En muy pocas ocasiones, de manera tan simple y tan clara, un funcionario público sintetiza la situación de una empresa del Estado, como es el caso de Petróleos Mexicanos, que durante los 36 años, de 1982 a 2018, que encabezaron presidentes de la República priista y panistas, fue saqueada y desmantelada con la deliberada intención de debilitarla y dinamitarla, para dejarla casi en los puros huesos y a punto de morir, como una forma muy perversa de justificar su privatización.

El pasado miércoles 12 de febrero del 2025, Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, explicó en la conferencia mañanera de la Presidenta de la República que al igual como ocurrió con el sector eléctrico, el sector de hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. Reprochó González Escobar que la mal llamada “reforma energética” de diciembre del 2013, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue un fracaso completo para el Estado mexicano. En el caso de los hidrocarburos prometió que la apertura indiscriminada, a través de las famosas “rondas del sector”, atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió.

Consideró la Secretaria de Energía que la atomización, la pulverización de las empresas, disminuyó las capacidades de la paraestatal petrolera, en beneficio de empresas particulares. En Pemex, por ejemplo -dijo Luz Elena González-, se crearon tres empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo [ de las cuales sólo quedan 40]. Se crearon alrededor de las filiales consejos de administración y se aumentó la burocracia, al tiempo que se profundizaba, deliberadamente, la ineficiencia de Pemex.

La secretaria de Energía dio a conocer un dato escalofriante: “Pemex pasó en tan solo cinco años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo; su deuda creció más del 100 por ciento. En muy pocos años casi destruyen el legado del General Cárdenas”.

Y en seguida la funcionaria federal dio a conocer una significativa cantidad de indicadores: Se incrementó en más de 100 por ciento la deuda financiera de Pemex, pero la inversión en la empresa decayó en 55 por ciento; la perforación de pozos se redujo en 87 por ciento; la producción de petróleo cayó un 28 por ciento y la de gas un 22 por ciento; además, la producción de gasolinas se contrajo en 51 por ciento y la de diésel en 61 por ciento, tan solo entre 2013 y 2018 durante el periodo de Peña Nieto, cuando la oposición de PAN, PRI y PRD apoyaron la mal llamada Reforma Energética, lubricada con sobornos y con algunas concesiones políticas, como por ejemplo, la reelección de senadores, diputados y presidentes municipales.

De las más de 90 zonas del país que fueron otorgada a empresas privadas en las llamadas “rondas del sector energético”, la aportación de la iniciativa privada apenas representa el 6 por ciento de la producción de hidrocarburos. Y por supuesto, las culpas y los daños les han sido endosados a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.

Para revertir esa situación , la semana pasada la presidenta Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Senadores un paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y complementan las reformas constitucionales de noviembre del 2024, que ponen fin y revierten de forma definitiva los daños causados a Petróleos Mexicanos.

Las reformas constitucionales no tuvieron que llegar al extremo de una segunda expropiación petrolera, como la que llevó a cabo el presidente Lázaro Cárdenas del Río el viernes 18 de marzo de 1938, cuando sometió la insolencia de las compañías petroleras extranjeras al negarse a acatar un laudo laboral, y recuperó para la Nación su bien más preciado.

Dice el referido decreto de expropiación: CONSIDERANDO. Que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por […] la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación […] del artículo 123 de la Constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declarara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo”.

Agrega el decreto de explopiación emitido por el general Cárdenas: “CONSIDERANDO. Que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder Público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera”.

Las compañías petroleras representaban los intereses de Estados y Unidos y de la Gran Bretaña. La lista de sus nombres así lo ilustran.

“DECRETO. Artículo 1o. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la Nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carrostanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Penn Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de Mexico, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera el Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of Mexico, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A. y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de la Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación, y distribución de los productos de la industria petrolera”.

No será tarea fácil recuperar para la Nación todos los bienes que pertenecen al pueblo y que deben rendir frutos en favor de sus verdaderos dueños, los originarios. Tampoco será fácil recuperar la rectoría del estado en áreas que son estratégicas para preservar la soberanía del país. Pero poco a poco se está avanzando.

Pedro Mellado Rodríguez

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Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

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