La Constitución de la república declara que los partidos políticos son entidades de interés público, y si estos están, como se sabe, en el centro del régimen, por tanto juegan un papel institucional en la lucha por el poder, derivando de esto el ejercicio del poder mismo y la axiología que anima y se extiende por todo el Estado. Podría decir que esta definición es formal y que, por tanto, refleja una visión ideal de las cosas.

Tomo esto como punto de partida para reconocer una carencia que ha afectado a nuestra república: la ausencia de una ley de partidos, como las que existen en otras partes del mundo. 

Se podrá decir que está contenida en las leyes electorales, pero no es lo mejor porque si de la Constitución misma arranca la caracterización de los partidos, lo correcto sería que hubiese una ley particular, cuya inexistencia deploro. 

No hay democracia sin partidos políticos fuertes y definidos, con programas, plataformas electorales, institucionalidad con declaración de derechos de la militancia, y la prerrogativa de esto para elegir con libertad tanto a sus dirigentes como a sus candidatos. Entiendo que todo esto en el mundo está en crisis y que en el futuro pueda haber virajes por todo el pensamiento, acción y poder de los iliberales que socavan la vida democrática como la conocimos hasta hace muy poco.

Algunos estudiosos de los partidos políticos han señalado que su vida interior a veces es misteriosa, opaca, llena de secrecía, de tolerancias y complicidades indebidas. Algunos, como el lejano Robert Michels, hasta describieron una ley de hierro de las oligarquías que imperan en esas organizaciones, a grado tal de que es absolutamente frecuente que una minoría selecta se entronice y eternice en las direcciones y las usufructúe para sí, desdeñando la vida democrática, aun en aquellos casos en los que se declare el propósito de alentar y consolidar un sistema representativo y de raíz ciudadana.

Ya para nadie es desconocido que los partidos políticos mexicanos colapsaron después de la elección de 2024. Será muy difícil que el PRI o el PAN se levanten de la lona en la que se encuentran; también es previsible que no se decidan a formar una sola entidad. 

De los llamados “partidos satélite”, como el PT o el PVEM, continuarán siendo instrumentos fluctuantes por su oportunismo; y obedeciendo a una “ley de gravitación” política, siempre serán atraídos por la fuerza de la masa mayor. De ellos se podrá esperar traiciones, compromisos inconfesables, parasitismos y otras lindezas. 

El tipo más complicado de caracterizar es MORENA. El origen de la futura crisis de este partido se inscribe, cuando menos, en las posibles líneas que paso a enumerar: ausencia de líder carismático en el mando, mezcla de todo tipo de políticos defenestrados en todas partes, carencia de institucionalidad, militancia sin derechos reales para decidir programas, dirigencias y candidaturas, centralismo extremo, desgaste natural por el ejercicio del poder y déficit para tratar una frontera entre lo que es propiamente un partido político y un movimiento. Esta última característica es proclive a una desembocadura de corte totalitaria, como la que examinó Hanna Arendt en Los orígenes del totalitarismo, donde detalla cómo el nazismo usufructuó movimientos arraigados en la sociedad que eran imposibles de desembocar en una visión democrática.

Empero, por encima de todas estas singularidades, está el que MORENA se indigesta de poder. No es tanto la pretensión de una hegemonía sino el intento de apoderarse rápido del poder mismo. En ese proyecto se empeña, a mi juicio, el expresidente López Obrador, que tiene a su hijo “Andy” López como testaferro, aprovechando una presidencia –perdón, una secretaría general–, con el propósito de adherir al partido guinda diez millones de afiliados. Cualquier parecido que esto tenga con el partido nazi de Hitler, el fascista de Mussolini y el bolchevismo de Stalin, no es mera coincidencia.

Vertebrar un partido como organización para la democracia es más sencillo que articular una masa informe de millones y millones de adherentes en un país en el que se practica el clientelismo a ultranza, que habla a nombre de una cuarta transformación y de un destino histórico y donde Estado y partido se confunden, otra vez.

En realidad lo que se quiere construir es una falange todopoderosa e invencible. Algunos replicarán que lo hacen en ejercicio de sus libertades, pero de todas maneras descreo de que tras ese propósito esté la construcción de una democracia y su consolidación. 

Los tabasqueños que he mencionado, como en el pasado su paisano Tomás Garrido Canabal, tres veces gobernador del Edén, y otra de Yucatán, son propensos a la credencialización en serie, como en las cadenas de producción de la industria maquiladora, y no tardarían en uniformar a los adherentes, como aquellas camisas rojas de ingrata memoria. No tardaríamos, como en las sociedades totalitarias, en que de esos diez millones de afiliados algunos sean nuestros tres o cuatro vecinos que actúen como espías de los “infieles”. En partido así, sólo el presidente de la república sería el jefe, en una dualidad realmente ominosa.

¡Exagerado!, me dirán; pero más vale anticiparse a la sombra que ya se proyecta sobre el país. 

Por eso creo que una ley de partidos le daría certidumbre a la larga ruta de México en su búsqueda de la democracia, maltrecha hoy por hoy.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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