Por Maira Olivo

En enero de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan México, conformado por 13 metas que contempla un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares por medio de la ejecución de dos mil proyectos de empresas específicas que buscan instalarse en el país. El Plan ha generado preocupación entre las comunidades y organizaciones ambientalistas, en primer lugar, por la falta de información detallada respecto al portafolio de inversiones privadas y los 100 parques industriales que lo integran.

Además, el plan se anuncia en un contexto en el que se pretenden regresar las labores de exploración minera al sector privado, lo que significará un retroceso respecto a la protección de los derechos de comunidades y del medio ambiente logrados en 2023 con la aprobación de la reforma de la Ley de Minería.

Está suficientemente documentado y demostrado que la minería genera graves problemas de devastación ambiental, provoca el despojo de tierras, violenta el derecho humano al agua por el acaparamiento de las empresas mineras y vulnera sistemáticamente los derechos de comunidades campesinas e indígenas.

Lo anterior motivó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador enviara el 5 de febrero de 2004 una iniciativa de reforma constitucional sobre agua y medio ambiente, para garantizar la preferencia de la disponibilidad del agua para consumo personal y uso doméstico y reformar el párrafo sexto del Artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de concesiones de agua en zonas con escasez o sequía y al mismo tiempo prohibir, tanto el otorgamiento de concesiones, como las actividades de exploración, explotación, beneficio o uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto.

La propuesta también incluía una modificación al párrafo séptimo del artículo 27 constitucional para prohibir el otorgamiento de contratos para la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos a través del fracking. Inexplicablemente la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso de la Unión, aun cuando fue dictaminada positivamente y estuvo entre los compromisos de campaña de la Presidenta Sheinbaum. Resulta indispensable que la titular del Ejecutivo y el Congreso retomen estos compromisos para que el Plan México no se convierta en un instrumento para imponer megaproyectos extractivos sin límite alguno en los territorios indígenas.

La actual Administración no debe olvidar que el Estado mexicano en su conjunto está obligado, por la Constitución y tratados internacionales, a garantizar en el diseño e implementación de cualquier estrategia de desarrollo –como es el caso del Plan México– los derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, como el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a su libre determinación y autonomía, su derecho al consentimiento previo, libre e informado, así como a beneficios justos y equitativos; y también que antes de la autorización de cualquier proyecto de inversión o desarrollo se deberán llevar a cabo, los estudios de impactos que dicho proyecto pudiera ocasionar en los diferentes ámbitos de vida de dichos pueblos, social, espiritual, cultural, ambiental y de derechos.

De lo contrario, la reciente e importante reforma constitucional y las medidas impulsadas por la actual Administración, en favor de los pueblos y las comunidades indígenas, quienes ahora son reconocidos como “sujetos de derecho público”, podrían quedar en letra muerta ante la flagrante vulneración a derechos humanos que podrían derivar de un Plan México sin controles ambientales y sociales.

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