Mateo Santiago Ramírez Martínez tenía doce años. Fue desaparecido y, posteriormente, asesinado en la ciudad de León, Guanajuato. Fue visto por última vez el martes 4 de febrero, en el camino de su escuela a casa, en la colonia Chapalita. Las grabaciones de unas videocámaras en la calle permitieron detectar el lugar en que se perdió su rastro: un consultorio médico que queda a unas seis cuadras de su casa. Tres días después, el viernes 7 de febrero, su cuerpo, con evidentes señales de violencia física, fue hallado, semienterrado, en un terreno del vecino municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. 

Desde antes de que su desaparición fuera denunciada en la agencia del ministerio público, la familia, vecinos y personas solidarias estuvieron organizando brigadas de búsqueda ciudadana en las calles y peticiones de apoyo a través de las redes sociales.

Las alertas de búsqueda en las redes, antes que las oficiales, fueron, a su vez, retomadas secuencialmente por varios medios de comunicación locales y, a la postre, nacionales, como rara vez sucede cuando una persona, inclusive si es menor de edad o en situación de particular vulnerabilidad, es privada de la libertad y buscada por sus seres queridos. 

Cabe recordar que al 15 de enero de 2025 se tenía registro de 4,593 personas desaparecidas en Guanajuato, a partir del análisis de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De estas, al menos 233 tienen menos de 18 años. Después de Celaya, con 599 personas desaparecidas, León es la segunda localidad con más casos, siendo estos 526, entre mayores y menores de edad. Finalmente, el registro total, en 13 años (2012-2024, más 2 semanas de enero 2025), de los reportes por desapariciones es de 35,170, aproximadamente 2,700 al año en promedio (solicitud información por transparencia folio 112093900004925 del 22/1/25, oficio 039/2025).

Entre los más o menos mil casos de denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes que cada año se registran en Guanajuato, solo en situaciones tan particulares como infrecuentes es que se desarrolla una movilización social e institucional de gran impacto como la que vimos para Mateo. Esta fue eficaz en el sentido de las búsquedas y para su localización, aunque lamentablemente sin vida. Sin embargo, la gran atención mediática y pública puede ser una navaja de doble hilo. 

Por un lado, amplifica la visibilidad y la empatía, acelera las operaciones de búsqueda e impulsa a las autoridades a investigar y dar resultados, pero por otro lado las empuja a decisiones efectistas y apresuradas, puede crear morbo y confusión en la población, y prestarse incluso a la generación de fake news y la instrumentalización política. 

Fue lo que, en efecto, sucedió en el pasado, por ejemplo, con la desaparición, el 15 de mayo de 2024, del niño indígena ñu´savi Javier Modesto Moreno, de tres años de edad, del que se perdió su rastro en la orilla de un campo en una comunidad rural de León, en donde sus padres laboraban como jornaleros recolectores de tomatillo. Javier fue encontrado e identificado doce días después, fue probablemente atropellado por un vehículo y luego ocultado por los responsables. 

Antes del hallazgo, muchos sectores sociales se movilizaron para apoyar a la familia y buscarlo, pero de parte de la mayoría de los medios comerciales y de las autoridades como la fiscalía hubo un manejo pésimo y hasta engañoso de la comunicación, prácticas de revictimización de los familiares, así como la violación a protocolos que prevén la notificación digna a la familia antes de la difusión pública de un hallazgo. 

Algo parecido, en donde la fiscalía emite comunicados “estelares” con el fin de “dar por resuelto” un caso particularmente mediático, antes de notificarlo a las víctimas indirectas, había ocurrido en otro caso que se volvió de notoriedad nacional e internacional, la desaparición y posterior hallazgo sin vida de seis mujeres en Celaya en marzo de 2024.

Entonces, en repetidas ocasiones, la comunicación institucional, particularmente vía red X y Facebook de la fiscalía de Guanajuato y, cabe destacarlo, de la mayoría de sus homólogas en las demás entidades, ha abonado a cierta opacidad y confusión, a partir de su propio lenguaje y de la búsqueda de altos impactos, consensos y apariencias de efectividad. Su relación selectiva con algunos medios “tradicionales” ha permitido filtraciones, “primicias” o accesos a sitios particulares, lo cual ha ido creando narrativas inmediatistas y sensacionalistas en torno a la violencia. Esto, a su vez, causa cierta zozobra y hasta miedo en la población, reforzada por la búsqueda a toda costa del clic y de las visualizaciones por parte de periódicos, youtuberos y comunicadores. 

