Hace apenas unos años, el panorama en polítca de drogas permitía algún optimismo. La regulación del cannabis avanzaba en el mundo y en México, gracias a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y a la posterior declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del cannabis para uso lúdico y a las múltiples iniciativas prresentadas en el Congreso. Ahora, en cambio cualquier avance en la regulación de drogas y en las políticas de reducción de daños en México se ha detenido y lo esperable es el retroceso, con la bota de Donald Trump en el cogote del gobierno mexicano y el conservadurismo ignorante de quienes manejan la política de drogas en el país. Entre la presión del imperio y la mojigatería local, no hay espacio para un enfoque de salud pública que no criminalice ni estigmatice a los usuarios.

Nada ilustra mejor la capitulación ante la agenda trumpista que la campaña del gobierno mexicano contra el fentanilo. En lugar de adoptar medidas basadas en evidencia, como el acceso masivo a la naloxona y el análisis de sustancias, se ha optado por la propaganda del miedo. Se imprimen folletos y se instalan espectaculares con obviedades sobre los peligros de las drogas, pero no se distribuyen las herramientas que podrían salvar vidas. Si el fentanilo representa un riesgo en el mercado de drogas adulteradas, la respuesta lógica es que cualquier persona que consuma sustancias tenga acceso a tiras reactivas para detectarlo. Sin embargo, en el México de los prejuicios, eso sería admitir que hay gente que consume drogas y que el gobierno debe protegerlos sin criminalizarlos.

El problema no es solo la propaganda vacía; es la falta de información real. La última Encuesta Nacional de Adicciones se publicó en 2017 y, aunque tenía serias deficiencias, al menos proporcionaba algunos datos. Desde 2019, cuando López Obrador llegó al poder con su cruzada contra todo lo que oliera a conocimiento experto, los recortes al INEGI impidieron que se levantara una nueva encuesta seria sobre el uso de sustancias. Desde el Programa de Política de Drogas del CIDE intentamos diseñar con el INEGI una Encuesta Nacional de Uso de Sustancias que corrigiera los errores de las mediciones anteriores. No se pudo hacer. Luego, el gobierno decidió levantar otra encuesta sin pies ni cabeza y terminó cancelando su propia publicación porque los resultados no cuadraban con su narrativa oficial.

Sin datos, la política de drogas en México se diseña a ciegas, con ocurrencias moralistas y presiones externas. La cancelación de la última encuesta, como lo ha señalado CE-LIBRE, deja al país sin información clara sobre las tendencias de consumo. Sin un diagnóstico preciso, cualquier estrategia será errática, improvisada y, lo que es peor, contraproducente.

Mientras tanto, la naloxona sigue sin ser de venta libre en México. En Estados Unidos, a pesar de la guerra contra el fentanilo, al menos se avanzó en la distribución gratuita y en la eliminación de barreras para su adquisición. Aquí, sigue sin estar en todas las farmacias, y mucho menos en espacios donde realmente se necesita. La paradoja es grotesca: el gobierno mexicano dice que está en guerra contra el fentanilo, pero no permite el acceso masivo al medicamento que podría evitar muertes por sobredosis.

El moralismo conservador ha frenado cualquier intento de avanzar en la regulación del cannabis, un tema en el que México ya debería haber dado pasos concretos. A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad de Suprema Corte, el Congreso se ha negado a legislar. Ni siquiera en un tema donde ya existe un mandato judicial han querido moverse. Si la regulación del cannabis está bloqueada por dogmas y cobardía política, ¿qué se puede esperar en temas como los opioides o la reducción de daños?

La tragedia es que México no tiene margen para decidir su política de drogas con autonomía. La presión de Trump y su narrativa de terror sobre el fentanilo han colocado al gobierno mexicano en una posición de subordinación absoluta. Ante el temor de represalias económicas, el gobierno se pliega a la estrategia prohibicionista estadounidense, sin importar que sea un fracaso constatable.

Lo más absurdo es que ni siquiera han entendido el problema. El discurso oficial sigue repitiendo que en México no hay crisis de fentanilo porque "tenemos valores familiares," como si el consumo de sustancias fuera una cuestión de moral y no de salud pública. En lugar de estrategias de reducción de riesgos, se siguen gastando recursos en campañas inútiles, sin reconocer que la crisis se puede evitar con medidas pragmáticas.

La falta de visión no solo afecta a la política de drogas; es parte de una inercia destructiva más amplia. Un gobierno que desprecia el conocimiento y se somete a la presión de Estados Unidos difícilmente va a desarrollar una estrategia sensata. Mientras sigamos en esta combinación de ignorancia y sumisión, México continuará aplicando políticas fallidas que criminalizan a los usuarios, aumentan la violencia y dejan el problema sin resolver.

Trump seguirá usando el fentanilo como pretexto para presionar a México, pero la verdadera tragedia es que el gobierno mexicano ni siquiera sabe cómo responder. En lugar de tomar el control de su propia política de drogas y actuar con base en la evidencia, sigue anclado en prejuicios y en la obediencia ciega al discurso de Washington. Y así, el país se hunde en la misma guerra contra las drogas de siempre, sin aprender nada y sin la más mínima intención de cambiar.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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