Los regímenes populistas tienen una fascinación peculiar por modificar las leyes electorales. No es que estén en contra de las elecciones: lo que no les gusta es perderlas o tener que lidiar con oposiciones vigorosas. El caso histórico de Benito Mussolini, como relató Ciro Murayama en Nexos hace tres años, ilustra esta inclinación. En la década de 1920, Mussolini diseñó una reforma electoral que otorgaba una sobrerrepresentación masiva al partido ganador, para asegura al fascismo una mayoría parlamentaria abrumadora.

El Parlamento del Reino se convirtió en un teatro de comedia, donde los diputados fascistas competían por emular los gestos histriónicos y las desmesuras retóricas del Duce. Bajo el pretexto de reconciliar al Parlamento con el “alma de la nación,” Mussolini desmanteló la pluralidad democrática para instalar un sistema a la medida de su megalomanía.

En tiempos más recientes, líderes como Recep Tayyip Erdoğan en Turquía y Viktor Orbán en Hungría han demostrado que las reformas electorales redistributivas, en el sentido que Douglass North utilizó el término, son herramientas clave para concentrar poder. Manipulan las reglas del juego, para despojar a los sistemas electorales de competitividad, debilitando contrapesos y reduciendo sustancialmente el espacio para la oposición.

En México, las reformas propuestas por el expresidente López Obrador, que con toda probabilidad serán retomadas por Claudia Sheinbaum, apuntan en esa misma dirección. Aunque, desde hace al menos cuatro elecciones legislativas, se ha recurrido a interpretaciones abusivas de la ley para generar sobrerrepresentación artificial de la mayoría en el Congreso, lo que ahora se plantea es constitucionalizar el control. Estas iniciativas no solo restan competitividad al sistema electoral, sino que rompen con una tradición de reformas que, desde 1963 y hasta 1996, se orientaron a fortalecer la pluralidad.

Desde la creación de los diputados de partido hasta la autonomía del Instituto Federal Electoral, las reglas evolucionaron para abrir espacios a la oposición. Hoy, bajo el pretexto de su supuesta transformación, el oficialismo pretende revertir esos avances, para centralizar el poder y subordinar nuevamente al Legislativo respecto a un Ejecutivo omnímodo.

La Presidenta Sheinbaum ha prometido una reforma “reflexionada,” pero ya ha anunciado dos cambios ominosos: la eliminación de la reelección legislativa y la supresión de las listas de representación proporcional, que, según ha dicho, “no le gustan.” Aunque se desconocen los detalles de la nueva fórmula, lo que anticipa retrotraería la representación legislativa a los tiempos del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.

El tema de la no reelección legislativa es especialmente revelador, pues, aunque el régimen del PRI la presentó siempre como un logro democrático, su origen es autoritario. La prohibición de la reelección consecutiva fue un experimento temprano de ingeniería institucional diseñado para eliminar las carreras autónomas de los políticos locales y someterlos a la disciplina del Partido Nacional Revolucionario y, más tarde, del Presidente en turno.

El pacto de 1929 y las reformas institucionales que le siguieron configuraron un sistema diseñado para garantizar la subordinación de los legisladores al Ejecutivo. Entre los cambios más significativos estuvo la generalización del principio de no reelección a casi todos los cargos de elección popular, incluidos diputados y senadores.

Aunque revestido del aura maderista de “sufragio efectivo, no reelección,” este mecanismo formal tuvo poco que ver con los ideales democráticos de la Revolución primigenia. Fue, en realidad, una medida pragmática para disciplinar al empresariado político local, eliminando carreras políticas independientes y obligando a los políticos a depender del partido para su promoción.

Así, el Congreso se convirtió en un espacio de lealtades centralizadas, donde las legislaturas se caracterizaron por votaciones casi unánimes y disciplina absoluta frente al Ejecutivo. Durante décadas, los diputados vieron sus carreras sujetas a la voluntad del presidente, quien premiaba la obediencia con cargos burocráticos o gubernaturas y castigaba la disidencia con el ostracismo. Este diseño institucional consolidó un Congreso dócil, sin autonomía ni memoria institucional, que servía únicamente como extensión del Ejecutivo.

No fue sino hasta la reforma política de 1977, con la introducción de la representación proporcional, que comenzaron a escucharse otras voces en la política mexicana. Por primera vez en décadas, el Congreso dejó de ser un espacio monolítico y se abrió a una pluralidad que, aunque limitada, cuestionó la hegemonía presidencial. Ahora la Presidenta quiere acabar también con ese espacio.

Douglass North argumenta que la reelección legislativa reduce los costos de transacción en la política, pues permite intercambios repetidos entre legisladores y fomenta el diálogo entre partidos. Este mecanismo no solo promueve la profesionalización de la función legislativa, sino que también disminuye la curva de aprendizaje, especialmente alta en México, donde la falta de reelección inmediata obligaba a cada legislatura a empezar de cero. Sin memoria institucional ni continuidad, el trabajo parlamentario se encarecía y perdía eficacia, con lo que se reproducía un Congreso dependiente del Ejecutivo.

Por más populista e ineficiente que sea la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum, su aprobación parece inevitable. La oposición, desfondada y liderada por ignavos que no logran articular un proyecto coherente, no representa más que una simulación de resistencia. La carcunda panista, atrapada en su moralismo rancio, se limita a gesticular desde la tribuna, incapaz de comprender la magnitud de los ataques al sistema electoral.

Cómo se extrañan, en este contexto, voces panistas de la claridad de Alonso Lujambio, promotor serio de la reelección legislativa. Con esa mezcla de ineptitud y mediocridad, la oposición ha cedido el terreno político a quienes ahora desmantelan el andamiaje democrático.

Frente a este escenario, lo único que queda es observar, con resignación y desencanto, cómo se consolida, una vez más, la vieja fórmula mexicana de un Congreso dócil y un Ejecutivo omnipotente, de nuevo bajo la sombra de un caudillo.

Jorge Javier Romero Vadillo

https://www.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Análisis ¬ Marco Rubio le baja con México: se pronuncia por priorizar cooperación