Entonces, se forma un entramado de narrativas y “agendas paralelas”, alejadas de las de las víctimas, que pueden desviar o viciar investigaciones, hallazgos y hasta comunidades locales. Y es que esta trama es dominada por quienes detentan el poder discursivo desde el Estado y las empresas privadas de medios, principalmente, y, muy en menor medida, claro está, desde la sociedad, las redes, el activismo o las familias de las víctimas que participan en la difusión, pero en un contexto de urgencia y mayor indefensión. 

En el caso de Mateo, la alerta Amber había salido con unos datos imprecisos, entorpeciendo algunas operaciones iniciales de búsqueda, pues la familia efectivamente tuvo que dedicar su tiempo en rectificar la información incorrecta a través de un video. 

Cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado, en la tarde del 7 de febrero, la fiscalía inmediatamente lanzó un post en X, seguido pocos minutos después de las condolencias de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y de la gobernadora estatal, Libia García. Pero sus pésames y mensajes hubieran podido esperar. Salieron antes de que fuera avisada y notificada, según protocolos, la familia, la cual en la tarde del día 7 seguía en búsquedas como brigada. Su petición pública y en redes había sido que la gente siguiera apoyando y buscando, pues no había una confirmación tajante al 100% de que el niño había sido encontrado e identificado, además de que claramente se tiene (teóricamente) el derecho de solicitar ulteriores peritajes antes de aceptarlo.

Por otro lado, si bien la fiscalía y la policía municipal trabajaron para dar con el paradero del niño y consignar a una persona como posible responsable, en la propia red X, ambas instituciones estuvieron de alguna manera atribuyéndose cada cual el “éxito” de la operación de identificación y detención del indiciado.

Parece ser que el dispositivo sensacionalista e inmediatista, conocido en su momento como “Zamarripa production”, que a veces terminó siendo autorreferencial, con videos, posts y boletines “de impacto” y sus narrativas triunfales, motivacionales o de superación, sigue funcionando y ha entrado en el ADN institucional del Estado, no sólo de una institución como tal. Y, como mencioné, no es exclusiva de Guanajuato, que incluso es sobrio respecto de otros, sino una preocupante señal de los tiempos que le resta credibilidad y seriedad al sistema justicia. Ciertos casos y pocos más suscitan atenciones y comunicaciones públicas que pueden poner en jaque los resultados conseguidos, el debido proceso y diligencias, con un timing desatinado o dañino, por parte de instituciones y representantes populares.   

Al avisar antes a los medios, al declarar la identificación precoz de un cuerpo, pero sin confirmar, sin notificar dignamente y restituirlo a la familia, el riesgo es que se dé “por concluido” el caso, que se desmovilice a la opinión pública y el apoyo social, o que incluso, como ha sucedido, se divida entre quienes ya invitan a retirarse y quienes, en cambio, siguen solidarizándose y participando.

Esta y otras experiencias, en donde se lograron resultados rápidamente y se avanzó en la persecución penal, debería de manejarse con muchos más cuidados, sin perseguir tiempos y narrativas inmediatistas, además de ser considerados por instituciones como la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y la visitaduría para evitar fallas en el futuro 

Igualmente, para mayor claridad sobre estos fenómenos o situaciones, deberían desarrollarse indicadores y registros confiables, por ejemplo, acerca de las modalidades y de las instituciones que intervinieron, o no, en la localización de las personas y sobre los tiempos promedio de activación de alertas especiales o protocolos reforzados, como Ambar y Alba, y sus desenlaces o resultados. Esto a falta de un registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas que aún no ha sido implementado en la entidad como lo mandata la Ley de Búsqueda estatal desde el 2020.

Asimismo, a nivel estatal y federal, hace falta retomar los esfuerzos de colaboración entre instituciones como la Fiscalía, la Comisión de Búsqueda, la Comisión de Víctimas, los colectivos, buscadoras independientes y las organizaciones acompañantes, académicas, sociales, solidarias y especializadas, en dos materias: el manejo de violaciones graves a derechos humanos en medios de comunicación; y los lineamientos de notificación y restitución digna de los cuerpos que vayan más allá, en la garantía de derechos y buenas prácticas, de los existentes a nivel nacional, como son el Protocolo Homologado de Investigación para casos de desaparición, el Homologado de Búsqueda, el Homologado de Búsqueda de NNA y el Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, que en muchos casos ya quedaron superados por la realidad.

Fabrizio Lorusso

https://www.sinembargo.mx/author/fabrizio-lorusso/

Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana León sobre temas de violencia, desaparición de personas y memoria en el contexto de la globalización y el neoliberalismo. Maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Colaborador de medios italianos y mexicanos. Integra la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, proyecto para el fortalecimiento colectivo de las víctimas.

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