Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, en una entrevista que concedió a Carlos Loret de Mola siendo candidato de la coalición “Juntos hacemos historia” aceptó que en el estado para ser candidato a gobernador era necesario hablar con el poder factico y esto lo refrendo off the récord al también periodista Salvador García Soto, además, el proceso electoral de ese año estuvo plagado de acciones del crimen organizado afectando la calidad de la elección (intimidación y secuestro de dirigentes y candidatos de la oposición, presión a candidatos y votantes, flujo de dinero irregular a las campañas, incluso, pasados los comicios, el asesinato de dos militantes morenistas en el municipio de Sinaloa)

Las acciones electorales fueron documentadas y denunciadas por el hoy diputado federal Mario Zamora, quien fue candidato a gobernador por la coalición Va por Sinaloa del PRI-PAS-PRD, y está como anexo en mi libro El dilema del prisionero: las elecciones sinaloenses de 2021 (EdiUAS). Nunca los magistrados electorales entraron al fondo sobre lo que afectó la calidad de las elecciones. Rocha Moya obtuvo 623 mil votos y dejó dos votos a uno a Zamora y tomó posesión del cargo en medio de la alegría de simpatizantes, militantes y aliados de su partido. 

Tres años después se le descompondría todo con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda que la prensa nacional y extranjera a documentado exhaustivamente, aunque quedan lagunas y, quizá, nunca sabremos todos los detalles de lo sucedido la mañana del 25 de julio en el coto Huertos del Pedregal, lo que si sabemos trágicamente, es que el 9 de septiembre empezó una guerra entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa y que en el momento de que aparezca este artículo la disputa por el poder continúa con un saldo impresionante de fallecidos, desapariciones forzadas, daños a la propiedad privada, pérdidas económicas y empleos.

Estas declaraciones y sucesos que han dejado una escena marcada por la incertidumbre y el miedo, tiene en el centro al gobernador, no solo por ser técnicamente el responsable político de la seguridad en el estado, sino, porque sus propias palabras lo acusan y eso obligaría, en la democracia que se pregona desde palacio Nacional hacerse a un lado por responsabilidad política para que la fiscalía continúe la investigación que se paró en seco, sin embargo, esto no ha sucedido por el contrario las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, el fiscal Gertz, los lideres partidarios y parlamentarios de Morena salen a su auxilio y por supuesto, el mismo, se autoexculpa. 

Y eso coincide con la exigencia ruidosa de la sociedad sinaloense en la marcha del domingo pasado y el refrendo en el estadio de beisbol de Culiacán y el Congreso del Estado con el estruendo: ¡Fuera Rocha! 

La presidenta Sheinbaum pasó de levantar la mano del gobernador a patear la pelota a la cancha de las fiscalías y a deslindarse de responsabilidades políticas cuando dice: “No nos corresponde, le corresponde, en todo caso, a las fiscalías o a la fiscalía general de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no. Eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia”.

Y, parcialmente tiene razón, deberían ser las instancias judiciales hoy congeladas con la papa caliente del caso las que ya deberían haber hecho su trabajo, en tanto, en lo político la presidenta Sheinbaum tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad y gobernabilidad rota en el estado de los once ríos. 

Al no hacerlo más allá de enviar al secretario de seguridad pública federal y desplazar a Sinaloa a miles de efectivos militares que no han podido controlar la tormenta de balas, hace necesaria una salida política, por medios constitucionales y políticos para bajar la tensión y satisfacer el reclamo social. 

El apoyo que se le brinda a Rocha Moya tiene un costó alto cuando ya se discute bilateralmente los temas espinosos de la relación con el equipo de Donald Trump y en especial el de “narcoterroristas”. Y es que si Trump pone sale a decir que ese concepto abarca a los políticos y menciona a los gobernadores bajo sospecha, va a darle un giro de 180 grados a la amenaza. 

Y en tanto Rocha Moya dice ufano: “No existe ninguna razón para que digan que estoy en esa tesitura, soy un gobernador que está cumpliendo con sus funciones y sus tareas y que vive en una sociedad democrática donde todo el mundo se manifiesta y dice lo que piensa”. Así que, “el pueblo pone y quita, no el que grita”.

Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad política del gobernante? Recordemos que en democracia esta se refiere a la obligación que tienen los gobernantes y representantes de rendir cuentas por sus decisiones, acciones y omisiones ante la ciudadanía y las instituciones del Estado. Y algo más, la percepción.

La responsabilidad política es un principio esencial para garantizar la transparencia, la eficiencia y el control del poder. Vamos se ejerce mediante mecanismos de control a través de la destitución por parte de otros poderes como es el legislativo. 

Y bien algunos sinaloenses, lo recuerdan, con los casos de los alcaldes morenistas Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres que fueron desaforados de las alcaldías de Culiacán y Mazatlán por el Congreso del Estado.

Se impone sentido de cuerpo que caracteriza al gobierno de Morena y es que los diputados, variopintos, siguen estando al servicio del gobernador en turno y ni por asomo, se plantean, llamarlo a cuentas en el marco de separación de poderes. 

Y ante las movilizaciones se sigue el libreto populista de la polarización minimizando, descalificando, partidizando y exaltando la legitimidad de origen como su constante referencia al pueblo con el acompañamiento de una sinfonía orquestada desde los medios de comunicación que, lo he escuchado, todo se debe a una “supuesta incapacidad para comunicar”.

En definitiva, la falta de puentes entre la protesta social y las instituciones de control lo único que está provocando es una crisis de representación, falta de rendición de cuentas, debilitamiento de los contrapesos institucionales y una pobreza discursiva insuperable con aquello de que el pueblo pone... 

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Expresidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., exmiembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Colaborador de Latinoamérica 21, Más Poder Local, 15Diario de Monterrey, además, de otros medios impresos y digitales. Ha recibido premios de periodismo, y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político-electorales, históricos y culturales. Su último libro: Narcoterrorismo, populismo y democracia (Eliva).

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