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Adela Navarro Bello

22/01/2025 - 12:04 am

Quedarse en un país de balas, extorsión y pobre calidad de vida

Los mexicanos emigraron porque en su territorio fueron perseguidos por la inseguridad en todos sus niveles, oficiales e ilícitos, y ahora son perseguidos porque no lograron oficializar su estadía en los Estados Unidos, y serán obligados a regresar al país de las balas, de la inseguridad, de la injusticia, el hambre y la baja calidad de vida.

Migrantes regresarán al país de las balas
Un grupo de migrantes. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

La enorme mayoría de los mexicanos que emigraron, aun sin la debida documentación, a los Estados Unidos, lo hicieron por razones de seguridad, tanto física como social. Por un lado, a pesar de que en el país de manera institucional y con programas económicos asistencialistas se ha combatido la pobreza, la calidad de vida del mexicano no ha mejorado, mientras que, por otro lado, las balas, las amenazas y las extorsiones no cesan, orillando a muchos al éxodo internacional porque en territorio mexicano no hay sitio seguro para preservar la vida.

De igual forma la mayoría de mexicanos que, junto a centroamericanos o sudamericanos estaban esperando el día de su cita a través de la aplicación CBPOne para dar trámite a su solicitud de asilo, la realizaron basándose en razones humanitarias, de seguridad y de vida. Connacionales provenientes de Michoacán, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Sinaloa, que fueron sacados de sus hogares y sus comercios o negocios desmantelados por las células de los cárteles de la droga o la criminalidad organizada, cuya única esperanza para salvarse es que otro país, en este caso los Estados Unidos, les diera acogida.

Miles de personas han quedado varadas en la frontera norte de México pues la función de la app para tramitar las citas y darle formalidad e institucionalidad al proceso de solicitud de asilo fue cancelada el mismo lunes 20 de enero luego de la toma de posesión de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, hecho que él mismo ya había advertido, como el resto de las 20 iniciativas que firmó ese día, como la que cambiarle el nombre al Golfo de México, eliminar la ciudadanía por nacimiento o incrementar los aranceles a México y Canadá en un 25 por ciento.

Las historias de quienes hoy están en la incertidumbre, a pesar de que los procesos de asilo continuarán en otras condiciones y circunstancias todavía desconocidas, son de desesperanza: se van del país por miedo, por temor a perder la vida, por las amenazas recibidas, por las extorsiones de las que fueron víctimas, porque ya les han matado a varios miembros de su familia, porque el narco les quitó propiedades y modus de vida, porque en México no tienen condiciones para vivir, sobrevivir, crecer, desarrollarse, ni oportunidades de hacer negocios lícitos con la seguridad que no reciben del Estado Mexicano.

En iguales circunstancias muchos de los mexicanos que hoy día residen en los Estados Unidos, ya con documentos o sin ellos, se fueron porque no tuvieron otra opción si querían acceder a oportunidades de desarrollo; ciertamente no todos los migrantes son criminales, son personas de bien que realizan arduos trabajos en los estados de la Unión Americana por los cuales reciben una paga que en parte regresa al país en forma de remesas, que hasta noviembre de 2024 representaron un ingreso para el país de 59 mil 518 millones de dólares en menos de un año.

A pesar de un presumido combate a la pobreza y de una baja tasa de desempleo que en México se sitúa en el 2.5 por ciento considerando una población económicamente activa tasada en 60.7 millones de personas, la realidad es que de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el país registró una pérdida de 405 mil 259 empleos formales, al tiempo que, de acuerdo a la misma institución de seguridad social y de salud, solamente se crearon en México en el mismo periodo, 213 mil 993 nuevas plazas de empleo formal, un 67.2 por ciento menos que un año antes, en el 2023. Esta pérdida en el empleo formal se contabilizó mayormente en 11 de los 32 estados, es decir, en un tercio del territorio. Al tiempo, la informalidad aumentó, fijando la tasa en 54.2 por ciento hacia el tercer trimestre del año pasado.

Estas estadísticas oficiales reflejan que muchos mexicanos no tienen acceso a un empleo formal, ya no se diga bien pagado, escenario negativo al que se suma la inseguridad que priva en el país (más de 200 mil asesinatos violentos en el sexenio inmediato pasado), y el combo arroja un resultado terrible: en México no se puede sobrevivir, o se vive con carencias, sin seguridad social ni oportunidades, con el pavor de ser víctima del crimen organizado y el narcotráfico.

Las historias de los migrantes que han comenzado a ser deportados a partir del martes 21 de enero por las fronteras mexicanas no distan mucho de aquellos que ven con desesperanza que no recibirán asilo y tendrán que quedarse a vivir en un país cuyas condiciones de vida los expulsaron: se fueron y se internaron en la Unión Americana para sobrevivir, trabajar y enviar dinero a quienes dejaron de este lado del río Bravo (río Grande para los Estados Unidos).

Por eso que la política del actual Gobierno de la República Mexicana no debería estar centrada en reaccionar a la política del nuevo Gobierno de los Estados Unidos, sino en construir las condiciones de seguridad social, de seguridad física, de tranquilidad y certeza en el país, para evitar que los mexicanos se quieran ir o se vean obligados a migrar. Un tantito de pena les debería de dar a quienes han contribuido con estrategias de tolerancia a la criminalidad, con políticas de inhibición para el crecimiento de la economía de las pequeñas y medianas empresas, al éxodo nacional por supervivencia.

Los mexicanos emigraron porque en su territorio fueron perseguidos por la inseguridad en todos sus niveles, oficiales e ilícitos, y ahora son perseguidos porque no lograron oficializar su estadía en los Estados Unidos, y serán obligados a regresar al país de las balas, de la inseguridad, de la injusticia, el hambre y la baja calidad de vida, como aquellos que por la fuerza debieron solicitar asilo, se verán forzados a quedarse en el territorio que los ha expulsado.

Ante esta realidad, el Gobierno federal debería evitar el vergonzoso reclamo y dedicarse a mejorar sustancialmente las condiciones de vida en México en vez de pedir que un país ajeno y hostil les brinde irónicamente el bienestar que en casa no tienen.

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