Por Janet Oropeza

El acceso al agua es una necesidad básica en los hogares y un derecho humano fundamental. En colonias pobres de la Ciudad de México en Iztapalapa y Xochimilco, la crisis hídrica y la corrupción alrededor de su acceso ha tenido un impacto significativo en la vida de las mujeres. De acuerdo con un estudio de la Red del Agua de la UNAM, de una muestra de 600 mujeres en varias colonias de estas alcaldías, 50 por ciento enfrentó violencia sexual por parte de los operadores de las pipas y cinco por ciento extorsión sexual a cambio de recibir agua para sus hogares.

Dado que a las mujeres se les asigna el rol social de asegurar los cuidados del hogar y sus familias, están expuestas a prácticas y mecanismos específicos de corrupción relacionados con éstos, como en el caso del acceso al agua. Además, en muchos casos, los efectos de los actos de corrupción se agravan al considerar las diversas intersecciones y realidades que las mujeres tenemos como la auto adscripción indígena o afromexicana, rural o urbana, migrante, diversidad sexual o sexogenérica, discapacidad, pobreza, etc. Esto pone de relieve que las medidas para prevenir y atender la corrupción no pueden ser igual para todas las personas, sino que, en el caso de las mujeres, deben contar con una mirada interseccional e intercultural centrada en sus necesidades y realidades y que considere las brechas de desigualdad históricas que han enfrentado.

Lamentablemente, en México, las políticas anticorrupción han sido poco efectivas y no han incorporado una perspectiva de género y de derechos humanos. En las últimas décadas se ha apostado por endurecer las leyes y crear varios delitos y faltas administrativas de corrupción, así como fortalecer o crear agencias o fiscalías especializadas, sin embargo, estas no han servido para disuadir los actos de corrupción. Prueba de ello es que, en 2023, según una encuesta de INEGI, 83 por ciento de las personas consideraban que la corrupción seguía siendo frecuente o muy frecuente en sus estados. Además, de acuerdo al Observatorio Ciudadano Anticorrupción, en delitos de corrupción hay índices de impunidad mayores al 95 por ciento.

El enfoque punitivo que se ha empujado en nuestro país, el cual pone énfasis en castigar ejemplarmente a las personas culpables de estos actos, (1) ha soslayado otros aspectos igualmente importantes como la necesidad de atender las condiciones estructurales que permiten la corrupción y tampoco han considerado los efectos diferenciados que esta tiene en los derechos y la vida de quienes la padecen, particularmente de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades. Organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Consejo de Derechos Humanos o la Asamblea de Naciones Unidas, han reconocido los efectos negativos de la corrupción en los derechos de las personas y cómo esta se vuelve un mecanismo que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Y a nivel regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuenta con una resolución y un Informe sobre la relación entre los derechos humanos y la corrupción, donde se plantea que las víctimas de la corrupción deben estar en el centro de las políticas. Sin embargo, aún hay muchos retos para que las víctimas de la corrupción en México sean atendidas.

Dados los resultados limitados de las políticas en México y la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos, es necesario que el gobierno diseñe medidas anticorrupción que consideren las necesidades y realidades de las mujeres y la complejidad del fenómeno. Un primer paso que pareciera positivo en esta dirección es que el nuevo gobierno ha creado la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que será liderada por una mujer, Raquel Buenrostro, y que según su mandato incorpora 1) un enfoque más preventivo que correctivo; 2) pondrá atención prioritaria en obras públicas que involucren altos montos o que tengan un impacto en derechos sociales como el Tren Maya y/o el sector salud y programas de seguridad alimentaria; y 3) promoverá la cultura de la denuncia ciudadana de la corrupción.

Para contribuir a este propósito, desde Fundar, hemos generado unos Principios que delinean un marco analítico y conceptual que sirva para identificar cuáles son las distintas afectaciones derivadas de corrupción y la importancia de repararlas, así como propuestas para fortalecer las políticas anticorrupción con un sólido enfoque de derechos y la incorporación de una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Este trabajo recoge las normas, estándares y buenas prácticas nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos y puede ser un base útil para construir políticas anticorrupción con y para las mujeres.

1 Como ejemplo de este enfoque punitivista está la reforma de 2019 a la Constitución Política en donde se decretó la prisión preventiva oficiosa (PPO) para dos delitos de corrupción: enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Con ello, se buscaba disuadir a las personas de cometer estos delitos imponiéndoles mayores castigos. Esto a pesar de que la PPO es una práctica que viola el principio de presunción de inocencia y es contraria a derechos humanos.

Fundar

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