El asesinato del periodista Calletano de Jesús Guerrero el 17 de enero de 2025 en Teoloyucan, Estado de México, ha puesto en evidencia una terrible práctica en las fiscalías mexicanas: la estigmatización y criminalización de las víctimas, especialmente cuando se trata de periodistas asesinados. Esta tendencia no solo revictimiza a los afectados y sus familias, sino que también contribuye a perpetuar la impunidad en estos crímenes.

Tras el homicidio de Calletano, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un comunicado el 9 de febrero en el que vinculaba al periodista y a sus familiares con grupos delictivos, sugiriendo que su muerte estaba relacionada con actividades criminales ajenas a su labor periodística. Esta narrativa, además de carecer de fundamentos sólidos, expone a la familia y colegas de Calletano a riesgos adicionales y desvía la atención del verdadero móvil del crimen.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. La estigmatización y criminalización de periodistas asesinados es una constante en México. Existe evidencia de múltiples casos en los que las autoridades han promovido discursos que intentan deslegitimar el trabajo periodístico de las víctimas. En lugar de investigar de manera exhaustiva las posibles represalias por sus investigaciones, las fiscalías han optado por fabricar versiones que sugieren nexos con el crimen organizado, conflictos personales o motivos ajenos a su profesión.

Un ejemplo emblemático es el de Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, quien fue asesinada en 2012. Las autoridades locales intentaron desviar la atención de su labor periodística, sugiriendo que el móvil del crimen estaba relacionado con un robo o cuestiones personales, minimizando así las posibles represalias por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico. Hasta la fecha, su asesinato sigue impune.

Otro caso es el de Rubén Espinosa, fotoperiodista que trabajaba en Veracruz y que, tras recibir amenazas, se trasladó a la Ciudad de México buscando seguridad. En 2015, fue asesinado junto con Alejandra Negrete, Mile Martín, Nadia Vera y Yesenia Quiróz en un departamento en la capital. Las autoridades intentaron vincular el crimen a un robo o a la vida personal de las víctimas, restando importancia a las amenazas previas que Espinosa y Nadia habían denunciado.

Dicha estigmatización de las víctimas no es un error ni mera negligencia, es intencional. Ello le permite a las fiscalías desviar el foco público que cierne sobre los casos y descartar la labor periodística de la víctima como posible móvil del asesinato. En lugar de considerar seriamente las amenazas o agresiones previas sufridas por los periodistas, las investigaciones se orientan a cualquier otra hipótesis que no implique la responsabilidad de actores políticos, económicos o criminales que pudieron haberse visto afectados por sus investigaciones.

Este patrón no solo refleja una falta de voluntad para esclarecer los crímenes contra la prensa, sino que también envía un mensaje escalofriante a los periodistas que continúan ejerciendo su labor en contextos de riesgo: que la muerte de sus colegas sera minimizada y su reputación será atacada en lugar de recibir justicia.

Pero lo que resulta incomprensible, siendo las víctimas periodistas, es la mala práctica de ciertos medios de comunicación que replican sin cuestionamiento los discursos estigmatizantes de las fiscalías. En muchos casos, los medios reproducen versiones oficiales que criminalizan a las víctimas sin verificar la información ni contrastarla con testimonios de sus familiares o colegas. Este fenómeno agrava la revictimización y contribuye a desviar la atención de la exigencia de justicia. En lugar de asumir un papel crítico y cuestionador frente a las versiones oficiales que terminan por legitimar la impunidad. La falta de una cobertura responsable y ética de estos casos refuerza la narrativa oficial y dificulta el acceso a la verdad.

El efecto inmediato de todas las prácticas descritas es la consolidación de un clima de impunidad. Al no investigar adecuadamente los crímenes contra periodistas y al promover discursos que desacreditan su trabajo, las autoridades fomentan la repetición de estos ataques. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y la falta de consecuencias para los responsables es un factor clave en la perpetuación de esta crisis.

Es urgente que se adopten mecanismos de investigación serios e independientes, que se garantice una cobertura periodística responsable y que se ponga fin a la revictimización de quienes han perdido la vida en el ejercicio de su labor informativa. Sin verdad ni justicia, el periodismo en México seguirá en riesgo, y con él, el derecho de la sociedad a estar informada.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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