Es muy posible que en las próximas semanas se discuta la Ley secundaria en materia de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información. El antecedente es el proyecto de decreto presentado por el poder ejecutivo a la Cámara de Diputados el 5 de febrero del 2024 en materia de simplificación orgánica. Casi un año después - el 20 de diciembre del año pasado - se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma de simplificación orgánica que ordenó la desaparición a siete órganos autónomos, incluyendo al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

El texto de la reforma estableció un plazo de 90 días para que se modificarán las Leyes secundarias que regulan las diversas competencias de estos siete organismos autónomos. Este es el momento en que nos encontramos. En el caso del INAI, la aprobación de esta reforma ha ciertamente entrañado un retroceso mayor en la protección de varios derechos fundamentales, en contravención al artículo 1º constitucional. Esto así porque se ha eliminado al órgano que garantiza que más de 7,000 entes públicos sean transparentes y entreguen a la ciudadanía la información que esta necesita para vigilar a su Gobierno y lograr que le rinda cuentas. De igual manera, se está poniendo en riesgo a casi 15,000 millones de documentos públicos que se han generado desde el 2002. Estos se encuentran albergados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y podrían desaparecer con esta reforma.

Recordemos que esta establece que la PNT pasará a manos del Gobierno Federal, pero no aclara si la ciudadanía seguirá teniendo acceso a dicha plataforma o en qué condiciones lo hará.

De acuerdo con el artículo 6º constitucional, apartado A, fracción IV, se establece que los mecanismos de acceso a la información “se sustanciarán ante las instancias competentes en los términos que fija esta Constitución y las leyes”. Esta redacción hace pensar que existe un riesgo de que ya no haya una única plataforma nacional donde se pueda pedir y acceder a información pública, sino que existan varias que podrían definir sus propios protocolos de consulta de la información. El resultado sería un caos burocrático.

Mientras tanto y en lo que se cumplen los 90 días, la legislación anterior continúa imperando. Es decir, el INAI mantiene sus funciones de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información. En los hechos, se sabe que hay incertidumbre al interior de este Instituto, por la falta de claridad y directrices del Gobierno Federal para hacer un traspaso ordenado y oportuno de asuntos en proceso, activos y personal calificado, para asegurar que los derechos de la ciudadanía no se vean desatendidos o vulnerados en la transición.

Es claro que este sexenio está marcando un cambio de paradigma en materia de transparencia y, por lo tanto, en la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Hay que recordar que la cultura de la transparencia - el hecho de que los gobiernos deban rendir cuentas a los ciudadanos y que no puedan escudriñar datos e información de las personas sin justificación constitucional - no había existido en la historia de México antes de la década de los noventas del siglo pasado.

Los padres fundadores de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos determinaron - de cara a la sociedad - que la mejor manera de lograr los objetivos era a través de la creación de organismos autónomos del Estado que no dependieran de su autoridad jerárquica bajo el principio razonable de que un dependiente de la autoridad no le puede exigir cuentas a esta. Se necesitaba, por lo tanto, de una infraestructura en la que se pudiera utilizar el principio liberal y republicano de separación de poderes para forzar, sobre todo al poder ejecutivo, a ser transparente y respetar la privacidad de las personas.

La evidencia disponible demostró que este modelo funcionó bien en lo general, aunque, como en todo, siempre hubo espacio para el mejoramiento. La tarea de la hora habría sido la de renovar el paradigma existente. Lamentablemente, el Gobierno del sexenio pasado se dedicó a descalificar, sin las pruebas suficientes, al sistema de transparencia en México.

En febrero se discutirán en el Congreso mexicano estas leyes secundarias que sustituirán a la Ley General de Protección de Datos Personales y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Aunque el espacio de maniobra es muy estrecho se tendrá que trabajar hacia intentar que estas leyes secundarias reflejen lo mejor posible los intereses de la sociedad mexicana. Lo que procede ahora es que la sociedad misma pueda participar en la toma de decisiones de algo que le incumbe de manera notable.

Gustavo de Hoyos Walther

https://www.sinembargo.mx/author/gustavodehoyos/

Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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