenses de la CIA y la DEA: “Los Agentes Extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones: “No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional; deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional”.
También, la ley impuso a los agentes extranjeros que operen en México otras obligaciones en el agregado capítulo de la Ley de Seguridad Nacional: “[Deben] Poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda […] la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones; presentar ante las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual [sobre las] las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios; tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables [y además], sólo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional”.
El nuevo capítulo de la Ley de Seguridad Nacional promovido por López Obrador le quitó la inmunidad a los agentes extranjeros. Dice el Artículo 73: “cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el Gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”.
Y agrega el Artículo 74: “Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional”.
Sí, hay razones suficientes para que el gobierno de Estados Unidos y dos de sus principales agencias, conspiren contra el gobierno de México, primero contra López Obrador y actualmente contra Claudia Sheinbaum Pardo.
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